Hace unas semanas, el gobierno de México anunció que comenzaría a registrar los datos biométricos de las personas migrantes, mientras tanto, en la Unión Europea se aprobó que en el Sistema de Información Criminal europeo se incluyan los datos criminales de las personas convictas en una nación no europea. La acción del gobierno mexicano, alude a la tensa relación entre migración y seguridad, mientras que la de la Unión Europea responde a la supuesta amenaza terrorista de las personas migrantes provenientes de naciones convulsas y en clara descomposición, como Siria.

La relación entre la migración y la seguridad debería de ser incomoda. Colocar los dos conceptos en la misma frase debería, también ser, políticamente incorrecto y propio del conservadurismo que define al “otro”, en este caso los extranjeros, como un riesgo o amenaza. Es un discurso que la historia nos demuestra raramente tiene buenos resultados para el desarrollo del planeta y la paz. Desgraciadamente, tanto como conservadores como liberales, demócratas o autoritarios, no reparan en el significado de la relación entre la migración y la seguridad en sus narrativas.

Los migrantes en los regímenes democráticos y de libertades no deben ni pueden ser catalogados como amenaza o riesgo a priori. Para comenzar, las personas migrantes pueden permanecer en un país de forma documentada o indocumentada, de tal forma que al decir migrantes nos referimos tanto a las personas que se encuentran en condición de solicitar asilo, como a los altos directivos de empresas que pertenecen a esa élite del 0.5% de la población mundial.

En el caso de las personas migrantes indocumentadas, que son quienes generalmente cargan con el estigma de ser una “amenaza a la seguridad”, la condición de internamiento al territorio constituye una falta administrativa, de tal forma que no se distinguen legalmente de aquél que violó el reglamento de tránsito, fue detenido y multado. Ello demuestra algunas de las dificultades que implica la relación entre migración y seguridad, dejando a un lado el estigma y la vulnerabilidad que implica para una persona, en condiciones adversas, dejar su lugar de nacimiento y migrar.

Entre la población migrante, como en la población nacional de cualquier país, existe la posibilidad de que se encuentren personas que puedan ser calificadas de criminales, ya sea porque cuentan con antecedentes penales o porque están delinquiendo. Ejemplos de esta situación sobran y son conocidas: casos de pedófilos localizados con residencia legal en naciones en proceso de desarrollo se cuentan por miles. Evasores de impuestos, asesinos, falsificadores, entre un largo etcétera, se presentan diariamente en alguna corte en el planeta.

Aparte de la amenaza criminal, el detonante de las preocupaciones gubernamentales sobre las personas migrantes ha sido el terrorismo. Los atentados en ciudades icónicas de occidente por parte del extremismo religioso y la relación con la nacionalidad, etnicidad o los antecedentes familiares en el extranjero ha planteado la necesidad de identificar y vigilar a las personas que se internan, viven o salen de los países.

Las experiencias en sistemas y registros de identificación de personas son variadas. Naciones como España cuentan con un Documento Nacional de Identidad y un Número de Identidad de Extranjero, gestionados por el Ministerio de Interior y su Policía Nacional. Otras naciones como el Reino Unido, pese a los intentos gubernamentales, han decidido detener los sistemas de identificación de nacionales y extranjeros por preocupaciones sobre la seguridad de la información y la privacidad de las personas.

La existencia o no de registros nacionales de los ciudadanos o las personas que visitan los países no ha sido un impedimento para que se detenga la aparente urgencia de los gobiernos de conocer la identidad de las personas migrantes. Estas personas, que en general huyen de situaciones de violencia son la preocupación central de los gobiernos, son actualmente el blanco de las políticas de seguridad. Las oleadas de personas migrantes que por cualquier camino buscan llegar a un destino seguro y que se suelen congregar en las fronteras, son las que preocupan a los gobiernos, la idea de que entre los flujos se encuentren temibles criminales o terroristas hace que los responsables de seguridad pierdan el sueño.

La aparente solución por parte de algunos gobiernos para lidiar con el riesgo o amenaza que representan los migrantes es su identificación, como paso previo a internarse al país y acceder a la protección y apoyo que una nación puede darles. Con ello los gobiernos pretenden dos cosas: 1) disuadir a las personas con antecedentes penales de utilizar los flujos migratorios para internarse en los países y 2) localizar a las personas sospechosas o han cometido un delito y que por ende existe evidencia de que representan una amenaza a la seguridad de las personas y los países a donde llegan.

En escenarios tan disímiles como lo es la Unión Europea o México, los responsables de las políticas públicas de seguridad se encuentran en la búsqueda de un sistema que a la vez que sea respetuoso con las personas migrantes ayude a identificar y detener a los individuos que han cometido o pretenden cometer un delito.

Estas experiencias que intentan navegar esa delgada línea entre la identificación y la criminalización de la persona migrante, tendrán que enfrentarse a un reto más: la necesaria la cooperación internacional, el riguroso registro de los hechos y un profundo estudio jurídico, con países que pueden encontrarse en guerra, que son débiles o fallidos, en los que difícilmente una autoridad podrá confiar.

La identificación gubernamental de las personas, migrantes o no, es el resultado de un amplio consenso nacional, de los valores y de la confianza que los ciudadanos depositan en sus autoridades, y al mismo tiempo el inicio de un largo proceso de identificación de las personas que puedan representar un riesgo para la seguridad de un país.

Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez

Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan