En las pasadas semanas se volvió a presentar la discusión sobre la recolección y resguardo de la información sobre los mexicanos con fines de seguridad. Este tema, nodal para el estado de derecho y un sueño desde hace décadas para las instituciones de seguridad y justicia, implica revisar paradigmas sustanciales relacionados con la libertad, la privacidad y la confianza en las instituciones del Estado en los que rara vez existe un acuerdo.
La información es la base de la seguridad, identificar los hechos y las personas para prevenir, contener o castigar las conductas antisociales, las faltas o los delitos, hacen necesaria la recolección de datos sobre las personas y los lugares. Los no tan nuevos modelos de policía (el guiado por inteligencia, por la comunidad o el de precisión) al igual que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que impulsa la 4T, tienen como base la recolección de información y la producción de inteligencia para la toma de decisiones y la acción policial.
El avance tecnológico permite que cualquier institución de seguridad aumente las capacidades de recolección, resguardo, gestión y análisis de la información, cuestión que permite desarrollar infraestructuras complejas en tiempo real de información que buscan facilitar los procesos, eficientar el uso de recursos, mejorar los resultados, así como, aumentar la legitimidad institucional.
Por ello, de diferentes formas y en distintos niveles, las instituciones de seguridad de todas las naciones recopilan y resguardan información sobre las personas, hechos y lugares. A nivel global sobresalen los sistemas creados para las instituciones de seguridad de los Estados Unidos de América, China, Rusia y algunas de la Unión Europea, quienes para diferentes fines han creado robustos y complejos instrumentos de monitoreo que aspiran a identificar a las personas y conductas que pongan en riesgo la seguridad y así prevenir los delitos.
La recopilación de datos, legal o ilegal, realizada por los gobiernos y que generalmente es de mayor preocupación para los ciudadanos, el denominado espionaje, suele centrarse en la información que permite la identificación de las personas y sus conductas mediante sus datos biométricos, sus vínculos, bienes, recursos y actividades, ello se justifica con la prevención o persecución de actividades ilegales o criminales que buscan fortalecerse con su incorporación sistemas de gestión que producen información sobre las conductas de las personas en tiempo real, que permiten crear perfiles y por lo tanto catalogarla según su nivel de riesgo o amenaza a la seguridad.
Estos sistemas, basados en inteligencia artificial y probados con mayor intensidad en China, prometen a corto y mediano plazo generalizarse para eficientar y facilitar las actividades humanas. Cuestión que en algunas naciones está implicando una discusión y muy probablemente una modificación de los paradigmas que rigen la privacidad y la libertad de las personas, quienes con mucha probabilidad preferirán la seguridad y el desarrollo que ella conlleva a las reservas que puedan tener sobre su uso.
Esta discusión, hasta ahora incipiente en México, podría iniciarse con la intención expresada hace unas semanas por la Secretaría de Gobernación de utilizar el padrón electoral con fines de identificación para los ciudadanos mexicanos. Con ella, se tendría la posibilidad de debatir seriamente el tipo de datos que necesita el gobierno mexicano y sus instituciones para asegurar nuestros derechos, suministrar servicios y administrar el país; así como replantear las capacidades institucionales, la forma en que los ciudadanos nos vamos a relacionar con las autoridades, y de igual forma, los límites necesarios para preservar y potenciar nuestro incipiente sistema democrático.
Algunas naciones, en el tema de registro de personas, encuentran un mayor avance que el mexicano, un ejemplo de ello es España, donde las instituciones de seguridad, la Policía Nacional y/o la Guardia Civil, son las encargadas, a través de sus comisarías o módulos móviles en los ayuntamientos, de expedir a los españoles el obligatorio Documento Nacional de Identidad o DNI para mayores de 14 años y Número de Identidad de Extranjero para todas las personas extranjeras que se internen en el país por más de tres meses.
El DNI es el documento de identificación único y es necesario para ejercer cualquier derecho, solicitar servicios y establecer relaciones contractuales entre privados. Es el documento necesario para votar, para contratar servicios, para hacer pagos con tarjetas de crédito, para acceder al sistema de seguridad social, rentar vivienda, trabajar, estudiar, pagar impuestos y viajar en la Unión Europea.
Es el documento que se utiliza cotidianamente para identificarse y en los momentos en que un oficial de policía lo solicite en la calle. Los datos que contiene, y que se deben de renovar cada 10 años para mayores de 30 años y entre 2 y 5 años para los menores de 30 años, son: fotografía, nombre completo, huella digital, lugar y fecha de nacimiento, sexo, domicilio y el número de identificación único a lo largo de la vida y que se encuentra vinculado a cualquier trámite que se realiza.
Los beneficios de tener una identificación y registro de este tipo son prácticamente obvios, las dificultades para crearlo, pese al desarrollo tecnológico, múltiples. Pensando en el modelo español, el gobierno mexicano carece de una red de oficinas de cobertura nacional de policía en el que en a corto plazo pudiera identificar a los 120 millones de mexicanos. Aparte de ello, se tendría que realizar una revisión de la situación de las actas de nacimiento y dar cauce judicial a las irregularidades existentes en los últimos 100 años. También se tendría que solucionar el desorden de identificación de domicilios y por si eso no fuera poco, las bases y registros de datos gubernamentales, de los tres niveles de gobierno y el sector privado, se tendrían que vincular al nuevo número de identificación.
Estos retos se suman a una serie de dudas, fundadas, de porciones importantes de la sociedad, que cuestionan la legitimidad de la autoridad que recopilará, reguardará y utilizará los datos de la identificación. También, recordarán el fallido proyecto de la Cédula de Identidad y se señalará la reducida capacidad de las instituciones, públicas y privadas, para instaurar su uso; a esto se sumarán las dudas sobre la seguridad para el resguardo de la información, el control para la consulta y las medidas para evitar la falsificación.
Estas dudas, que deberán de llevar a un amplio debate se enfrentarán a una realidad: el país necesita un canal para identificar a las personas que se encuentran en el territorio. La situación de inseguridad y violencia es la evidencia palpable, sin embargo, para que ejerzamos de mejor forma nuestros derechos y se nos doten servicios, públicos y privados, de calidad necesitamos facilitarlo por medio de un documento confiable que provenga de una Política de Estado.
En las próximas décadas, el desarrollo de los países dependerá de la forma en que gestionan las necesidades de la población y del nivel de facilidad, así como de la seguridad para realizar los intercambios económicos, sociales y políticos; ante ello, es un buen momento para comenzar un debate y así ganar algo de tiempo a algo inevitable, de lo cual depende en gran medida no sólo la seguridad de las personas, sino gran parte del futuro de la Nación.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan