por Melissa Ley Cervantes | Jun 27, 2019 | Análisis, Seguridad internacional, Seguridad Nacional, Seguridad Pública
En las últimas semanas hemos sido testigos del endurecimiento de la política migratoria en México, esto como respuesta a las constantes amenazas de Donald Trump de aumentar de manera escalonada los aranceles a productos que México exporta a Estados Unidos. Para calmar los ánimos el gobierno mexicano ha, entre otras cosas, desplegado a miles de elementos de las fuerzas armadas en las fronteras sur y norte del país con el propósito de frenar el flujo migratorio que transita por nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aunque muchos ven en esta acción la capitulación absoluta de los principios que, por lo menos en teoría, enarbola la política migratoria mexicana y la de asilo y refugio, todavía hay un punto de contención, un último bastión que las presiones de Trump no han logrado doblegar. A pesar de que aparentemente el objetivo final de las presiones de Trump es que los solicitantes de asilo provenientes de los países del Triangulo Norte de Centroamérica (sí, esos que llevamos más de un año viendo como son separados de sus hijos, hacinados en centros de detención o simplemente abandonados a su suerte en la frontera compartida) pidan asilo en México y no en Estados Unidos, el gobierno mexicano hasta el momento se ha negado. El concepto del “tercer país seguro” parte del supuesto de que las personas que solicitan asilo en un país- en este caso Estados Unidos- pueden recibir el mismo tipo de protección en otro país –en este caso México- y por lo tanto sería a quien tendrían que pedir el reconocimiento de su condición de refugiados. En teoría,...
