La seguridad es una cuestión de todos los días y el Gobierno Federal, como algunos locales, lo entiende. Por ello, el presidente López Obrador ha instruido a su gabinete a reunirse diariamente para conocer la situación de seguridad que vive en el país. Este tipo de reuniones, que el Presidente instituyó desde que fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, son un instrumento probado de administración policial que se ha vuelto indispensable para la mejora de la seguridad alrededor del mundo.

Las reuniones diarias de los altos responsables en seguridad son parte de un esquema de administración policial que muy posiblemente el presidente conoció gracias a la consultoría que dio el célebre ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a la Ciudad de México en 2003. Este esquema, poco utilizado en el país, llamado CompStat, entre muchos elementos se compone de reuniones diarias, semanales o quincenales en las que los funcionarios públicos, incluyendo el presidente o gobernante, conocen, analizan, evalúan y toman decisiones sobre el quehacer de las instituciones de seguridad y justicia bajo su mandato.

El impulso desde la Presidencia de la República a este tipo de reuniones y el reconocimiento que tienen para la seguridad es una buena noticia. Que se instauren diariamente es algo que no había sucedido en el país pese a los momentos de gran emergencia que se han vivido en los últimos doce años y que esperemos se vuelva un hábito que inclusive contagie a las autoridades estatales y municipales, las cuáles, hasta el momento no parecen poner resistencias a esta relativamente nueva práctica.

La instrucción del residente López Obrador puede encontrarse con dos escenarios: el primero es el apoyo irrestricto al esquema de reuniones, tanto de responsables políticos, como de los funcionarios de las instituciones de seguridad. Inclusive, los grandes aliados podrían ser los funcionarios medios y bajos, que sistemáticamente encuentran autoridades que politizan y delegan los temas de seguridad.

El segundo escenario es que las reuniones evidenciarán las reticencias de un sinnúmero de funcionarios estatales y municipales a trabajar en equipo. Podrían salir a relucir las prácticas profundamente arraigadas del actuar en forma aislada, con sistemas de rendición de cuentas controlados por ellos mismos, los celos entre instituciones y esa mala práctica de sentirse dueños de las instituciones que dirigen y de boicotear el trabajo ajeno y la nueva estrategia de seguridad planteada por el Gobierno Federal.

Estos dos escenarios, se encontrarán con dos realidades imperantes en todo el país y en los tres órdenes de gobierno: la primera: la falta de información y la segunda: las ideas (erróneas) preconcebidas.

La primera realidad, la falta de información es un reto mayor. Si bien las instituciones de seguridad suelen recopilar una gran cantidad de datos sobre lo que sucede en sus respectivas jurisdicciones, en rara ocasión estos se vinculan y se analiza con un rigor metodológico para darle así un valor añadido y que se conviertan en información útil, que a la postre se pueda utilizar para crear productos de inteligencia que sean tomados en cuenta por los responsables de las instituciones de seguridad en el proceso de toma de decisiones.

La información de calidad ayuda a una mejor administración de los recursos policiales, pues aparte de la incidencia delictiva implica conocer los perfiles de las víctimas; las características de las actividades criminales; los vínculos entre criminales; el tipo de violencia que utilizan; su capacidad de corromper autoridades o el control territorial que tienen, entre otras. De tal forma que las autoridades con este tipo de información, certera y confiable, pueden tomar decisiones certeras para la prevención el delito, la anticipación los riesgos y amenazas y, en general, para dar una seguridad de mayor calidad a los ciudadanos.

En general, las autoridades se dedican a escuchar varias veces a la semana la incidencia delictiva, en el mejor de los casos conocer los delitos que se cometen en las colonias y los horarios o algunos datos sobre quienes los cometen y no mucho más. Son reuniones en donde se ven gráficas que suben y bajan, sin información que aporte para conocer los factores que diariamente determinan la criminalidad y que, por ende, sea útil para prevenir el delito.

La incidencia delictiva, con una cifra negra media nacional por encima del 90%, es una de las fuentes de información policial que debería de analizarse y vincularse con una variedad de datos que provienen de los ciudadanos, las otras instituciones de gobierno, otros estados e inclusive países, pero nunca debe ser la única fuente de datos para la administración de los escasos recursos que los tres órdenes de gobierno poseen para proporcionar seguridad en sus respectivas jurisdicciones.

La segunda realidad, relacionada con el conocimiento, la información, el análisis y la toma de decisiones son las ideas preconcebidas, erróneas o desactualizadas, que reduzcan la eficiencia de las acciones de las instituciones de seguridad y por lo tanto de las propias reuniones. En general, la vieja guardia de policías, y no me refiero a la edad, sino a las personas que no han actualizado su marco de pensamiento al presente siglo, tienen ideas tradicionales, como que hay que poner policías en todas las esquinas, que los pobres son los que cometen delitos, que las personas con tatuajes son peligrosas, que las mujeres hacen denuncias solo para molestar al marido o que las violaciones se deben a las minifaldas.

Estas ideas, erróneas, sin base ni evidencia, pero social  y políticamente aceptadas y apoyadas de manera general, son las que suelen regir las decisiones de las instituciones de seguridad, las cuáles, no sobra decir, no han dado y no darán resultados por generarse a partir de creencias que no se sustentan en la realidad o que demuestran un nivel de conocimiento y análisis del comportamiento humano muy reducido por parte de los funcionarios que las proponen.

Estas dos realidades sin duda alguna serán elementos centrales en el esquema de reuniones diarias del nuevo gobierno, que de no superarse en corto tiempo llevarán a la frustración por la puesta en marcha de un sinnúmero de acciones desinformadas y basadas en ocurrencias, supuestamente coordinadas y consensuadas entre las autoridades competentes, y que en poco o nada ayudarán a los gobiernos a comenzar a dar resultados que se observen en una disminución de la criminalidad y la violencia.

Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez

Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos.

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