La criminalidad mexicana es prolífica; en las últimas décadas, ha demostrado capacidad de adaptación para continuar ampliando su participación en los negocios. Con vaivenes, como en cualquier negocio, es desde hace tiempo una de las mayores amenazas a la seguridad y estabilidad de México y otras naciones. Pese a ello, el gobierno mexicano continúa estando un paso, grande, atrás, para hacer frente a una criminalidad que se desarrolla a gran velocidad aprovechando las oportunidades locales y globales.
México, con sus muy limitadas capacidades institucionales, continúa luchando en contra de las más de 40 principales actividades criminales sin tener claridad sobre los fenómenos que se desarrollan en el país. Esto le impide prevenir o planear a futuro el sistema de seguridad. Para ser justos, hay que reconocer que pocas son las naciones con estas capacidades, como también son pocas las que tienen amenazas criminales y violentas similares a la mexicana.
La planeación y selección de prioridades en el sector de seguridad mexicano, pese a los intentos de actualizarlo y formalizarlo, tradicionalmente es guiada por actores externos a las instituciones de seguridad. En general, los hechos de violencia de alto perfil; las denuncias ciudadanas de relevancia; fenómenos largamente documentados o las presiones desde otras naciones definen las agendas de las instituciones de seguridad. Esta reactividad, que dependiente del comportamiento de terceros, impide planear, producir evidencia y análisis estratégico que vaya más allá del ahora; por lo que en la práctica se complica una toma de decisiones certera acorde con la situación y las tendencias criminales.
El análisis estratégico, de situación y/o tendencias, suele ser un instrumento para guiar a las instituciones y las políticas públicas que pocas naciones producen y muy pocos ciudadanos conocen. Para comprender lo que pasa en México solemos recurrir a documentos de instituciones de los EEEUU, de la Unión Europea, organizaciones internacionales o consultorías. Los trabajos académicos en pocas ocasiones aportan y el gobierno mexicano es raro que produzca documentos públicos más allá de la de los resultados operativos y la incidencia delictiva.
Referentes en análisis estratégico hay pocos, uno de ellos es la Unión Europea, que pese a ser lejano, por sus características políticas, tamaño territorial, población, diversidad y asimetrías, siempre es un buen ejemplo para visualizar hasta donde se puede llegar en el análisis estratégico en un ambiente adverso y complejo.
La Unión Europea, con sus 27 países, sus respectivos presidentes y primeros ministros; diputados y parlamentarios; policías nacionales, autonómicas, estatales y municipales; 24 idiomas oficiales y hasta 5 zonas horarias diferentes, sin duda alguna, tiene mayores dificultades para crear un documento estratégico que un país. Pese a ello, desde 2006 lo produce y no solo eso, también crea versiones públicas de acceso libre de los documentos para ayudar a los ciudadanos a comprender la situación criminal y sus tendencias.
La evaluación de amenazas de delitos graves y organizados o SOCTA por sus siglas en inglés, anteriormente OCTA, es uno de estos documentos de análisis estratégico utilizados en el proceso de políticas públicas de seguridad para la Unión Europea y sus 27 miembros, que ayuda a guiar las acciones operativas y concretas contra blancos específicos a partir de la evaluación de las amenazas y la compresión de los riesgos criminales.
El SOCTA produce análisis sobre: 1) las organizaciones criminales y los actores criminales; 2) las áreas criminales; 3) el impacto de las actividades criminales; 4) las estructuras criminales y 5) el ambiente en el que se desarrollan. Esto se realiza con la recolección de información sobre 5 indicadores: a) sobre el grupo criminal, b) áreas criminales, c) impacto, d) infraestructura criminal y e) ambiente.
En su versión pública, el último SOCTA del 14 de diciembre de 2021, señala que: 80% utilizan estructuras legales de negocios, 80% tienen más de seis miembros, 70% actúan en al menos 3 países, 70% utilizan el lavado de dinero, 60% utiliza la violencia como parte de su estrategia de negocios, 60% se conforman de personas de varias nacionalidades, 40% de las organizaciones criminales están involucradas en el tráfico de drogas, 40% tienen estructuras jerárquicas, 40% tienen más de una actividad criminal principal, 30% utilizan la corrupción con regularidad y 30% tienen más de 10 años de existencia.
Según el mismo documento, las organizaciones criminales se estructuran en redes en las que participan los intermediarios, tienen líderes, mandos intermedios y personal operativo, asesores legales y financieros, facilitadores servicios de lavado de dinero, falsificadores de documentos, empresas “fachada”, servicios de transporte y logística.
La corrupción se realiza a través de los sobornos, el nepotismo, abuso de autoridad y el tráfico de influencias; afectando a servidores públicos, oficiales de las policías, personas políticamente expuestas, miembros del poder judicial y del sector privado; y por lo tanto la seguridad, el desarrollo económico, la aplicación de la ley y la cohesión social.
Estos datos, entre otros, nos permiten darnos una idea del panorama criminal en la Unión Europea. El SOCTA, con una metodología semi publica, que también es recomendado por la Organización de las Naciones Unidad e Interpol. Un documento con dichas características debería de comenzar a producirse en México, entre tanto transparentar los documentos similares que son celosamente custodiados y administrados por los servidores públicos conforme a prácticas en vías de extinción sería beneficioso para la seguridad y el régimen democrático.
Recomendación estratégica: Los actores de la seguridad en México, gubernamentales, sociales y del sector privado, deben dejar de pensar como policías para volverse estrategas. La tradición de analizar la situación a partir de información operativa, de hoy para hoy, impide producir análisis estratégico de utilidad para crear soluciones de corto, mediano y largo plazo, sobre una amenaza criminal que paulatinamente captura a la Nación.
Último momento: Integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con controles de transparencia y rendición de cuentas, aumentar su tamaño y fortalecerla para enfrentar la criminalidad mexicana, es urgente para este gobierno. Crear una Policía (civil) Nacional será importante para el próximo gobierno, por lo que desde una vez los variados pre candidatos a la Presidencia de la República deberían de construir una propuesta que bien podría volverse una Política de Estado.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez. Colaborador de CIS Pensamiento Estratégico, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan