La ciudad de Reynosa en Tamaulipas, una vez más, se volvió noticia de violencia el pasado 19 de junio. El homicidio de 15 personas demostró la ausencia e incapacidad de las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales para hacer frente a células criminales. Este tipo de hechos violentos demuestran el reto que implica la criminalidad y la forma en que se puede ejercer la fuerza en los procesos de gestión de sus negocios.
Las organizaciones criminales hacen uso de una serie de herramientas para la gestión de sus negocios, siendo la violencia una de las principales. Se utiliza internamente para ejercer control sobre las unidades administrativas y productivas; hacia afuera, para enfrentar a la competencia, a la estructura reguladora, las autoridades, y advertir a los ciudadanos. De ninguna forma un fin, sino una actividad más del negocio criminal para mejorar su posición en el mercado.
El nivel de la violencia, su exhibición y el nivel de riesgo que conlleva, suelen estar relacionados con los objetivos y las formas de comprender las consecuencias de su uso. El homicidio paulatino de personas suele pasar desapercibido, mientras que los atentados en contra de población no combatiente tienen un impacto social local, que, en algunos casos, como en Reynosa, trasciende al ámbito nacional y que en raras ocasiones a lo internacional.
La violencia criminal en pocas ocasiones tiene un impacto social que trascienda en el tiempo. La generalización de hechos violentos satura a las audiencias, quienes desesperadamente e incitadas por el miedo, buscan racionalizar la violencia y aislarse o distanciarse de ella. Para ello, las personas crean barreras físicas e imaginarias para continuar con sus vidas y olvidar que en realidad la violencia se ha hecho presente al interior de su comunidad.
Generalmente los mensajes de la violencia criminal, de no ser explícitos, en raras ocasiones tienen como objetivo final a la población no combatiente. Ante ello, generalmente van dirigidos a personas o grupos que conforme a su lenguaje la entienden y reaccionan a ella. Los actos de violencia relacionados con el reclutamiento y la lealtad al grupo son entendidos entre los que participan en ella, así como los actos de intimidación o venganza, que tienen un lenguaje y comunicación particular para una audiencia específica.
En el caso de Reynosa, el homicidio de las 19 personas en una serie de ataques armados al azar, en contra de población no combatiente en 4 colonias de la ciudad causó terror en la población y la movilización de las autoridades de seguridad estatales y federales, quienes se enfrentaron a los criminales eliminando a 4 de ellos, después de casi ocho horas de actividad. Este tipo de ataques y la respuesta a ellos son un buen ejemplo del equilibrio existente entre las instituciones de gobierno y la criminalidad, quienes están imposibilitadas para imponer su voluntad una sobre otra.
Las autoridades locales en México poco pueden hacer ante este tipo de criminales. En el caso de que tuvieran información e inteligencia que les permitiera conocer y actuar para prevenir los actos, la vulnerabilidad en la que se encuentran hace virtualmente imposible que actúen para preservar la seguridad. Pueden, poco más, que esperar a que se presenten los eventos, que intervengan las autoridades estatales de investigación y hagan presencia las federales, con la finalidad que las primeras detengan a los sospechosos y que las segundas, con su poder de fuego, controlen la violencia y el territorio con su presencia.
Los gobiernos municipales y estatales, en caso de que tuvieran interés de cambiar la situación de seguridad en la jurisdicción, carecen de los instrumentos para realizarlo. Si bien, la violencia y algunas de las unidades de producción, distribución y venta son visibles a nivel local, estás se encuentran dentro de las jurisdicciones federales que en raras ocasiones se tienen incentivos para invertir sus escasos recursos para apoyar un esfuerzo de consecuencias local que no sea parte de una agenda política mayor.
Es altamente probable que los recientes hechos ocurridos en Reynosa se olviden en unas cuantas semanas, que las autoridades estatales den por cerradas o disminuyan los recursos invertidos en las investigaciones y que las federales se replieguen a sus cuarteles y actividades de vigilancia. Ante ello, se pueden predecir que no será el último evento de violencia local con un impacto nacional y que aquellos homicidios paulatinos continúen hasta formar parte de una normalidad y pasen desapercibidos, tanto para las autoridades, como para los ciudadanos, como ya ha ocurrido en el pasado.
Iniciar con un proceso para detener a las organizaciones y sus negocios criminales implica un esfuerzo mayor que por el momento no se ha podido o querido desarrollar y que cada día se vuelve más difícil, ante los avances en la infiltración y captura social, política y económica criminal, en la que participa un alto porcentaje de la población, la mayoría sin saberlo.
El ataque a las estructuras criminales y de protección continúa como tema pendiente, que paradójicamente necesita de una sociedad unificada e instituciones fuertes, que en el mejor de los casos y en situaciones de menos violencia y criminalidad tardan décadas en construirse y dar resultados. El escenario en México se complica pese a las mejores intenciones de algunos tomadores de decisiones, de un sector importante de la ciudadanía y de la comunidad internacional.
Recomendación estratégica: Las autoridades mexicanas locales, ante las limitaciones para perseguir la criminalidad y prevenir eventos violentos de alto impacto en sus jurisdicciones, pueden moderar las expectativas ciudadanas sobre los resultados de las instituciones de seguridad y justicia e iniciar un proceso pedagógico para crear conciencia en la ciudadanía de las formas, objetivos, significados y mensajes de la violencia criminal.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan