Los esfuerzos federales, para fortalecer las instituciones de seguridad locales, realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil comienzan a dar resultados con la implementación de modelo nacional de policía y justicia cívica. El modelo pretende actualizar las instituciones de seguridad y dotarlas de prácticas basadas en evidencia utilizadas, con resultados positivos, en las democracias occidentales para reducir la criminalidad y la violencia.
Una de las deudas de los actores políticos es la creación de instituciones de seguridad para enfrentar tanto la delincuencia común como el crimen organizado a nivel local. Por más que se quiera convencer que una fuerza federal podrá tener presencia y capacidades de investigación en todo el territorio mexicano, la debilidad de un régimen democrático y de libertades terminan por desmentirlo.
El fortalecimiento de las instituciones locales es una opción para disminuir la inseguridad que impera en el país. Los esfuerzos en estados y municipios para mejorar las instituciones son varios, algunos con buenos resultados; muy pocos de ellos premiados por el voto popular y el reconocimiento de las capacidades técnicas de los operadores. Pues hasta el momento, mejorar la seguridad en contadas ocasiones es una variable que incida en el reconocimiento ciudadano que se emite por medio del voto.
Los alcaldes y gobernadores tienen pocos incentivos y herramientas para hacer frente a los fenómenos delictivos. En la mayoría de los casos son vulnerables a las camarillas político-criminales que reinan en sus territorios, cuando la misma estructura institucional no es parte del gobierno criminal. La corrupción endémica se alimenta de escasos recursos financieros, dificultades para el reclutamiento, oficiales desmotivados con pocos conocimientos e interés en su trabajo, así como una sociedad desinteresada en el bien común e interesada en sus necesidades particulares.
El modelo nacional de policía y justicia cívica, diseñado para los municipios y estados, se enfrenta a una situación compleja, que no busca solucionar todas esas necesidades que por años han detenido el mejoramiento de las instituciones, lo cual ha beneficiado a la criminalidad y las prácticas ciudadanas ilegales, sino dar sentido a una nueva forma de ser y hacer para las policías. El modelo, basado en tres pilares, dos policiales y uno de justicia, propone un rol de mayor importancia para los casi 300 mil policías del país.
Los dos pilares policiales proponen un nuevo tipo de policías, de proximidad e investigación, como suelen ser en las democracias occidentales. La proximidad, de barrio o como quiera denominarse en los municipios y estados, busca, construir paz y seguridad para los ciudadanos a partir de la convivencia diaria, la solución de problemas conforme al sentido común y la prevención del desorden y las conductas antisociales basándose en un ejercicio de gobernanza.
La proximidad suele tener consecuencias a corto plazo para generar confianza entre los ciudadanos y los oficiales, así como para la prevención del delito. Implica un cambio de filosofía, de ver a los ciudadanos con desconfianza y como enemigos a reconstruir la figura hacia un policía accesible, civil, interesada y como parte de las necesidades de los ciudadanos. Dejando atrás las instituciones paramilitares municipales y estatales, diseñadas para enfrentar ciudadanos armados que ejercen altos niveles de violencia y no para dar un servicio a los ciudadanos.
Este modelo de policía implica un rediseño institucional que pase de lo reactivo a lo proactivo; con capacidades para recopilar y analizar la información, producir inteligencia criminal y crear estrategias efectivas basadas en evidencia para aumentar la seguridad de la comunidad; generar confianza pública en la policía y hacer esto de manera justa y legal, sujetándose principalmente al debido proceso. Algo muy diferente a la práctica superficial de cambiar solamente el color de los uniformes de los oficiales y sus patrullas, ponerlos en bicicleta a vigilar y certificarlos en diversos temas, para seguir con la costumbre reactiva propia del actual modelo policial mexicano.
La proximidad va acompañada, conforme al modelo, de dar capacidad a los oficiales de policía para participar en las investigaciones del Ministerio Público. La asociación de las Fiscalías estatales y las policías locales, particularmente las municipales, aumenta las capacidades de investigación gubernamentales y es de utilidad para fortalecer las carpetas de investigación. Ello a la par de los beneficios que implica compartir información y análisis criminal para reforzar la producción de inteligencia en las Fiscalía y aumentar la posibilidad de colaborar a nivel nacional e inclusive internacional.
Los pilares policiales del modelo, que tiene al menos cuatro años para comenzar a implementarse, presentan una reforma de fondo institucional que se ha intentado realizar de forma desarticulada en el país. Las autoridades locales, tradicionalmente renuentes al cambio, con instituciones corrompidas, sin recursos y con una moral baja, podrían comenzar a ser parte de la solución y dejar de ser, junto con la criminalidad, el problema.
La reforma policial avanzará pese a los intentos políticos o criminales de conservar la situación actual reactiva y cerrar el camino al cambio y modernización de nuestras policías. Los ejemplos de éxito en el país son variados y ya va siendo hora para que los ciudadanos comiencen a cobrar factura o premiar a los políticos y técnicos que han conservado o modificado las instituciones policiales locales.
Recomendación estratégica: Las instituciones de seguridad locales necesitan reformarse para dar seguridad a los ciudadanos, las presiones sociales aumentarán y con el paso del tiempo tendrán consecuencias político/electorales. Los municipios y estados tienen la oportunidad de comenzar esta reforma con el apoyo de la federación, conforme a un modelo utilizado en las grandes ciudades occidentales y en los lugares que han vivido serios problemas de inseguridad y violencia. El camino está delineado, del compromiso y voluntad de las autoridades locales para dar seguridad a los ciudadanos dependerá.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan