En diciembre del año pasado, el Presidente Lopez Obrador promulgó la Ley orgánica que define el diseño institucional de seguridad en el país. En él, por primera vez en la historia, se concentraron una variedad amplia de instituciones que crean, en la práctica, un mando único federal de corte civil para todas las labores de seguridad, el cual es guiado por una visión gubernamental enfocada en uno de los grandes problemas de la nación, la criminalidad y su violencia, cuestión que presenta un dilema.
La seguridad es un tema amplio y definir los límites entre las distintas categorías de seguridades no es sencillo, la experiencia de la inconstitucional Ley de seguridad interior es evidencia de ello. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, pues los límites de la seguridad interior, exterior, nacional, pública, ciudadana e inclusive la humana cada día son cuestionados alrededor del mundo, tanto teóricamente como en la práctica. Ello, crea dificultades para definir claramente las funciones y acciones de las burocracias, civiles y militares, pues se encuentran en una redefinición constante de sus objetivos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llega en un momento clave en la historia del país. La legitimidad del gobierno federal permitió crear la institución que en por lo menos los dos anteriores sexenios se había soñado, pues en la Secretaría se concentraron todas las capacidades civiles del gobierno federal, de tal forma que la Seguridad Nacional, pública, ciudadana, junto a la protección civil, van a convivir los próximos seis años bajo el mismo mando, difuminando las diferencias entre los diversos tipos de seguridades.
Con el nuevo esquema de seguridad, en el escritorio de Alfonso Durazo se encontrarán tanto los reportes de Seguridad Nacional elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia, los acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional y los reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto a la incidencia delictiva y los reportes de seguridad pública o ciudadana sobre el robo a vivienda o el número de detenidos en los municipios.
De tal forma que, en la oficina del secretario Durazo tendrán que priorizar los muy variados temas de seguridad y navegar entre la información e inteligencia sobre las grandes amenazas a la seguridad internacional y nacional, como los movimientos geopolíticos de las grandes potencias en el conflicto Venezolano, las nuevas tácticas terroristas de ISIS o Al Qaeda o las consecuencias del calentamiento global; mientras que al mismo tiempo atiende temas como los movimientos de los grupos de poder mexicanos o extranjeros en el país, la existencia de una célula criminal dedicada al secuestro o los proceso de las compras de botas para los elementos policiales en un municipio, solamente por ejemplificar.
Esta variedad de temas implica que la Secretaría actúe en diferentes campos, desde los asuntos de seguridad ciudadana municipal hasta los temas geopolíticos internacionales que podrían desencadenar una guerra o intervención entre naciones. Esto no debería de ser un dilema, de no ser porque el ethos de la Secretaría y el diseño institucional se encuentra guiado y definido por la lucha criminal y no con una visión integral de los múltiples y muy variados elementos que implica la seguridad de México y los mexicanos.
Tradicionalmente, y no es para menos, en las burocracias lo inmediato tiene mayor relevancia que lo importante, la reactividad de los gobiernos a los sucesos diarios se ha vuelto el elemento guía de las instituciones de gobierno y sus funcionarios principalmente durante las últimas décadas, de tal forma que, apagar fuegos se ha vuelto el trabajo que absorbe la mayoría de los recursos gubernamentales y el diseño de una nueva realidad a partir de la implementación de políticas públicas que den sustentabilidad de mediano y largo alcance queda en un segundo plano.
Esta situación, con el nuevo diseño institucional mexicano, se agrava, ya que bajo el mismo techo convivirán los temas operativos y los estratégicos de seguridad, en donde sin duda alguna, los segundos irán desapareciendo frente a los primeros hasta que los dirigentes políticos se den cuenta de las implicaciones que tiene para el desarrollo del país la pérdida de capacidades estratégicas en una serie de temas críticos de gran importancia.
La Secretaría, sin duda alguna, utilizará todos sus recursos en la lucha contra la criminalidad, algo comprensible por la gravedad y el reto que esto implica: lo que es inmediato; mientras que la construcción de instituciones y de capacidades para enfrentar los retos a futuro en materia de seguridad, lo importante, quedaran opacados por los resultados diarios que con justicia exigen los ciudadanos.
El dilema en el que se encuentra la actual administración tendrá consecuencias en la conducción política del país con el pasar del tiempo, ya que es un tema en donde la mala actuación podrá acarrear impactos negativos para la población y nuestra instituciones políticas, económicas y sociales que perduren por décadas y que disminuyan el poder mexicano, nuestra autoderminación y supremacía en el concierto internacional de naciones.
Es bueno recordar que las políticas mexicanas de “abrazos, no balazos”, o la “doctrina de no intervención”, se insertan en un ambiente mundial de lucha intensa (violenta y no violenta) por la información, los recursos naturales, el conocimiento, las tecnologías y el desarrollo económico; donde la supervivencia y el nivel de bienestar global se encuentra determinada por las decisiones que toman unas cuantas naciones, por lo que tener visión estratégica y a futuro se ha vuelto un elemento esencial para aprovechar las oportunidades de la globalización.
Esta situación clave para el país difícilmente podrá ser gestionada por un gobierno que tiene una visión, en el campo civil, que podría ser catalogada de reduccionista, en donde la acción del gobierno está condicionada y determinada por los hechos de criminalidad y no por una política proactiva y a futuro de los grandes temas de seguridad de los que dependerá la permanencia, el desarrollo y el futuro de nuestro país.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos.
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