Como parte de la estrategia de seguridad 2018-2024, el Gobierno de México informó que dividiría al país en 266 regiones para afrontar la inseguridad y violencia. Estas regiones, reducidas a 150 ante la carencia de recursos humanos, se caracterizan por un alto nivel criminal y son los lugares en donde se desplegarán las fuerzas federales para tratar reducir a la incidencia delictiva y con ello avanzar en la pacificación del país.
La idea de dividir y focalizar el uso de los recursos geográficamente no es nueva. En la administración de Enrique Peña Nieto, se dividió el país en 5 coordinaciones nacionales y se identificaron los 50 municipios más violentos del país para focalizar la acción de las fuerzas de seguridad federales. Mientras que en la era de Felipe Calderón, los elementos de las instituciones de seguridad federales se desplegaron conforme la solicitud de los gobernadores y después de ocurrir un evento de alto impacto.
En los últimos sexenios, la violencia, real o simbólica, ha sido el elemento definitorio para el despliegue y acción de las instituciones de seguridad federales. Las diferencias en las metodologías empleadas contemplaron como elemento fundamental el homicidio y los eventos de alto impacto; sin embargo, al momento no conocemos con certeza los elementos que que se tomaron encuenta para la definición de las 150 regiones propuestas por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Identificar los lugares en donde intervenir, como lo saben los administradores de la época de Peña Nieto y Calderón, es una cuestión extremadamente compleja y de la que depende el éxito o fracaso de la acción del gobierno. A la fecha, la focalización de recursos en los lugares identificados no ha dado los resultados esperados, la violencia e inseguridad perdura pese a los esfuerzos gubernamentales. Esta situación en parte es consecuencia a errores de apreciación.
Es decir, el crimen organizado actúa, de manera general, como cualquier otro tipo de negocio. Pues se dedica a la oferta de una serie de bienes o servicios que son producto de procesos complejos de producción donde intervienen sistemas logísticos de movilización, reglas de mercado, canales de distribución, sistemas de pagos y de lavado de dinero, por comentar algunos. Estos elementos empresariales criminales se mezclan con las actividades y canales legales, públicos y privados. Por ello, para luchar contra contra el crímen organizado se debe conocer con certeza los lugares en donde se desarrolla la criminalidad a partir de una metodología de mayor complejidad que la usada hasta ahora en el país.
A nivel mundial existe una variedad de métodos para identificar la criminalidad y poder enfocar los recursos de los gobierno. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Unión Europea. Ese cúmulo de 27 países, con gobierno, leyes, culturas, idiomas y hasta horarios, diferentes logró, en 2017, calcular científicamente la existencia de 5,000 organizaciones criminales y el lugar en donde operan en el territorio europeo. No sobra recordar, que la Unión dobla la población y el territorio mexicano.
Para lograr lo anterior la Unión Europea diseñó una compleja metodología que le ha permitido definir tanto a las organizaciones criminales como los lugares en donde se encuentran. Para ello, las instituciones de seguridad analizan información sobre los delitos, las personas que las realizan, su organización, las capacidades y recursos económicos que tiene, conocimientos y experiencia, los tipos de vínculos con otras organizaciones y sus capacidades de subsistencia y flexibilidad.
Al confrontar estos elementos con una valoración sobre las capacidades que tienen las organizaciones criminales para corromper a personas o estructuras políticas, económicas o sociales y la propensión de estas estructuras a tolerar y participar en las actividades criminales, permite establecer los lugares, los actores y los procesos de negocio criminal, y, por lo tanto, definir tanto la amenaza que representan como la estrategia que se utilizará en contra de ellas. Si bien México no es la Unión Europea, su metodología es un buen ejemplo de una de las formas para identificar, con evidencia que va más allá de los homicidios, la criminalidad y los lugares donde actúan que han guiado al gobierno mexicano.
La regionalización sin duda es una buena idea. Esperemos se encuentre definida y sustentada con evidencia y metodología rigurosa, de otra forma, ya conocemos, al menos, 12 años de resultados fallidos.
Agradezco los valiosos cometarios de Misael Barrera Suárez
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan