La tensión entre el ámbito civil y el militar en lo que a la seguridad en México continúa. La propuesta del Presidente de la República para que la Guardia Nacional sea adscrita, formalmente, a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra y hace evidente, de nueva cuenta, los problemas que el país tiene para conformar sus instituciones gubernamentales en lo que es considerada la primera función del Estado y precondición para la vida social, económica y política: la seguridad.
El dilema entre lo civil y militar se encuentra generalizado en las democracias occidentales, son escasos los países ausentes de debates sobre quiénes deben encargarse de la seguridad y los límites que se les impone para respetar los derechos humanos y ciudadanos. Ni los Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Francia, ni España, ni Argentina, ni Chile y tampoco las lejanas Nueva Zelanda o Australia, lo tienen resuelto, pues la búsqueda del equilibrio entre seguridad y libertad continúa, así como la selección del mejor tipo de institución a encargarle esa compleja y flexible seguridad del siglo XXI.
El caso mexicano es peculiar y paradigmático, pues, a diferencia de las naciones antes mencionadas, tiene retos de criminalidad y violencia muy distintos. Aquellas naciones no son cede de organizaciones criminales transnacionales como las mexicanas, ni son exportadoras de violencia, tampoco tienen niveles similares de violencia criminal y menos han perdido control territorial, como sucede en nuestro país.
La militarización es una tendencia internacional, la complejidad y flexibilidad criminal obligan a buscar la adaptación constante de los cuerpos burocráticos. Las policías militares, aparte de la lealtad y la obediencia que las distinguen, paradójicamente, también tiene altos niveles de flexibilidad, pues el marco que las rige les permite moverse, adecuarse y actuar conforme a las necesidades que se presenten en determinado momento y no tener que esperar el largo camino de adaptación y aversión al cambio de las burocracias civiles.
En las democracias occidentales la militarización se puede entender en dos sentidos: 1) cuándo las fuerzas militares se hacen cargo o participan en la seguridad pública o ciudadana, y el segundo, 2) cuando las instituciones civiles hacen esfuerzos por desarrollarse a imagen y semejanza con las militares.
Ejemplos del primero son las labores que en Europa y Latinoamérica hacen las gendarmerías o guardias, quienes se encargan en la vigilancia, investigación y persecución de los delitos en áreas urbanas y rurales; así como de los despliegues de protección ante las amenazas terroristas. Del segundo, en la tendencia a utilizar vehículos, armamento y uniformes tácticos militares para la vigilancia rutinaria en lugares con o sin criminalidad, los mejores ejemplos se encuentran en Los Estados Unidos de América.
De estos dos debates, en México, el segundo, pese a nuestros serios problemas de seguridad y los variados esquemas policiales, no lo hemos tenido, seguimos inmersos en el primero que es en donde se inserta el cambio de adscripción de la Guardia Nacional. La propuesta presidencial, como ya lo hemos platicado, tiene dos aristas, la primera es la desconfianza a la estructura civil y la segunda es el sentido de urgencia.
El Presidente parece no tener confianza en los civiles para asegurar que las instituciones policiales trabajen dentro del marco legal y tampoco el tiempo o paciencia para que ese “reumático elefante gubernamental” avance conforme a los procesos políticos, legales y organizacionales estándar.
Estas dos cuestiones no son cuestiones menores, por un lado, el Presidente se encuentra en un proceso de transformación que pronto tendrá que dejar o terminar; y por otro, las evidencias históricas de la corrupción e incapacidad de las policías civiles, que en gran medida, son causantes de la situación de criminalidad y violencia actual, son extensas.
La militarización, vista como la adscripción de las instituciones civiles al mando militar, es sin duda alguna una solución a las dos grandes preocupaciones presidenciales. Ejemplos de instituciones similares a la Guardia Nacional que se encargan de la seguridad ciudadana desde los ministerios de Defensa sobran, en algunos países podrán ser más o menos eficientes, respetuosos de los derechos humanos, moderados en el uso de fuerza o corruptos, pero en ningún caso se duda sobre los beneficios de su carácter militar. Más bien, en general, conviven con las instituciones civiles que, en el caso mexicano, debería ser el siguiente paso: volver a crear una policía nacional civil.
La Guardia Nacional, hasta que desarrollemos una nueva policía nacional civil, es la única institución policial con capacidad para hacer frente a la violencia criminal. Los gobernadores y presidentes municipales lo saben, sin la Guardia Nacional la población se encuentra en alta vulnerabilidad. Por ello, es por lo menos raro que a la institución con mayor capacidad de ejercer violencia policial, la Guardia Nacional, se le niegue ser adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, la encargada de asegurar, entre muchas otras cosas, el monopolio legítimo de la violencia del Estado.
El decreto, todo indica, no será el camino para que el cambio de adscripción se produzca, nada más peligroso e ineficiente que tener una institución de seguridad trabajando en medio de un debate legal; ante ello, lo adecuado sería que las fuerzas políticas de oposición hagan a un lado los agravios presidenciales y las diferencias políticas, para discutir el futuro de la Guardia Nacional y por lo tanto la seguridad del país.
Recomendación estratégica: La Guardia Nacional debe tener un marco legal claro que le de fuerza, el poder legislativo debe discutir la propuesta del Presidente y aprovechar la coyuntura para reformular el sistema de seguridad civil y la crear una policía nacional civil, para con ello ser parte de la construcción de instituciones de Estado y no de gobierno. Las diferencias políticas y la falta de recursos tienen que dejar de ser la excusa perfecta en el campo de la seguridad. La realidad es que cada día que nos retrasamos en construir instituciones de seguridad, aumentamos las posibilidades de éxito criminal.
Último momento: Los hechos de violencia en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua demuestran el uso de tácticas guerrilleras y de insurgencia de grupos criminales con control territorial, así como la debilidad de las instituciones locales para hacerles frente. Una vez más se plantea el complicado dilema de actuar, enfrentar y detener criminales o mantener la paz y tranquilidad. La Guardia Nacional actualmente carece de capacidades para estar en todo el territorio; sin embargo, y sin duda alguna, es la única institución que puede hacer frente a este tipo de violencia criminal.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan