Desde el 2019 en CIS Pensamiento Estratégico alertábamos del riesgo que representaba para el clima de inseguridad en México, el diagnóstico limitado sobre la inseguridad en el país que el presidente López Obrador y su equipo habían hecho.
De forma específica hicimos 4 señalamientos. El primero era que no podían basar su estrategia en la tesis de que solo es posible enfrentar a la criminalidad a partir de un rediseño institucional que elimine prácticas corruptas anteriores, ya que esto solo representa una pequeña parte del problema de inseguridad.
El segundo era que, al seguir esa ruta del rediseño institucional, éste tomaría tiempo (que no se tiene porque era necesario dar resultados rápidamente) y que solo provocaría la oscilación del péndulo por un tiempo, pero no garantizaba algún éxito en el mediano y largo plazo y que la situación regresaría nuevamente a niveles de inseguridad francamente alarmantes.
El tercer señalamiento consistía en señalar que el problema no era la Policía Federal. Si somos objetivos, la Policía Federal y la gran mayoría de sus elementos habían mostrado evolución, compromiso, integridad en infinidad de sus operativos y que esas historias negras que había no representaban las políticas institucionales ni a la mayoría de sus mujeres y hombres. Eran casos específicos que había que señalar, sancionar y corregir para evitar que volvieran a suceder pero que, así como los norteamericanos no deshicieron a la CIA por los errores cometidos en el 9/11 sino más bien la reforzaron, tampoco México debía destruir a la institución solo por los errores de unos pocos.
El cuarto señalamiento era que el cambio de inteligencia nacional a inteligencia criminal a través de la reformulación del CISEN en Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era un error grave porque se dejaban de observar fenómenos muy importantes para los intereses nacionales y del propio gobierno sobre todo en materia de toma de decisiones oportuna.
Sin embargo, parece ser que al presidente no comprendió la importancia para la seguridad de la definición política, es decir, establecer una situación final deseada que se pueda alcanzar a partir de un esfuerzo de gobierno. A lo largo de los primeros 3 años de su administración ha mandado diversos mensajes, incluso contradictorios, a las instituciones militares y civiles mexicanas de inteligencia y seguridad y que por supuesto ocasionan confusión en los diversos teatros de operaciones donde se actúa contra las organizaciones criminales.
No hay claridad en los elementos civiles y militares que están en la línea del frente sobre qué hacer cuando se enfrentan a los criminales. La política de “abrazos no balazos”, de indicarles que se porten bien o la amnistía a criminales, no es mas que una ocurrencia que impide que se establezcan estrategias claras.
La política de seguridad del gobierno mexicano se basó en diagnóstico limitado que pensaba que era fundamental tener instituciones nuevas e inmaculadas, pero que nunca comprendió que la solución pasaba necesariamente por que el presidente definiera políticamente un objetivo en materia de seguridad que pudiera ser alcanzable ya sea por la via civil o militar.
Por supuesto preocupa entonces lo sucedido en Reynosa, Tamaulipas, sin embargo, no sorprende dado que todo es probable en un país que su gobierno no tiene claridad sobre lo que quiere hacer contra la criminalidad. Evidentemente las bandas criminales no detendrán sus actividades para esperar que el tomador de decisiones sepa qué hacer con ellos y lo más peligroso para la ciudadanía es que mientras no se mande un mensaje político claro en contra de la criminalidad la violencia seguirá creciendo.
El llamado “culiacanazo” en 2019 ya era un presagio de un fenómeno como Reynosa en 2021 y que en su momento debió haber levantado las alarmas sobre la importancia de la definición política. La lección de lo sucedido era que, si no se actuaba con contundencia política en contra de los criminales, estos entenderían que no hay sanción a los actos salvajes que lleven a cabo y que por lo tanto se les tolerará cuando decidan subir el nivel de violencia. Posteriormente se agudizó la crisis en Michoacán, se atento contra el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México y ahora este evento en Tamaulipas. Fenómenos que son posibles y predecibles debido a lo comentado anteriormente.
El presidente ahora quiere que la Guardia Nacional (GN) pase formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Nuevamente, el problema no es en donde este adscrita la GN sino cuál es el objetivo claro y alcanzable que el presidente quiere que cumplan. Ninguna institución podrá ser efectiva y eficiente contra la criminalidad, ni en seguridad pública o en seguridad nacional, si no se le traza una ruta al nivel mas alto de la política.
Recomendación estratégica. Especialmente los gobiernos de la Ciudad de México, Michoacán y Jalisco deben tener muy claro el error cometido de las indefiniciones políticas a nivel federal y corregir esta situación en los territorios que gobiernan. Los actos criminales vistos en estas entidades pudieran ser mucho mayores dado la peligrosidad de las bandas que ahí operan y sus intenciones para elevar el nivel de violencia.