COVID-19 y la seguridad para el Estado moderno

COVID-19 y la seguridad para el Estado moderno

La pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud y que a la fecha se presenta en al menos 179 países, con más de 500 mil personas con contagio registrado y más de 24 mil personas que han fallecido, es un claro ejemplo del reto que tienen los Estados modernos para dar seguridad a sus ciudadanos.

La función primaria del Estado moderno y su gobierno es la seguridad de las personas y del territorio, ya que sin estos dos elementos no existe ninguna de las construcciones sociales en las que vivimos y a las que pertenecemos. Los gobiernos son los encargados de desarrollar y utilizar los instrumentos necesarios para cumplir el mandato de dar seguridad e inclusive trabajar, a partir de ella, en el desarrollo y prosperidad de la población que le da existencia.

La idea del Estado como garante de la seguridad, ampliamente extendida en las democracias occidentales comienza a demostrar las limitaciones para desarrollar los mecanismos que den seguridad a las personas y conserven el territorio. La criminalidad transnacional como la que vive México es un claro ejemplo de ello, sin embargo, la actual pandemia originada por el COVID-19 ha puesto en evidencia las reducidas capacidades gubernamentales para hacer frente a situaciones extremas que afectan la seguridad de las personas y el desarrollo de las naciones.

La seguridad, independientemente de su categoría: ciudadana, pública, interior, exterior, Nacional e internacional, tiene como fin último preservar la vida de las personas y suele ser una función exclusiva de las instituciones públicas. Algunos países conscientes de ello han desarrollado leyes, planes, programas, estrategias e instituciones para hacer frente a los retos y las amenazas que pueden afectar su desarrollo.

Los documentos estratégicos en materia de seguridad buscan dar claridad, establecer una visión y establecer posibles rutas de acción para enfrentar los retos y las amenazas. Generalmente son documentos consensuados entre funcionarios públicos, actores políticos, sociedad civil, sector privado y la comunidad de investigación, quienes aportan la mejor información y experiencia para establecer un marco para utilizar.

Dentro de estos documentos, en los relacionados con la Seguridad Nacional e internacional, una de las amenazas que se suelen enumerar son las epidemias y las pandemias. La mayoría de los países poseen documentos que contemplan la posibilidad de que se presente una situación como la que estamos viviendo. Aún las naciones con mayor avance en el pensamiento estratégico, aquellas que se distinguen por aspirar a tener un impacto global y que han procurado tener los mayores recursos, humanos, financieros y tecnológicos en sus sofisticados documentos de seguridad, han tenido dificultades para hacer frente a la amenaza.

Los sistemas de seguridad de las naciones han demostrado una falta de herramientas para enfrentar la primera pandemia de este siglo, por más leyes, planes, programas, líneas de acción y comités que se hayan formado, la amenaza del COVID-19 demostró las limitaciones de los sistemas de seguridad para atajar una amenaza global, compleja y natural. Los más o menos desarrollados sistemas de salubridad se vieron superados por el alto nivel de contagio y mortalidad; y el número de personas directamente afectadas por esta pandemia, pese a representar una minoría de la población global, es superada por los grandes atentados terroristas y algunos de los conflictos geopolíticos de las pasadas décadas.

La pandemia y las consecuencias económicas, sociales y políticas deben de ser consideradas como un asunto que pone en riesgo la Seguridad Nacional. Esta consideración permite el establecimiento de medidas de emergencia que limitan las libertades de los ciudadanos y controlan el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y económicas, permitiendo, en democracias consolidadas el despliegue de las Fuerzas Armadas y la instauración de medidas de emergencia en la búsqueda de controlar a la población, el contagio y por lo tanto proporcionar adecuados servicios sanitarios a la población enferma.

La limitación de la circulación de las personas, el despliegue de las fuerzas policiales y militares para labores de vigilancia y control en las calles, la limitación de horarios y en general el control de las actividades económicas y sociales por medio de la represión estatal es un signo de la gravedad de la situación. Estas medidas en regímenes dictatoriales o semi-democráticos difícilmente llama la atención, pero observarlo en las avanzadas democracias occidentales es un hecho inusitado que ni siquiera en el terrorismo había propiciado.

Situaciones dantescas e inconcebibles se comienzan a presentar en las democracias occidentales: fuerzas militares rusas recorriendo las calles italianas; ciudadanos convocando a resguardarse en casa y limitar sus libertades; multas y detenciones por violar los toques de queda; fuerzas policiales y militares reprimiendo a minorías; entre un largo etcétera sean han presentado en estos primeros meses de la contingencia internacional.

Algunas de estas situaciones comienzan a desnudar el poder estatal para proveer seguridad, evidencian la confianza o falta de ella de los ciudadanos en las instituciones, la propensión autoritaria y violenta de unos, el desinterés de otros y la cosmovisión de poblaciones nacionales que carecen de mecanismos para defenderse de un enemigo que desconoce lugar, nacionalidad, condición social, edad y genética.

Los gobiernos superados por una pandemia, enumerada en las leyes y programas de seguridad, no desarrollaron los sistemas civiles que pudieran hacerle frente y tuvieron, como se ha vuelto común, en dejar en manos de las Fuerzas Armadas la situación y limitar las libertades. Algunas naciones observan como sus instituciones civiles nacionales después de ser politizadas, burocratizadas y saqueadas, dejaron de cumplir, si que alguna vez lo hicieron, su función.

El saldo del COVID-19 será múltiple y con mucha probabilidad marcará un antes y después, puede verse como el inicio de una nueva época, o como el catalizador o potenciador de un proceso de cambio iniciado en las últimas décadas que propone una modificación en la relación entre el gobierno y sociedad en los procesos productivos, la revaloración de el medio ambiente y un aprovechamiento intensivo de las tecnologías. Estos cambios implican nuevas formas de ser y hacer, de comprender el papel del ser humano en el planeta y de todo lo que hemos creado.

Al terminar la emergencia de la pandemia veremos con claridad la necesidad de modificar a las instituciones y organizaciones conforme a las nuevas necesidades, los viejos paradigmas del trabajo y el estudio presencial se verán seriamente afectados, con ello vendrá un doloroso golpe de realidad del papel familiar, productivo y social de cada uno, que indudablemente tendrá repercusiones en las estructuras que hemos construido y que hoy en día parecen dificultar el desarrollo de las sociedades.

Estos cambios tendrán consecuencias en la comprensión que tenemos de los países y de los elementos que conforman las naciones y por lo tanto la forma de asegurar su existencia y futuro. En la historia moderna no se había presentado una situación de esta magnitud con una potencialidad de modificar la vida de todas las personas que habitamos el planeta.

Una amenaza sin cara, nacionalidad, religión, estrato socioeconómico, demandas, discurso o ideología ha puesto al desnudo lo que nuestros gobiernos pueden hacer por nosotros y la necesidad de hacer los pendientes cambios profundos en las estructuras políticas, sociales y económicas necesarios para asegurar la permanencia de prósperas sociedades democráticas con personas libres.

Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS

Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan