Las dificultades para reprimir las actividades criminales y violentas en México, se piensa, podrían ser disminuidas con el desarrollo de una política antiterrorista. En este sentido, la senadora Lilly Téllez presentó el pasado 7 de julio una propuesta de reforma al código penal que, pese a sus limitaciones, podría servir como base para comenzar a delinear lo que pudiera ser el inicio de una política antiterrorista.
Teóricamente, el crimen organizado y el terrorismo son cuestiones diferentes, de eso no hay duda. Lo que sí se encuentra a debate es qué tantos beneficios acarrearían utilizar los instrumentos antiterroristas para luchar contra la, transnacional y violenta, criminalidad mexicana.
La propuesta de la senadora Téllez explora tímidamente este camino, pues se limita a incluir en el capítulo de terrorismo del código penal las actividades criminales, cuestión que difícilmente podría significar un cambio sustancial que ayude a la lucha contra la criminalidad en el territorio nacional, ya que no profundiza en las complejidades de las actividades criminales, las terroristas y sobre el uso de la violencia.
La criminalidad mexicana y el terrorismo comparten elementos comunes, de ahí la pertinencia de luchar contra ellos con instrumentos del mismo tipo. En este sentido, las dos actividades, de manera general: 1) se conforman por grupos de personas organizadas; 2) tienen mecanismos de reclutamiento; 3) procesos de radicalización; 3) utilizan la violencia; 4) tienen injerencia en la vida social, política y económica; 4) crean redes tanto de protección como de defensa social, política y económica; 5) tienen mecanismos de control territorial; y 6) se vinculan con otras organizaciones de su tipo; pese a la diferencia en objetivos finales del terrorismo y la criminalidad.
Estas similitudes a nivel global y en México, por solo mencionar algunas, nos permiten pensar que pueden ser tratados de la misma forma, ya que la evidencia demuestra que la violencia de las organizaciones criminales se diferencia poco de los niveles de mortalidad y destrucción de la terrorista.
Los modelos antiterroristas son variados, en las democracias occidentales podríamos identificar dos: el anglosajón y el europeo continental (sin olvidar el de narcoterrorismo diseñado para Sudamérica). Estos dos modelos se basan en una diferencia sustancial: mientras que en el modelo anglosajón las libertades y derechos de los ciudadanos y los presuntos responsables son limitados seriamente por razones de Seguridad Nacional, el modelo europeo continental se encuentra limitado por el respeto a los derechos y libertades en equilibrio con la seguridad.
México, difícilmente tendrá un Acta Patriótica como la de Estados Unidos, no así un sistema similar al europeo que limite las capacidades institucionales en seguridad, que en el caso mexicano respondería a la sistemática y demostrada incapacidad de las instituciones para desasociarse de las organizaciones y actividades criminales y actuar conforme al estado de derecho.
Independientemente del modelo que se intentase instaurar, la lucha contra el terrorismo o la criminalidad organizada se enfrenta a un problema mayor: la fortaleza de las instituciones de seguridad y justicia. Ante ello, necesariamente cualquier iniciativa a corto o mediano plazo, tendría que producir un reacomodo de competencias para que la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia se vuelvan los actores centrales de las acciones: preventivas, disuasivas, de contención e investigación, como sucede en diversas naciones democráticas occidentales, como España, Francia, Canadá o Reino Unido.
Una política antiterrorista tendría que acompañarse de un serio y muy esperado esfuerzo de reconstrucción y construcción de las instituciones civiles de seguridad y justicia, para crear un esquema en donde desde los tres niveles de gobierno se trabaje en conjunto en pro de la prevención, contención e investigación de las actividades terroristas, siempre conforme a una serie de controles institucionales.
Las reformas, para apoyar la lucha contra el terrorismo, también tendrían que contemplar cuestiones postergadas desde hace décadas como la creación de una identificación obligatoria nacional, o en fechas recientes el padrón de dueños de teléfonos móviles. También, la creación de un centro nacional antiterrorista, el mejoramiento de los registros nacionales de seguridad con información en tiempo real, así como los registros federales y locales conexos con la seguridad desde los que se puede conocer y controlar las actividades y comportamientos ilegales en el país.
Una política antiterrorista implica un esfuerzo mayor del Estado mexicano que por el momento carece de los incentivos para construirla. El país ni ha vivido eventos de alto simbolismo que precipiten la acción gubernamental como los del 11 de septiembre en Estados Unidos; ni campañas de violencia de baja intensidad indiscriminada y sistemática como en Europa en el siglo pasado que alinearon a los actores políticos, sociales y económicos para hacer frente a una amenaza común para las naciones.
México se encuentra en un momento de polarización política y reacomodo de los sectores políticos, económicos y sociales a nuevas reglas formales e informales del gobierno federal. La resistencia al cambio e inercia de confrontación imposibilita llegar a acuerdos mínimos que permitan la creación de una política antiterrorista integral y funcional para las débiles instituciones de seguridad, por lo que por el momento podremos impulsar esfuerzos que con dificultad ayudarán a disminuir la violencia criminal.
Recomendación estratégica: Los actores que busquen modificar la política criminal y antiterrorista tienen que contemplar las realidades nacionales de polarización política y debilidad institucional. La búsqueda de una solución es compleja y depende en gran medida de un acuerdo nacional que supere el desinterés generalizado, la escasez de recursos para la seguridad, debilidad institucional y el alcance de la captura criminal del país. Aplicar una política antiterrorista a la criminalidad es una buena idea que se tiene que discutir e implementar con extremo cuidado, pues la vida, la libertad de las personas y la legitimidad y soberanía del país dependerían de ella.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan