Para alimentar la toma de decisiones del gobierno de México, el presidente López Obrador contaría con 8 instancias que realizan actividades y producen documentos de inteligencia. Siete tienen una orientación a la inteligencia criminal y una a temas de riesgos sanitarios.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una sección orientada a la inteligencia militar-criminal. La Secretaría de Marina Armada de México cuenta con su propia unidad y cuya actividad está orientada hacia los temas navales-criminales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta a su vez con dos instancias: la primera es el Centro Nacional de Inteligencia –el área de inteligencia civil más grande e importante del país— y la segunda área que se encuentra junto de la Guardia Nacional, ambas orientan sus esfuerzos a la inteligencia criminal. Por su parte, la Fiscalía General de la República también cuenta con 2 áreas orientadas a la inteligencia ministerial-criminal. Mientras tanto, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público cuenta con una unidad encargada de realizar inteligencia para combatir el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo. Finalmente, la octava área de inteligencia se encuentra dentro del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y que observa los peligros sanitarios.
El andamiaje institucional mexicano en materia de inteligencia no es muy robusto en cuanto a número de personal, presupuestos, capacidades operativas y lo más importante capacidades analíticas. Tampoco cuentan con una legislación adecuada o con una estructura tipo comunidad de inteligencia que incentive u obligue a estas instancias a cooperar entre ellas. Por ello, la enorme importancia de mujeres y hombres de inteligencia que en ellos recae la estratégica labor de diariamente estimar los riesgos, identificar y contener las amenazas y sobre todo aclarar el futuro del comportamiento criminal para que los tomadores de decisiones puedan hacer su trabajo que es buscar mantener seguros a la población.
Sin embargo, ya lo hemos comentado anteriormente, el presidente López Obrador es un tomador de decisiones que no sigue el consejo especializado que le pueden proveer los especialistas en inteligencia, sino las guías e indicaciones que le da su intuición. Depender de una sola persona es un peligroso en un país como México por la cantidad de problemas que tiene, pero es grave para los servicios de inteligencia porque no tienen brújula que los oriente o agenda que recomendar dado que no logran influir.
Por lo tanto, la decisión de detener al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación es de suma importancia y habría 3 hipótesis para entender porque sucedió esto. La primera, la menos probable, es que las instancias de inteligencia encontraran la oportunidad para hacerlo y hayan sugerido su detención.
La segunda, de probabilidad media, es que el presidente finalmente quiera realizar acciones en contra de la inseguridad dado los altos niveles de violencia a los que esta sujeta la población que juro proteger.
La tercera, y más probable, es que la decisión sea producto de la presión norteamericana dado el “Código Negro” anunciado hace unos meses y sobre todo de la visita reciente a México del Secretario de Seguridad Interior norteamericano y el anuncio de hace unos días sobre Ley de Protección de Oficiales y Empleados Federales (mejor conocida como Ley Jaime Zapata y Victor Ávila) que implica que se aplique la ley penal estadounidense extraterritorialmente para proteger a todos aquellos, ciudadanos estadounidenses y quienes no lo sean pero, que sirven a los Estados Unidos y sus intereses en el extranjero.
Independientemente de lo que haya influido para tomar esta decisión lo relevante es que es un buen mensaje político frente a la criminalidad. No es secreto a voces que el presidente López Obrador ha estado aletargado en su toma de decisiones frente a la criminalidad y eso ha ocasionado los intolerables niveles de violencia que vive México. En 3 años no ha tomado decisiones claras que fijen el rumbo de los esfuerzos de inteligencia, por ello esto sería la primera oportunidad genuina y autorizada— dado que en la detención de Ovidio dijo no haber estado enterado—que tendrían los 7 servicios de inteligencia de alcanzar un objetivo tangible y poder lucirse para ser útiles a la toma de decisiones.
Sí los servicios de inteligencia se equivocan en esta detención, tendríamos un “culiacanazo” parte 2. Esto es que 1) el presidente repartiría culpas a instituciones y funcionarios de inteligencia, sin asumir que la operación salió mal únicamente por que no tomó las decisiones a tiempo ese día, 2) se dejaría presionar por los niveles de violencia observados y 3) nuevamente la inteligencia pasaría a ser irrelevante para su toma de decisiones.
Recomendación estratégica. Toda operación de inteligencia tiene 1 momento de decisión y 3 de cálculo. La decisión siempre corresponde a un tomador de decisiones y esa ya está dada. Sin embargo, los cálculos los realizan los expertos en inteligencia quienes tienen que estimar las probabilidades de éxito o fracaso sobre tal acción, el margen de error y las consecuencias del comportamiento de los actores sobre el teatro de operaciones. Si en las 7 instancias se piensan ahorrar los cálculos por el calor de la operación y ser quien obtenga la fotografía final, el fracaso será previsible y las consecuencias durísimas para estas instancias en presupuestos y organización y credibilidad frente a la sociedad.