El pasado 11 de junio, el gobierno de México anunció el fin de las negociaciones para la firma de un convenio de colaboración con la Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea o Europol. Con este acto parece terminar un proceso iniciado en 2012, cuando el Consejo Europeo dio autorización al director de Europol para iniciar negociaciones con México.
El interés de Europol para la firma de un convenio de colaboración se puede rastrear a 2012, cuando la Agencia presentó el caso de negocios para la cooperación con México, en donde estableció el interés operativo para el fortalecimiento de la lucha transnacional contra la criminalidad que afectaba a los Estados que componen la Unión Europea, lo cual llevó a que se iniciaran contactos informales entre, las hoy extintas, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República para que comenzaran a conocer el sistema Europol y a participar en actividades de formación.
Desde un año antes, en 2011, en los productos de inteligencia de Europol, realizados con información de sus 27 Estados Miembro, organizaciones internacionales como Interpol y de los Estados terceros como Estados Unidos de América, Canadá, Australia o Colombia, se identificó a las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas como una amenaza a la seguridad de los Estados europeos. En particular presentaron información y datos sobre el tráfico de drogas realizado por viajeros aéreos de México a la Unión Europa y sobre la presencia de representantes de las organizaciones criminales mexicanas en algunos países europeos como España o Italia.
Europol también identificó en aquel año el aumento en las actividades de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas hacia México, en particular de mujeres nacidas en Europa del este. E informó que, pese a que se tenían reportes de la presencia de miembros de ETA, de extremistas de izquierda y de anarquistas no existía cooperación entre México y Europol en el campo del terrorismo.
El anunciado fin de las negociaciones por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por desgracia, es uno de los pasos del largo proceso que suelen pasar las naciones para la firmar un convenio con Europol. Pues todavía queda un camino con posibles adecuaciones legales; la aceptación de las condiciones por parte del Consejo Europeo y de los órganos garantes de la normativa europea, para que el convenio sea realidad.
Los beneficios para Europol parecen ser claros: obtener información, datos e inteligencia de las actividades y organizaciones criminales mexicanas en su país sede; incluir a un socio estratégico en las investigaciones y operaciones internacionales en contra de las 44 áreas criminales de su competencia; establecer canales de coordinación y colaboración con un socio comercial estratégico para la Unión Europea y los Estados Unidos de América y, por si esto fuera poco, ampliar su esfera de acción a un país considerado centro criminal global.
Para México, los beneficios de la firma de un convenio también son claros. Las autoridades que participen en el convenio podrán tener acceso a información y datos sobre las actividades criminales que se desarrollan en la Unión Europea; solicitar apoyo en las investigaciones internacionales coordinadas por Europol; participar en las operaciones, también internacionales, acceder a tecnologías, prácticas, conocimientos, información, inteligencia, capacitación y mecanismos de profesionalización considerados de vanguardia en el planeta.
Para luchar contra todo ello, México tendrá acceso al sistema de información de Europol, a los Centros especializados en: cibercriminalidad, falsificación de moneda, contrabando de personas, terrorismo, propiedad intelectual, inteligencia financiera, contenido en la Internet y las redes sociales y a los esfuerzos coyunturales sobre el análisis de las consecuencias del COVID- 19 para la seguridad, entre otras herramientas que se han utilizado para desmantelar células terroristas, organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y personas, de explotación sexual de menores, falsificación de productos y hasta el arreglo de partidos de futbol en los mundiales organizados por la FIFA.
La situación criminal en México es de gran preocupación, la violencia que ejercen las organizaciones en el territorio mexicano, la capacidad de exportarla y el aumento de su participación en el mercado global criminal, hace necesario que el gobierno mexicano acceda al mayor número posible de instrumentos para la prevención, contención e investigación de las actividades transnacionales. Ante ello, es de aplaudir los esfuerzos, realizados durante casi una década por los responsables técnicos y políticos de la seguridad en la Unión Europea y de las instituciones mexicanas, que al parecer en este último tramo fueron encabezados por la cancillería mexicana.
Las capacidades y prioridades de Europol, así como de las instituciones de seguridad europeas, podrán beneficiar a México para luchar en contra de actividades criminales serias que actualmente pasan desapercibidas socialmente y que son poco prioritarias para unas autoridades enfocadas en la lucha contra las violentas organizaciones criminales dedicadas, principalmente, al narcotráfico, como la explotación sexual de menores, el tráfico y prostitución de mujeres, los delitos cibernéticos, la falsificación de bienes, entre ellos las medicinas, la falsificación de moneda y el fraude a la hacienda pública.
Para conocer los alcances del convenio tendremos que esperar a su firma y publicación. Pese a ello, desde ahora debemos de vislumbrar un convenio amplio, similar al que tiene Colombia, Australia, Canadá o Estados Unidos de América, que contemple las 44 áreas criminales bajo competencia de Europol y no, como el mismo secretario Durazo informó, acotado al tráfico de armas y municiones, que sobra decir demostraría una visión o capacidad limitada de las autoridades e instituciones mexicanas.
El convenio debería de aspirar a dar acceso al sistema de Europol a las variadas autoridades mexicanas encargadas de la lucha contra la criminalidad como lo son: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de la Marina, Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y Aduanas, entre otras instituciones nacionales que suelen participar en la prevención, persecución, contención e investigación de las actividades criminales y terroristas que afecten a al menos dos miembros de la Unión Europea.
Tendremos que esperar un poco más para ahora sí escuchar, con bombo y platillo, la firma de un convenio de colaboración de grandes alcances, que demuestre la casi década de esfuerzos institucionales para llegar a un acuerdo que establezca nuevos niveles de cooperación y coordinación internacional con el objetivo de enfrentar el complicado escenario criminal nacional y las muy diversas actividades internacionales de la criminalidad mexicana que afectan a la Unión Europea y la seguridad internacional.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del comité organizador del Webinar en Estrategia y Seguridad de CIS Pensamiento Estratégico; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan