Cuando se diseña un plan de seguridad casi siempre se toma la misma ruta: 1) utilizar la fuerza para tomar control de aquel territorio (nacional o extranjero) que está en posesión del adversario. Para lograrlo, implica atacar la voluntad que éste tiene para seguir combatiendo o resistiendo el embate, es decir, hacerle ver al grupo contrario que el costo de seguir peleando es muy alto, por lo cual es necesario la rendición; 2) una vez que la primera fase ha concluido, entonces se buscan establecer acuerdos políticos que permitan desorganizar y desmantelar a estos grupos que motivaron el ataque original.
Sin embargo, pocos se detienen a pensar en las consecuencias que tendrán a futuro esas acciones emprendidas. En el contexto de la intervención militar en Afganistán lidereada por los norteamericanos, existían dos posturas sobre la estrategia que debían seguir. Por un lado, el secretario de defensa de aquel momento, Donald Rumsfeld era partidario de la denominada huella ligera. “La cual consiste en una intervención inmediata, rápida, con fuerza militar mínima pero contundente y sin preocupaciones colaterales de lo que pudiera suceder en la región; por otro lado, el secretario de estado Colin Powell era partidario de una campaña más elaborada, con más medios y con menos urgencia en su ejecución, teniendo en cuenta sobre todo la situación final deseada y sus consecuencias políticas – la denominada huella profunda” (Berenguer, 2017).
Efectivamente, de esa discusión salió vencedor Rumsfeld y los errores estratégicos de esa decisión se siguen padeciendo casi 20 años después. Sin embargo, independientemente de ambas posturas, lo positivo era que el gobierno norteamericano reconociera que toda acción de seguridad, militar o civil, deja una huella en dónde se aplica. Puede ser ligera o profunda, pero marca a una sociedad y a toda una región. Algo que desafortunadamente no muchos gobiernos en otras latitudes entienden y por ello posteriormente se lamentan por las malas decisiones tomadas en materia de seguridad.
Los gobiernos de México han optado por las estrategias de ‘huella ligera’ desde siempre, pero de forma más marcada durante los sexenios del presidente Salinas y Calderón. Sin embargo, al inicio de la administración del Presidente López Obrador, parecía que el cambio de estrategia a una ‘huella profunda’ finalmente había llegado. Desafortunadamente la urgencia y la falta de objetivos claros ha llevado a que el actual gobierno federal y varios gobiernos locales sigan operando bajo la lógica de la ‘huella ligera’ en temas de seguridad.
La contención de migrantes en la frontera sur de México, la estrategia para combatir el robo de combustibles o los esfuerzos para contrarrestar al crimen organizado, muestran que la idea central del gobierno federal es atacar lo inmediato olvidándose de otros aspectos de carácter estratégico que prevean las consecuencias negativas de la denominada ‘huella ligera’.
Por su parte, tampoco ayuda a resolver los problemas de inseguridad nacional, la implementación de estrategias de ‘huella ligera’ de gobiernos locales como el de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero Veracruz, Morelos, Nuevo León, entre otros. Sus políticas de seguridad están primordialmente basadas en el descabezamiento de las organizaciones criminales lo que ocasiona que pierdan de vista que, en el mejor de los casos, eso solo genera un repliegue inmediato de las organizaciones criminales, pero que eventualmente éstas se reorganizarán bajo nuevos liderazgos y por ende nuevamente atacarán.
Si los gobiernos federal y locales no se dan cuenta pronto de este error de diseño en las estrategias de seguridad, probablemente será tarde para cambiar de una estrategia de ‘huella ligera’ a una de ‘huella profunda’. Evidentemente esto trae como consecuencia que los niveles de inseguridad no se reducirán en el mediano plazo.
Ahora bien, si el gobierno del presidente López Obrador insiste en la ‘huella ligera’, al menos debería observar tres errores estratégicos que podrían estar ocasionando la falta de resultados concretos. En primer lugar, han sobreestimado el poder de los acuerdos políticos y compromisos adquiridos con los gobiernos emanados de las filas de MORENA o políticos aliados para reducir la inseguridad. Al final del día esos gobiernos locales y actores políticos no han mostrado compromiso, tampoco empeñado recursos y no han mostrado la voluntad política requerida para cumplir los objetivos establecidos.
En segundo lugar, pareciera ser que no se ha comprendido que se enfrentan a un enemigo asimétrico camuflado en la población civil. Esto implica que necesariamente se debe desplegar fuerza entre la población para encontrarlos. Sin embargo, el presidente López Obrador no quiere que lo comparen con los presidentes Calderón o Peña Nieto y eso limita el despliegue y uso de la fuerza. Se olvida que el enojo de la población con los gobiernos del PAN y el PRI no era por la presencia y despliegue de fuerzas federales, si no con los métodos empleados durante esas administraciones.
En tercer lugar, la Guardia Nacional es un modelo interesante, aunque con muchos retos por delante, pero el error estratégico es no darle un objetivo político claro que sea alcanzable. Adicionalmente, es el presidente quien fija la estrategia política y militar y eso conlleva precisamente a confundir las operaciones políticas como se vio en Culiacán.
En resumen, en materia de seguridad los gobiernos federales y locales podrían optar por la ‘huella profunda’ sobre todo preocupándose por definir objetivos claros y una situación final deseada alcanzable. De no hacerlo las condiciones de inseguridad seguirán acrecentando.
* Francisco Franco Quintero Mármol es Maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King´s College London, catedrático y conferencista en temas de inteligencia y seguridad y Director de CIS Pensamiento Estratégico.
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