En los primeros 9 meses de la administración del presidente López Obrador poco avance se percibe en el sector de la seguridad; si bien, se han sentado las bases de la nueva política gubernamental federal, hasta el momento carecemos de un sistema articulado entre los diferentes actores que trabajan o deberían de colaborar diariamente para brindarnos seguridad.
El gobierno federal y el Presidente de México perciben que van a buen paso y por el camino correcto en este sector, aceptan que se tiene un grave problema heredado de administraciones anteriores, pero que estamos en camino de solucionarlo. Que en estos 9 meses de gobierno es tan justo exigir como aceptar que es poco tiempo para para dar resultados, al fin y al cabo, en 9 meses solamente un poco más de la mitad de la población mexicana gestaría un ser humano.
En el sector de la seguridad, la llegada del nuevo gobierno federal ha sido tersa, no se encontró con grandes sorpresas o resistencias, desde el principio las Fuerzas Armadas han acompañado el proceso de cambio, con todo el compromiso institucional que las caracteriza. Los gobernadores y presidentes municipales, salvo algunas excepciones, han apoyado la política federal y los ciudadanos seguimos a la espera de que el nuevo diseño cumpla con los compromisos y expectativas prometidas. Si acaso, las mayores resistencias han venido de algunos grupos de poder, organizaciones de la sociedad civil/opinadores y de algunos miembros de la extinta Policía Federal.
El crimen al que enfrenta el actual gobierno federal sigue siendo el mismo, se encuentra disperso por todo el país, se dedica a una gran variedad de actividades delictivas, controla territorios, permea instituciones de gobierno, sectores económicos y a comunidades enteras. Sabe utilizar la violencia y también conoce las consecuencias de ello, ha infiltrado las instituciones del pasado y podemos asegurar que ya cuentan con un plan para seguir haciéndolo, es transnacional y se encuentra inserto en el ecosistema criminal de escala global.
En este periodo de gestación, que seguirá por unos meses o hasta años, se han modificado leyes, estructurado un programa, creado una secretaría con una nueva policía, desaparecido otras, se ha modificado la operación de la comunidad de inteligencia y, principalmente, se ha establecido todo ello bajo un solo mando, el del Presidente de la república, a las instituciones federales e seguridad, instruido un esquema de coordinación y diseñado un nuevo modelo de policía, nada que no se le pueda exigir a un gabinete que se levanta a las 5 am y termina el día cuando las circunstancias lo permiten.
Durante estos meses, el gobierno federal ha enfrentado un menospreciado y casi desconocido delito: el robo al combustible instrumentó una estrategia para la contención de las personas migrantes; inició programas piloto de policías metropolitanas en Campeche y Guadalajara; otro de sustitución de policías municipales en Sonora. Mientras que la Guardia Nacional ha incursionado en nuevos espacios de alta exposición, como la red del metro de la Ciudad de México, solo por mencionar algunas acciones.
Por desgracia, todo esto ha sido insuficiente, la violencia y la criminalidad siguen presentes, e inclusive se podría discutir que tienen mayor visibilidad, el homicidio doloso ha aumentado, siguen existiendo zonas del país en donde el control criminal es claro y se ha presentado un aumento de la violencia y de la inseguridad en lugares que antes parecían controlados.
Hay, de tal forma, mucho que criticar, tanto o más de lo que hay que reconocer, al fin y al cabo, históricamente hablando, realizar un cambio o transformación institucional de forma disruptiva, ni en el sector público ni en el privado es visto con buenos ojos, menos en uno de los sectores mas tradicionales y conservadores de la administración pública como lo es el de la seguridad.
Si bien, el gobierno federal no propone nada que se pueda comprender como innovador, los cambios que ha llevado a cabo han modificado sustancialmente el sistema, la distribución de poder y la forma de hacer las cosas. Los nuevos e inexpertos, dirían algunos, cuadros gubernamentales no son parte de la élite de gestores tradicionales del gobierno mexicano, son operadores ajenos de la comunidad de inteligencia o de la élite de policía o investigación.
La inexperiencia, así como la curva de aprendizaje de los funcionarios y la situación real de violencia y criminalidad podría ameritar, para algunos interesados, acudir a los que ven como conocedores, que durante décadas han gestionado un sistema de seguridad incapaz de lograr disminuir la inseguridad, controlar la violencia y contener la corrupción.
Las presiones en los próximos meses pueden comenzar a aumentar conforme el gobierno federal no de resultados; la población comenzará a desesperarse, los poderes fácticos comenzarán a ejercer presión, el sector empresarial a cuestionar y pedir trato preferencial y hasta la comunidad internacional podría comenzar a expresarse con dudas sobre la viabilidad de las medidas de control criminal, de la violencia y la inseguridad en México.
Estas situaciones que se presentaron con diferentes magnitudes y sentidos en, por lo menos, los dos gobiernos anteriores, y pese al apoyo constante de las Fuerzas Armadas, pueden comenzar a tener consecuencias graves para la consecución de la llamada 4 transformación, debido a que ningún programa político en un sistema democrático como el mexicano puede sostenerse sin seguridad y control de la violencia.
A corto plazo, no parece que la situación de inseguridad y violencia cambie radicalmente en el país, los esfuerzos que ha realizado el gobierno federal, en caso de que se concreten, darán resultados a mediano o largo plazo, las resistencias seguirán creciendo y el poder político de la presidencia de la república se irá debilitando.
Todo ello en una época convulsa, de cambio constante, en donde la criminalidad y la violencia desarrollan diariamente nuevas formas de actuar y donde los gobiernos, tanto federales como locales, necesitan de los ciudadanos, organizados o no, para contrarrestar los riesgos y amenazas que se ciernen sobre las naciones. Una época en donde hacer una reforma del sector seguridad, independientemente del país que sea, necesita mucho más que la convicción y compromiso, y en donde el discurso tiene que coincidir con la evidencia y la percepción para reducir la incertidumbre de ya por sí un proceso altamente complejo del que depende la viabilidad de la Nación.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez. Síguelo @MisaelBarreraS
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo @fjimsan