El federalismo parece estar en boga en el país, el gobierno federal, desde los primeros meses de 2019, se ha encontrado con un amplio abanico de actores interesados en la descentralización y propulsores de los gobiernos locales. El tema de la seguridad no ha sido la excepción, las propuestas para detener la centralización y fortalecer las instituciones locales para hacer contrapeso al diseño del gobierno federal son múltiples y se han posicionado como de mayor relevancia que la pendiente reforma policial.
La seguridad es un campo en cambio permanente en el que, pese a la resistencia en el país; continuamente se piensa y repiensa la distribución de los escasos recursos del Estado mexicano para hacer frente desde los habilidosos carteristas hasta a las sofisticadas organizaciones criminales transnacionales. En las últimas décadas, se ha debatido la forma en instituir el modelo anglosajón de policía, también el europeo continental, sobre la viabilidad de desaparecer a las policías locales y también de fortalecerlas para hacer frente a amenazas criminales trasnacionales.
El municipio parece, para algunos y una vez más, la solución a los retos criminales. La base del federalismo y el responsable de la función básica del Estado moderno de dar seguridad a los ciudadanos parece emerger con estrategias de seguridad ciudadana para hacer contrapeso a las instituciones de la federación. Las más de 2 mil policías municipales, tan cuestionadas por su subordinación criminal, ineficiencia, ineficacia y colusión, son las candidatas para lograr niveles aceptables de seguridad a nivel local. Los escasos municipios con historias de éxito, que enfrentan a retos para continuar imponiendo el orden y no ceder ante la criminalidad con esquemas ajenos a los ciclos políticos y electorales, se plantean como el camino a seguir.
El mando único o la centralización en la policía estatal parece, también de nueva cuenta, ser la respuesta a las dificultades municipales para hacer frente a la criminalidad. Si bien, las 32 policías estatales cuentan con mayores recursos, al igual que las municipales, son sumamente cuestionadas. La subordinación a intereses políticos y económicos de grupo, así como el desinterés e incapacidad para ir más allá de la vigilancia y la reacción ante la criminalidad, las hacen candidatas muy cuestionables para instaurar la paz en las comunidades.
Esta situación, generalizada en los gobiernos locales, no deja más opción que pensar en la centralización de la seguridad en instituciones federales. Subordinar las policías estatales y municipales a una autoridad federal y ajena a los fenómenos sociales, políticos y económicos de las comunidades, parece ser la opción. La experiencia en los operativos de estas dos últimas décadas demuestra que son efectivas para disuadir temporalmente la actividad criminal, pero que difícilmente son suficientes para establecer un estado permanente de paz y seguridad.
Ante las muy variadas experiencias de fortalecer a uno u otro de los niveles de gobierno en seguridad, también se plantea, conforme al modelo anglosajón, crear policías intermedias o metropolitanas. Con una lógica impecable: crear una institución que atienda las necesidades muy particulares de cada metrópolis, lugares en donde se registra la mayoría de los delitos, sin limitaciones jurisdiccionales y bajo un solo mando se plantea como la solución para hacer frente a las muy variadas amenazas que viven estos muy particulares lugares.
El modelo metropolitano, dependiendo la forma en el que se instaure, generalmente implica la delegación de poder del municipio al gobierno estatal o al ente intermedio, como una junta o consejo, en la que los presidentes municipales y alcaldes llegan a acuerdos metropolitanos. En la práctica se presenta como: desde una integración de las policías municipales en una sola institución, hasta como esquemas formales de trabajo conjunto metropolitano, con esquemas de trabajo homologados para responder a las necesidades ciudadanas.
Construir una policía metropolitana es complejo, sus implicaciones políticas y de distribución de poder difícilmente son aceptadas por las autoridades. La perdida de control directo de sus policías les impide ejercer la fuerza y hacer cumplir las reglamentaciones municipales, así como beneficiarse política y económicamente de ellas. Ante ello, lo metropolitano se enfrenta a serios intereses que, con dificultad, se comparten o ceden a otras autoridades, que al mismo tiempo tampoco quieren hacerse responsables de aquello que por naturaleza le corresponde al municipio, al estado o a la federación.
Las ideas en el campo de la seguridad solo parecen contemplar estos 4 modelos de seguridad, que desde cierta óptica ninguno parece ser de utilidad. Todos y cada uno de ellos han sido probados en el país y han demostrado sus limitaciones. En este sentido, la defensa tanto del modelo federal, el centralista y el metropolitano, resulta absurda, pues ninguno de ellos ha logrado trascender en beneficio de los ciudadanos y sus libertades y posicionarse como experiencia exitosa relevante.
Ante ello, el debate entre el federalismo, centralismo o metropolitanismo parece ser estéril o secundario, pues difícilmente modifica lo sustancial para construir efectivos sistemas de seguridad. En la práctica, las jurisdicciones y el mando político es lo de menos si las policías continúan haciendo el trabajo conforme a paradigmas del siglo pasado. La reforma policial, ausente en el debate, es la clave, pues implica un cambio de paradigma que ponga al ciudadano al centro; de a las policías capacidades para investigar y producir inteligencia a las policías; para que, a su vez, puedan prevenir los delitos y así se transformen y consoliden como policías proactivas.
Los modelos exitosos a nivel global parecen coincidir en 6 asuntos: no se construyen en uno o dos gobiernos; son liderados y apoyados de forma multisectorial; se les desatinan recursos humanos y financieros abundantes; son de Estado y ajenos a los cambios políticos y de las agendas de los partidos; no se piensan acabados y contemplan esquemas de mejora continua; por ahí podríamos comenzar.
Recomendación estratégica: El problema central del modelo federal, central, metropolitano, regional, compartido o como se le quiera llamar, se encuentra en otro lado y está relacionado con la reforma policial, que no hemos iniciado y que va un siglo tarde. La seguridad ciudadana implica mucho más que la distribución de competencias, es un paradigma que guía el actuar policial, restringe a los políticos, que pone como centro a los ciudadanos y que no esta diseñado para actuar en altos niveles de violencia y criminalidad como la imperante en México.
Último momento: Como previmos hace una semana, las presiones se intensificaron sobre el gobierno federal para definirse en la invasión de Ucrania. Conforme avanza la captura de territorios y se intensifica la amenaza nuclear, los grupos pro rusos y los pro democracias occidentales actúan en el país, los primeros para ampliar su influencia en el continente americano y los segundos para preservar las alianzas geopolíticas. Con mucha probabilidad, el Gobierno de la República, en beneficio de la democracia, vida, libertades y derechos de los mexicanos, tendrá, en las próximas semanas, que definir una postura y con ello acabar con esa posición neutral que parece insuficiente para este siglo.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan