Esta semana tuvimos un importante evento en CIS Pensamiento Estratégico. Me refiero al Webinar Internacional en Inteligencia y Seguridad que CIS organiza bimestralmente y que en esta ocasión contó con la participación del politólogo argentino y especialista en inteligencia y seguridad Alejandro Salomón, para hablarnos de la Seguridad Interior en Estados Federales.
El argumento central que nos planteaba el expositor era tratar de entender los desafíos que presenta la coordinación de la seguridad en aquellas naciones organizadas bajo sistemas federales.
Siguiendo las definiciones del norteamericano, Deil Wrigh, Alejandro Salomón nos explicaba que el federalismo es aquella forma de organización entre diversos entes que se unen permanentemente y donde hay competencias y responsabilidades para cada uno, pero al mismo tiempo cuando surge un conflicto siempre prevalece el principio de la supremacía nacional al que todos juraron lealtad de alguna manera.
Desde esta perspectiva hay 3 principales desafíos para la coordinación en seguridad en estados federales:
1). La toma de decisiones. Dado que el insumo principal de la seguridad es el espacio (ya sea físico o virtual), por ello, coordinar esfuerzos de seguridad se vuelve un reto enorme en la medida que en ese espacio físico convergen distintos niveles de tomadores de decisiones (funcionarios públicos a nivel nacional, estatal y local) que atienden a mandatos populares o clientelares (de sus patrocinadores) muy específicos y por lo cual hacen difícil, incluso imposible, que los problemas se aborden bajo líneas medianamente coordinadas entre autoridades.
2) La percepción sobre los problemas de seguridad. Evidentemente hay diferencias en la forma como el universo de funcionarios encargados de la seguridad percibe los distintos problemas que enfrentan. Generalmente el funcionario a nivel nacional tiene una visión distante sobre un problema específico que afecta en el nivel estatal, o el funcionario del ámbito local no entiende la cantidad y complejidad de los riesgos y amenazas que suceden en lo nacional.
Esas diferencia en las percepciones también provoca que la distribución de los recursos para combatir a la criminalidad, que siempre son escasos, se distribuya siguiendo criterios extraños que terminan perjudicando la cooperación. El funcionario a nivel federal probablemente privilegiará concentrar los recursos en los grandes temas que le preocupan, mientras que el funcionario estatal estará menos dispuesto a colaborar con autoridades de otros niveles dado que cuida sus recursos para atender los temas puntuales que tiene que resolver.
3) La forma de ejercer autoridad. Por supuesto que las autoridades políticas van imprimiendo su propio estilo de ejercer autoridad en un estado federal. Es parte de la naturaleza de una federación que cada autoridad tenga un cierto margen de maniobra (que sería el marco jurídico y el respeto a los derechos y garantías de las personas) para atender un problema específico de inseguridad en el espacio físico que les toca gobernar.
De hecho, el expositor nos mencionaba tres modelos de análisis para entender el ejercicio de autoridad en este tipo de estados. El primero es la autoridad coordinada que da plena autonomía para que las diversas autoridades resuelvan los problemas específicos; el segundo es la autoridad dominante que asume una posición jerárquica donde el líder político toma todas las decisiones y el tercero es la autoridad superpuesta donde se privilegia más la negociación entre autoridades de los distintos niveles.
Lo que nos parece más interesante es que todos estos temas tratados en el Webinar son de gran relevancia en el caso mexicano ya que, no solamente ayudarían a explicar el fracaso de los últimos 3 años de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente López Obrador, sino que también, lo que resulta más preocupante, es que ayudarían a estimar por qué al final de su sexenio habrá resultados negativos en combate a la inseguridad.
A nuestro juicio, las variables que probablemente tendrían más peso para explicar este fracaso se encuentran en 1) la percepción que tiene el presidente sobre la inseguridad y 2) en su forma de ejercer autoridad.
En el primer caso, hemos documentado cómo el presidente no tiene intención de imponer una voluntad política en contra de la criminalidad. Los casos de Culiacán, el atentado en contra del Secretario García Harfuch, los feminicidios, los ataques cibernéticos, o la terrible situación en Michoacán dan muestra de lo anterior. Al no haber respuesta del gobierno a las acciones criminales, entonces éste entiende que puede seguir elevando el nivel de violencia. Su única acción política contundente contra la criminalidad fue el combate al robo de combustible en Pemex, pero más bien su acción se entiende como parte de su fijación por Pemex y no como una estrategia integral de combate a la criminalidad.
Su errónea percepción sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta el País también se refleja en que no ha publicado a casi 3 años de gobierno, ni siquiera discutido, un Programa para la Seguridad Nacional lo que hace que no haya una definición para el resto de los estados que conforman la federación mexicana sobre qué esperar y bajo que bases de coordinación se enfrentará a la criminalidad.
Finalmente, sobre la forma jerárquica como el presidente Lopez Obrador ejerce autoridad en su gobierno se explica mucho del fracaso político en materia del combate a la inseguridad. Las instancias de seguridad, que cuentan con cuerpos burocráticos especializados y capaces para enfrentar la criminalidad no tienen oportunidad de implementar ideas innovadoras o eficaces ni tampoco brindar consejo oportuno alguno dado que el presidente se ha convertido en su propio guía y consejero en materia de seguridad. Algo verdaderamente peligroso para el tamaño de problemas complejos en materia de seguridad que enfrenta México.