CIS Pensamiento Estratégico 42-2022
En múltiples ocasiones nos hemos referido al portafolio de instrumentos legales a los que podría acceder el gobierno mexicano de ser catalogada la criminalidad organizada transnacional como terrorismo. Este amplio portafolio, para la persecución de individuos, las organizaciones y Estados Nación vinculados con esta actividad violenta, se robusteció esta semana con la resolución de un caso ejemplar, que nos puede ser de utilidad lo que se puede hacer en contra de los actores, en este caso una empresa, que se vinculan y benefician de la actividad terrorista.
El 18 de octubre pasado, Cementos Lafarge en Siria, una subsidiaria de la empresa francesa de construcción Lafarge SA, acordó pagar una multa en Estados Unidos por 778 millones de dólares, al declararse culpable por compartir información criminal y conspirar para proporcionar apoyo material y recursos, entre 2013 y 2014 en Siria, a las organizaciones terroristas Estado Islámico de Irak, al-Sham (ISIS), y al Frente al-Nusrah (ANF); siendo la primera sentencia de su tipo en contra de una empresa que desarrolló y se benefició de los vínculos con el terrorismo.
La acusación, efectuada en Estados Unidos conforme al Acta de brindar apoyo material a los terroristas y en conjunto a la lista de las organizaciones terroristas extranjeras designadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos; se refiere a los beneficios que obtuvo la empresa en Siria durante una época en donde se vivía un conflicto armado que dejó un saldo aproximado, calculado por la Organización de las Naciones Unidas, la muerte de aproximadamente 500 mil personas, periodo durante el cual la subsidiaria, actualmente parte de la cementera Holcim, tuvo beneficios por al menos 70 millones de dólares gracias a los vínculos con el terrorismo.
Este caso será ejemplar, pues generalmente la información difundida por los medios de comunicación y que es de interés público sobre el terrorismo está conformada por actos de violencia, detenciones de presuntos responsables de haberlo cometido o por participar en la planeación de un ataque; mismos que suelen ser personas, algunas con amplios expedientes judiciales y larga vida en la clandestinidad o, en su mayoría, recientemente radicalizados y reclutados sin antecedentes. También solemos enterarnos de operativos para desarticular alguna célula encargada de la compra de armas, del robo de explosivos, la falsificación de documentos, la propaganda o por la organización de actos tendientes a el reclutamiento, pero rara vez sobre los vínculos de una empresa trasnacional de esta relevancia con el terrorismo.
Los casos de sentencias en contra de organizaciones formales, como Cementos Lafarge, son escasas. Si bien, es de sobra conocido que muchas empresas suelen pagar extorsiones a grupos terroristas y criminales en ambientes de alto riesgo alrededor del mundo para operar y asegurar la integridad de su personal, es raro que se les encuentre culpables de facilitar la actividad terrorista. Sin embargo, la cementera de origen francés no solamente pago estas extorsiones, sino que se benefició al adquirir pases de movilidad vehicular para que los empleados evadieran los puntos de revisión y negoció contratos de compra de materiales y venta de cemento a la organización terrorista ISIS.
La sentencia millonaria hace referencia al financiamiento del complejo y cada vez más sofisticado ciclo terrorista de violencia, que implica desde los actos de propaganda, la radicalización, de reclutamiento, el financiamiento, la obtención (legal o ilegal) de insumos, la conspiración y la ejecución del acto de violencia; hasta la protección de los implicados, la construcción de una narrativa, la difusión del acto, la defensa legal, la amenaza o amedrentamiento a investigadores, periodistas o agentes gubernamentales y el aprovechamiento del acto para fortalecer la propaganda y el reclutamiento, para con ello seguir con el ciclo.
Pese a las claras diferencias entre el terrorismo y la criminalidad organizada, este ejemplo judicial puede ser de utilidad para plantear un escenario, entre muchos otros, en el debate sobre los beneficios de que la criminalidad organizada mexicana sea catalogada por el Departamento de Estados Unidos como terrorismo. Imaginar una investigación internacional en contra de alguno de los muchos actores que facilitan y se benefician de las actividades criminales transnacionales, que en México se tratan como un asunto de Seguridad Nacional, sin duda alguna cambiaría el equilibrio de fuerzas entre la autoridad y los criminales.
Pese a los claros beneficios de este tipo de investigaciones, a nivel nacional, se conocen en raras ocasiones, pues para realizarse es necesario contar con sofisticados y experimentados sistemas de investigación, de los que carecemos en México o por lo menos que rara vez son utilizados en contra de los facilitadores criminales. Pues a la fecha, le ha sido más fácil a las instituciones de seguridad y justicia perseguir las actividades criminales en flagrancia derivada de las acciones de vigilancia civiles y militares, o por actos de violencia, en vez de hacer investigaciones criminales en contra de los diferentes componentes y estructuras que facilitan la actividad criminal.
De igual forma, nos muestra como investigaciones de esta complejidad implican un largo periodo, 10 años, de inversión de recursos y capacidades estatales de diferentes instituciones de seguridad nacionales y de la cooperación de las de otras naciones, así como el sistema financiero y de seguridad informática para dar resultados confiables. En este sentido, este caso demuestra como una política criminal de Estado y no de gobierno da frutos cuando no es definida por los cortos periodos políticos de los representantes; que en naciones como México definen el quehacer de las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano.
Recomendación estratégica: Las autoridades mexicanas deben tomar en cuenta el caso de Lafarge y trasladarlo a la lucha contra la criminalidad en el país. Con ello se podría vislumbrar que la persecución criminal va mucho más allá de las detenciones de personas armadas y los aseguramientos de armas u otros bienes generalmente en flagrancia. Para que las autoridades mexicanas comiencen a planear y desarrollar las capacidades para atacar a todos esos actores que facilitan los delitos y fortalecen las actividades criminales que hasta la fecha se encuentran intocadas y que paulatinamente capturan gobiernos, sectores y sociedad.
Último momento: Preocupantes los datos de diagnóstico criminal, supuestamente veraces, hechos públicos por los periodistas con acceso a la filtración de la Guacamaya. De seguir así, en los próximos meses o años, podremos tener una visión mucho menos optimista y más siniestra de la situación que ha vivido el país y del reto que, hasta el momento, parece tener neutralizadas a las instituciones de seguridad pública y ciudadana del país. Así como acceder a nuevos elementos para comprender la confianza depositada del Presidente de la República en las instancias de Seguridad Nacional para hacer frente a la criminalidad y su violencia.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan