El pasado 7 de mayo, el presidente López Obrador solicitó al gobierno de los Estados Unidos revisar el financiamiento que realiza la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) a la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. La solicitud, hasta la fecha sin respuesta, podría ser el inicio de un conflicto diplomático con consecuencias globales y de una revisión del uso de los fondos para el desarrollo internacional.
USAID, nacida en 1961 con el presidente Kennedy, es el mejor ejemplo de poder blando de Estados Unidos y el mayor esfuerzo de apoyo al desarrollo en el planeta. Los 58.5 (US) billones de dólares que tendrá de presupuesto en 2022 y la presencia en cuatro continentes con 112 oficinas, son signo de la importancia para Estado Unidos de apoyar proyectos en salud, cuidado del medio ambiente, acceso al agua, educación, energías, equidad de género, derechos humanos, democracia, innovación ciencia y tecnología, así como la asistencia humanitaria, en crisis y conflictos.
Las oficinas de USAID se encuentran mayoritariamente en África, 44, seguido por Asia con 25, Latinoamérica y el Caribe con 18, Eurasia con 13 y Medio Oriente con 12. Con ellas, USAID tiene presencia en las naciones más convulsas de las pasadas décadas como: Uganda, Somalia, Nigeria, Mali o Ruanda en África; Afganistán o Pakistán en Asia, Yemen, Libia, Siria, Egipto y Palestina en Medio Oriente, Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela o Cuba en Latinoamérica y el Caribe o Kosovo, Montenegro, Ucrania, Serbia y Albania en Eurasia.
Las características de las naciones sedes para establecer oficinas de USAID comprenden: zonas de conflictos, geoestratégicas, con bajos niveles de desarrollo, con problemas de terrorismo, criminalidad y violencia, o socios de Estados Unidos. México, con su respectiva oficina de USAID, ha sido beneficiado en los últimos 5 años, como socio estratégico y con problemas de criminalidad y violencia, con alrededor de 73 millones de dólares de financiamiento a proyectos a realizar por organizaciones de la sociedad civil y consultoras, nacionales e internacionales.
Entre las organizaciones civiles beneficiadas con recursos de USAID, además de la ya mencionada Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad de Claudio X González, se encuentran México Evalúa de Edna Jaime, Reinserta de Saskia Niño de Rivera, Ethos de Liliana Alvarado, Data Civica de Monica Meltis, Fundación Idea de Alberto Saracho y el Instituto Mexicano para la Competitividad de Velentín Díez; al igual que el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, FINDECA, Pronatura, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Superación Familiar Neolonesa, Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la consultora Fortis de Iván de la Garza; todas ellas de origen mexicano.
Asimismo, USAID financia proyectos gestionados por las organizaciones internacionales Artículo 19, Chemonics, Rainforest Alliance, Conservation International Foundation, International Center for Journalists, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense y el U.S. Forest Service, quienes junto a las mexicanas han desarrollado 14 proyectos de entre los que sobresalen por tener el mayor presupuesto: las Actividades de prevención y reducción de la violencia con 19.4 millones de dólares; las Alianzas estatales y municipales para la transparencia, la Rendición de cuentas y la participación cívica con 7.4 millones de dólares, el Centro de informes fronterizos entre México y Estados Unidos con 6 millones de dólares, el Acceso a la justicia para víctimas y acusados con 5 millones de dólares y, el cuestionado por el Presidente, Acciones hoy para reducir la corrupción mañana con 4.5 millones de dólares gestionado por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
De entre los beneficiarios, aparte de sectores mexicanos específicos y vulnerables, como mujeres, víctimas de la violencia, periodistas o campesinos, se encuentran el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México a quienes se les ha apoyado con 2.1 y 1.6 millones de dólares respectivamente. Si bien, la inversión en México por parte de USAID no es de gran significancia ante su presupuesto global, los beneficiarios y las organizaciones de sociedad civil y consultorías gestoras de los recursos aseguran beneficios directos para la población objetivo que de otra forma no se podrían financiar.
A igual que en México, a nivel mundial los fondos de Estados Unidos, pese a ser bien recibidos, suelen generar desconfianza en actores locales. Si bien, las agendas y proyectos de USAID tienen objetivos específicos de beneficio local, también tienen elementos que benefician el poder blando de Estados Unidos en zonas conflictivas y convulsas como México. Ante ello, no es de extrañar que sectores nacionalistas mexicanos cuestionen los fondos de USAID, sus resultados y a las organizaciones que las gestionan.
El activismo de los liderazgos de las organizaciones encargadas de la gestión de recursos y su intensión de influir políticamente en los procesos locales para instaurar políticas públicas que les aseguren protagonismo, puede llegar a ser contraproducente para los propios objetivos de USAID, quien al asignar la gestión de recursos los arropa y da status. La falta de respuesta de Estados Unidos no significa desaprovechar la coyuntura para sincronizar al Gobierno de la República y USAID para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales nacionales.
La visita de la Vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris el lunes próximo, es un momento idóneo para despresurizar la solicitud mexicana y evitar que se convierta en un problema diplomático. La evidente desproporción se podría solucionar con una diversificación de las organizaciones gestoras, una evaluación del impacto de los realizado y una reglamentación que inhiba el activismo político de los gestores de fondos que pudiese confundirse con actos de intervencionismo.
Recomendación estratégica: El Gobierno de los Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo, debe vigilar la politización de las organizaciones contratadas para gestionar los fondos de desarrollo internacional. Asimismo, el Gobierno de México debería de aprovechar la coyuntura para trabajar con USAID para potenciar los resultados de los proyectos y participar en la designación de las organizaciones gestoras. A ninguna de las naciones conviene comenzar un problema diplomático por el activismo político de los gestores, quienes buscarán conservar su posición, la recepción de recursos de USAID y el status que esto les da para incidir en las políticas públicas.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan