El debate sobre la militarización en México es un tema complejo; como en cualquier nación, las Fuerzas Armadas tienen una relación con el mundo civil particular, que, en nuestro caso y ante la historia de las dictaduras latinoamericanas crea, miedo y desconfianza en algunos sectores sociales. Las Fuerzas Armadas mexicanas, desde hace décadas, se encargan de una serie de funciones que bien podrían ser responsabilidad civil, pero que por sus características le son encomendadas.
Este debate no es único para México, como ejemplo, la gobernadora de Nuevo México, en Estados Unidos, solicitó la presencia de la Guardia Nacional para cubrir la escasez de profesores de nivel básico, medio y medio superior, contagiados por COVID-19. Propone el de apoyo de emergencias para subsanar las faltas y evitar que los niños y jóvenes dejen de recibir educación. La solicitud ha causado sorpresa, si bien, estratégicamente podría ser correcto hacer un llamado a la Guardia Nacional para apoyar o substituir sectores estratégicos, en la práctica, el despliegue de soldados en aulas de clase alimentará al debate sobre las relaciones cívico militares en aquel país, al igual que la idea en Idaho de sustituir al personal de las prisiones y clínicas con la Guardia Nacional.
En México, el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia es complejo. Si bien se comprende plenamente lo que se esta haciendo durante la emergencia pandémica, la otra emergencia, ya de varias décadas, de seguridad, nubla el debate y complica el entender su papel en el desarrollo de la Nación, el liderazgo y desarrollo de los proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno de la República.
Las fuerzas armadas mexicanas, quienes cuentan con un 64% en aprobación de la población según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI 2020, desde hace décadas se encargan de programas estratégicos. No solo son los primeros en responder en las zonas de desastre con el plan DN-III o el Plan Marina, sino que también se encargan de la alfabetización de las poblaciones lejanas sin acceso a servicios educativos, de los programas de reforestación en amplias partes del país, de la formación de atletas de alto rendimiento, de un a amplia red de hospitales, de las campañas de vacunación, de las relaciones con otras naciones conforme el esquema de agregados militares e inclusive del importante mercado legal de venta de armas y municiones.
También, se hacen cargo de un tema a debate: la seguridad pública. Desde la formación de la Policía Federal, en 1999, con personal de las Fuerzas Armadas comisionados, hasta la ahora Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas han sido indispensables para la preservación de la seguridad en el país. Aparte de ser esenciales para estas dos instituciones, personal, generalmente en retiro, se hace cargo de policías estatales y municipales; también son encargadas de producir inteligencia, participar en operativos prioritarios y de alto impacto y ser el músculo del Gobierno de la República.
Durante el actual sexenio, siguiendo la tendencia de los anteriores y como elemento central de la transformación gubernamental, a las Fuerzas Armadas se les ha hecho responsables de la protección de las fronteras, de la administración de aduanas y aeropuertos y de la construcción de las instalaciones estratégicas y prioritarias para el país. Cuestiones ni nuevas ni raras en las democracias occidentales, en las que las Fuerzas Armadas participan y se encargan de los puntos de interconexión con el exterior y de las instalaciones estratégicas que, en el caso de México, se presentan como prioritarios dada su importancia para los mercados ilegales internacionales y las organizaciones criminales.
Como se ha comentado anteriormente, las Fuerzas Armadas tienden a ampliar sus responsabilidades ante las dificultades de las autoridades civiles para cumplir su misión de forma eficaz y eficiente. Las características de las Fuerzas Armadas, la lealtad, respeto jerárquico, obediencia, conocimiento y disponibilidad, las hace una parte funcional de la administración pública en momentos de emergencia, urgencia y prioritarios para el Gobierno de la República.
La tendencia mexicana a responsabilizar a la Fuerzas Armadas de un mayor número de funciones es parte de la reforma, a nivel global, de estas instituciones que han vivido su adelgazamiento después de la crisis económica de 2009, su privatización y subordinación en los despliegues en las guerras de Afganistán e Irak, su desdén ante la reducción de las amenazas tradicionales de la defensa y su transformación para apoyar la seguridad interior, las amenazas híbridas, el terrorismo y los retos de ciberseguridad y ciberguerra.
México, con su tradición pacífica y su nivel de desarrollo medio, podría aspirar a tener Fuerzas Armadas enfocadas en los temas de seguridad y paz internacional, participando activamente en los grandes ejercicios navales, en las misiones de las Naciones Unidas o en la Alianza de Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, nuestra realidad tiene otras prioridades en las que las Fuerzas Armadas también pueden liderar y apoyar, como una institución al servicio de la sociedad y no, solamente, como un arma de guerra.
La modernización de las Fuerzas Armadas y las relaciones civico-militares son parte de la reforma del siglo XXI para hacer frente a nuevas y no tan nuevas amenazas, campos de batalla y retos en donde el viejo modelo armado es de poca utilidad ante flexibles, cambiantes y desterritorializados retos y amenazas con amplias capacidades de desestabilización.
La presencia de las Fuerzas Armadas en el mundo civil seguirá a debate, ejemplo de ello es el caso de Nuevo México y las escuelas o Idaho y las clínicas. Los despliegues militares en las ciudades democráticas occidentales se han vuelto parte de cierta normalidad, los toques de queda por terrorismo, el control de los espacios y personas para contener la pandemia, entre muchos otros, nos dan sustancia para actualizar el apoyo a las autoridades civiles y a los ciudadanos.
Recomendación estratégica: Las Fuerzas Armadas en México continuarán aumentando sus responsabilidades, lidiando con los cuestionamientos civiles y con el riesgo de fracasar en las misiones que le encargue el Gobierno de la República. El aumento de la responsabilidad implica, mayor exposición y por lo tanto un aumento en la rendición de cuentas y transparencia. Su aceptación las hace confiables para la mayoría de la sociedad, por lo que a mediano plazo podrán consolidarse como un pilar institucional en el cambio y la transformación del país, así como ha sucedido en otras naciones occidentales democráticas con alto niveles de desarrollo.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan