La reforma policial en México continúa esperando tiempos mejores. Pese al impulso de la 4T para instaurar un nuevo modelo de policía basado en inteligencia y de las reflexiones a nivel internacional sobre el uso de la fuerza y la función de los policías, principalmente a raíz del homicidio del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, todo indica que poco se avanzará en la construcción de las instituciones policiales que necesita el país.
La realidad mexicana en seguridad se puede establecer en dos grandes retos: el primero es el de la delincuencia común y el segundo la criminalidad organizada, local, nacional o transnacional y violenta. Estos dos, por más intersecciones que presenten y su nada despreciable mutua alimentación, se comportan y tienen capacidades muy diferentes para dañar a las personas y sus bienes; utilizar la violencia; penetrar el sector político, social y económico; y expandirse territorialmente.
Para las instituciones del Estado, estos dos retos implican el desarrollo de una amplia variedad de estrategias y acciones encaminadas a enfrentar los múltiples y extensos factores que crean, facilitan e incentivan la violación de la ley. Estas estrategias, tanto preventivas como reactivas; basadas en buenas prácticas y evidencia; ya sean civiles o militares; con participación de la sociedad civil, financiamiento del sector privado y agencias internacional o sin ellos, crean un espectro variado de acciones gubernamentales, en los tres niveles de gobierno, generalmente inconexas, temporales y en competencia.
El establecimiento de un modelo nacional de policía parece ser la propuesta de la 4T para ordenar y estructurar la respuesta estatal hacia la criminalidad. Este esfuerzo, posiblemente sexenal, podría llegar a ayudar a crear esas instituciones de policía a las que aspiramos los ciudadanos. Sin embargo, los escases de recursos financieros; de capital humano y talento; de medios físicos y tecnológicos, dificultarán seriamente su implementación.
El modelo nacional, para todas las instituciones del Estado y diseñado conforme a las mejores prácticas internacionales, busca acertadamente crear policías con capacidades para hacer frente a la criminalidad común y la organizada y violenta. El escenario para su implantación es complejo y se caracteriza por altos niveles de violencia; principalmente en lo que se refiere a la penetración criminal en los sectores político, económico y social; corrupción y simulación gubernamental; generando con ello una presión social nacional e internacional. Por ello, este esfuerzo de la 4T de modelo nacional seguramente será benéfico para algunas autoridades mientras que para otras pasará desapercibido.
Esta situación, natural en una reforma institucional policial de este calado, producirá muy posiblemente ejemplos locales de desarrollo de policías guiadas por la comunidad, preventivas, cercanas a las personas y proactivas. También líderes, en los ámbitos políticos y sociales, y alianzas entre sectores en los territorios que cuenten con los recursos financieros y humanos para desarrollar este nuevo modelo y que presenten una relativa calma con bajos niveles de violencia criminal organizada.
Para los demás territorios, la mayoría, con altos niveles de violencia criminal organizada y con escasos recursos financieros y humanos, el nuevo modelo propuesto por la 4T quedará para un mejor momento cuando la vida política, económica y social local deje de estar determinada por las organizaciones criminales.
Estas dos realidades se traducen en una necesidad institucional de crear, simultáneamente, policías de seguridad ciudadana, enfocadas en el mejoramiento de las comunidades y policías paramilitares, con capacidades de ejercer altos niveles de violencia de forma legítima para contener a las organizaciones criminales violentas que actúan en el país.
Las dificultades para crear este tipo de instituciones integrales es que para su implantación se requieren de un esfuerzo mayor de un Estado mexicano, el cual tiene que diseñar una solución útil tanto para prevenir los delitos realizados por personas por razones de hambre, así como los realizados por los líderes y operadores de las grandes y millonarias organizaciones criminales, ello en un marco que asegure las libertades y los derechos humanos de las personas.
La pugna real entre los dos modelos de policías, las airadas defensas de sus entusiastas y las diferencias en sus resultados dificultan el desarrollo de un esquema integral, diferenciado, consiente de las necesidades, recursos y prácticas locales, y con visión de Estado a largo plazo. Situación que afecta el proceso de toma de daciones, el debate público y que propicia malas prácticas en el proceso de convencimiento sobre los supuestos beneficios de las soluciones, siempre finales e irreversibles, que se buscan instaurar.
México se encuentra en un momento delicado; la criminalidad organizada y violenta sigue aumentando sus capacidades de irrupción a nivel local, nacional y transnacional. Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha desencadenado el inicio de una etapa incierta en todos los sentidos y el inicio de una crisis económica global que dificultará la construcción de instituciones que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
La violencia y la criminalidad durante este periodo tenderá a incrementarse, la necesidad económica, la frustración y la falta de claridad en el futuro se volverán elementos de trascendencia en el proceso de toma de decisiones de los ciudadanos, lo cual augura una etapa de escaso cumplimiento de la ley y seguimiento de las normas, en todos los niveles y sectores, tanto políticos, sociales como económicos.
Este escenario de falta de esperanza de los ciudadanos, en conjunto con instituciones débiles en materia de seguridad, como las mexicanas, que no han desarrollado capacidades para atender la delincuencia común ni para enfrentar la organizada y violenta; todo ello debería obligar al Estado a tener claridad sobre los medios y los resultados deseados y posibles, hacerlo trabajar en conjunto con la sociedad y comunicar adecuadamente sus acciones.
El dilema mexicano seguirá presente y para la construcción de las policías que deseamos se necesitará liderazgo, talento y oficio. Afrontar las grandes necesidades nacionales, comprender los debates internacionales de reforma policial y aceptar las oportunidades y límites de una época incierta y única en la historia moderna de la humanidad será sin duda un desafío mayor de la 4T.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del comité organizador del Webinar en Estrategia y Seguridad de CIS Pensamiento Estratégico; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan