¿Cómo llamar a la violencia extrema mexicana?

¿Cómo llamar a la violencia extrema mexicana?

La semana pasada, en dos ciudades de México, Salamanca, en el estado de Guanajuato y Puebla, en el estado del mismo nombre, se utilizaron artefactos explosivos en contra de blancos específicos. Este evento, como los que se han presentado en el pasado, vuelven a evidenciar las dificultades para conceptualizar y catalogar el tipo de violencia extrema que se vive en el país.

El concepto de terrorismo es el primero que viene a la mente cuando se presenta el uso de un artefacto explosivo. La falta de un acuerdo mundial y una definición formal para catalogar este tipo de violencia deja que los ciudadanos tomen como referencia lo que en su imaginario se adapte para explicar los actos destructivos. 

Existen mas de 200 definiciones académicas del terrorismo y cientos más de tipo legal en los marcos normativos de los países, por lo que es difícil establecer lo que es y no es el terrorismo. Desde la academia, en esas 200 definiciones, existe una coincidencia que puede ser de utilidad para comprender y diferenciar este concepto de la violencia extrema mexicana. El terrorismo suele incluir: 1) el uso de la violencia; 2) con fines políticos y 3) como medio para incidir en una sociedad.

La violencia utilizada por el terrorismo, para comunicar y llamar la atención a las demandas políticas e ideológicas marxistas, de supremacismo blanco, la subordinación del Estado a la religión, la autonomía o independencia, al ser utilizada por otro tipo de organizaciones, generalmente criminales, suele confundir el debate, pese a la relación entre estas dos actividades ilegales.

El terrorismo se suele vincular con la criminalidad de manera coyuntural en el espacio de ilegalidad que comparten. La organización terrorista ETA en España se financió con la venta de drogas; las armas y explosivos utilizados por el IRA en Irlanda eran adquiridas en el mercado criminal; los documentos falsificados utilizados por miembros de Al Qaeda también son parte de las actividades criminales y todas las organizaciones y personas dedicadas al terrorismo hacen uso de los instrumentos ilegales de lavado de dinero. 

El uso de artefactos explosivos, particularmente en Latinoamérica, suele ser catalogado como narcoterrorismo. Este concepto, basado en la ya de por sí compleja definición de terrorismo, es definido por los Estados Unidos de América como el terrorismo utilizado para el negocio del narcotráfico. Así mismo, es utilizado para definir las actividades de organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia o Sendero Luminoso en el Perú; lo cual parecería adecuarse para definir la violencia extrema que se vive en México.

El narcoterrorismo, comprendido como el uso de la violencia terrorista por criminales, enfrenta a los enemigos y adversarios, amedrenta a la población para facilitar o ser parte del negocio, con el uso de explosivos, coches bomba, asesinatos de alto perfil y campañas para atemorizar y extorsionar. También se mezcla con la política; Pablo Escobar capturó una diputación, los Caballeros Templarios tenían una agenda política/social/religiosa y la Mafia Siciliana operó electoralmente como medio para el beneficio del negocio criminal.

La política y el uso de las instituciones del Estado por parte de las organizaciones criminales suelen ser utilizadas para fortalecer, ampliar y sostener el negocio criminal, y no para cambiar la situación política nacional o internacional que busca el terrorismo. El concepto de narcoterrorismo, al intentar vincular la violencia terrorista y el negocio criminal de drogas se acerca a explicar la violencia extrema que se vive en México y ha vivido Latinoamérica.

Estos dos conceptos, pese a no ser de mucha ayuda para explicar las múltiples variantes violentas de las organizaciones criminales en México, suelen ser utilizados, particularmente por los medios y sus analistas, para llamar la atención sobre actos de violencia que por si solos, sin el membrete de terrorismo o narcoterrorismo, deberían de despertar el interés público. 

El crimen organizado, por más normalizado que se encuentre en México, es lo suficientemente importante en la vida de las personas y las instituciones. La violencia que ejerce tiene sometidas a importantes sectores de la población y según EEUU, operan en un tercio del territorio nacional. Se dedican a más de media centena de actividades criminales y controlan partes importantes de la economía nacional y local.

Las personas dedicadas a las actividades criminales son reconocidas y admiradas en público y privado y protegidas política y socialmente. Controlan o inciden en administraciones públicas y de justicia y son autoridades de facto y paralelas sin limitaciones legales. 

Las características de la criminalidad mexicana parecen no ser suficientes para que las personas interioricen la gravedad de la situación y que se inclinen por intentar aumentar su importancia con el uso del concepto de terrorismo o narcoterrorismo como sucedió con la violencia criminal en Salamanca y Puebla.

Recomendación estratégica: Los medios de comunicación y sus analistas con el uso de los conceptos del terrorismo y narcoterrorismo buscan llamar la atención de un fenómeno de por si grave. El uso constante de concepto ante cualquier acto de violencia extrema distrae y confunde a la población y dificulta entender la situación de violencia que se vive, así como las acciones gubernamentales para contrarrestarla. La criminalidad y el terrorismo conviven en los mercados ilegales teniendo límites y objetivos distintos y claros, reducir toda actividad criminal a terrorismo o narcoterrorismo es algo que, por el bien social, debe ser evitado.

Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS

Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan