El Gobierno de México tiene un problema muy delicado en materia de inseguridad. El avance de la criminalidad no cede y parecen insuficientes los esfuerzos del Gobierno para hacerle frente. Ya lo hemos dicho anteriormente, nuestra recomendación en términos generales versarían en tres ejes: 1) que el Gobierno no busque una sola batalla decisiva, eso solo desgastará el esfuerzo y no logrará el resultado que busca el Presidente; 2) que se construya una comunidad de inteligencia y una ley de inteligencia y 3) que se produzca una nueva doctrina, y por supuesto la construcción de un marco jurídico que lo acompañe, sobre seguridad nacional, pública y privada que compartan todas las áreas, niveles y órdenes de gobierno –incluso los demás poderes constitucionales y todas las fuerzas políticas del país-, sobre todo vinculando a la comunidad científica a los asuntos de seguridad de una manera estructurada.
Sin embargo, el sector privado está viviendo su propio viacrucis en materia de seguridad. En específico, a pequeñas, medianas y grandes empresas le preocupan tres cosas. Primero, ciertos delitos como el robo, la extorsión y los secuestros; en segundo lugar, les preocupa el aumento de la frecuencia con la que les ocurren estos y otros delitos; y en tercer lugar, les preocupa las decisiones que tomará el Gobierno en materia de combate a la inseguridad y que repercutirá directa o indirectamente en los niveles de inseguridad.
Para atender la primera y segunda preocupación, generalmente los empresarios han acudido a una serie de medidas. Entre las principales se encuentran: escoltas, custodios en instalaciones, blindajes, armas, alarmas, circuitos cerrados de televisión (CCTV), instalación de rastreadores satelitales (GPS) en vehículos, equipos de comunicación y todo tipo de productos para reforzar la seguridad física de sus instalaciones (puertas, cerraduras, paredes, vidrios, etc.).
Otras veces han buscado modificar aspectos de mayor profundidad como, por ejemplo: reubicación de oficinas, regular horarios de trabajo o los viajes de los empleados, implementar programas de “transporte seguro”, o modificar las cadenas de suministros.
El sector privado ha tenido que destinar sumas importantes de dinero para solventar la ineficacia gubernamental del combate a la delincuencia, entre el 4%y el 12% de los ingresos anuales totales de una empresa o negocio de acuerdo a cifras dadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, en la propia opinión del sector esto no ha sido suficiente para salvaguardar la seguridad de sus empleados, instalaciones, productos y vehículos.
Desafortunadamente el panorama de seguridad no parece alentador en el País. Por ello, recomendamos que el sector privado siga al menos tres reglas: 1) Reducir la posibilidad de ser identificable, sobre todo con la utilización de rutas que siguen todos los días para distribuir sus productos; 2) Reducir el conocimiento del flujo de información sobre el negocio a lo estrictamente necesario, el grave problema es que empleados, clientes y extraños manejan una gran cantidad de información sensible sobre la empresa lo que la convierte en muy vulnerable; 3) Reducir la predictibilidad sobre todo con la apertura y cierre del negocio, la hora de atención a clientes y proveedores, los días de pago, etcétera.
Será muy importante acompañar estas reglas, adquiriendo conocimientos en las técnicas que hemos desarrollado cómo: sigilo, principio de colocación y contrainteligencia. Esto será muy útil para entender los entornos urbanos y evitar ponernos en riesgo en las situaciones comunes y cotidianas que suceden en los centros donde opera nuestro negocio.
Sobre la tercera preocupación, las decisiones futuras en seguridad del Gobierno, el escenario parece mantenerse en la misma tónica. Privilegiar el despliegue y uso de la fuerza; muchos trabajos de inteligencia táctica y pocos de inteligencia de mayor calado; continuo desgaste para elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas que al final merman la efectividad y eficiencia del combatiente; reuniones de las áreas de seguridad sin resultados concretos, entre otros. Esto abonará a que el entorno criminal no ceda y probablemente tengamos lugares donde la inseguridad llegue a aumentar.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas no encontrarán entornos óptimos para operar en la medida que el Gobierno de México no comience a desarrollar algunas líneas estratégicas tales como: desarrollar un modelo de seguridad preventivo, democrático y proactivo; construir una comunidad de inteligencia; pensar en la actualización de los contenidos de una nueva doctrina de inteligencia y seguridad; democratizar la seguridad comenzando con la reforma constitucional que permita la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional en el que intervengan los tres poderes constitucionales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de tal suerte que los presidentes de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión y el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional formen parte del Consejo, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entre muchas otras que también podrían implementar para mejorar los entornos de inseguridad.
Sin embargo, concluiríamos que independientemente de las acciones del Gobierno, el sector empresarial también debe revaluar sus inversiones en materia de seguridad. Específicamente, es importante aclarar que éstas solo serán útiles si van acompañadas de la construcción de flujos de información que les permitan tomar decisiones sobre los eventos que están aconteciendo y los que pueden ocurrir en el futuro. Y dado que el entorno se ve complicado para los próximos meses en materia de seguridad, se hace más urgente la implementación de análisis de inteligencia.
* Francisco Franco Quintero Mármol es Maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King´s College London, catedrático y conferencista en temas de inteligencia y seguridad y Director de CIS Pensamiento Estratégico.
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