Mineápolis y Jalisco: las distintas velocidades de la Reforma Policial
En pleno 2020 con la pandemia del COVID-19 y la necesidad de reforzar la distancia entre las personas, dos eventos de barbarie, en escenarios completamente diferentes, han puesto la lupa en una de las instituciones conservadoras, opacas y necesarias en el Estado moderno: la policía.
Las instituciones policiales durante la pandemia han vivido una nueva y estresante situación. Por un lado, ante la ausencia de las personas en las calles, han visto una reducción de los crímenes, el desorden y de las actividades antisociales a las que se deben enfocar. Mientras que, por otro lado, se vieron requeridas para controlar a las personas que no cumplieran las ordenanzas sanitarias, apoyar a los servicios de emergencia y monitorear los espacios públicos.
Estas variadas funciones, propias de la seguridad ciudadana y los modelos de policía de proximidad extendidos en las democracias occidentales, demuestra que hoy en día algunas instituciones de policía saben responder a las necesidades ciudadanas ajenas a la persecución de las actividades criminales y al ejercicio legítimo de la violencia. Esta situación zanjaba el debate sobre su valiosa función social y demostraba que la reforma emprendida para mejorar a las policías ha dado resultados, o al menos eso parecía.
El 25 de mayo en Mineápolis, Minesota en Estados Unidos de América, George Floyd fue asesinado por los oficiales de policía Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao, quienes ejercieron un exceso de violencia al arrestarlo tras ser acusado por hacer un pago con un posible billete falso de 20 dólares. Casi 10 días después, en Jalisco México, se conoció el homicidio, un mes antes, de Giovanni López en custodia de la policía después de ser arrestado presuntamente por negarse a utilizar cubrebocas.
Estas dos situaciones diametralmente diferentes con el mismo resultado, la muerte de el detenido, muestran que los avances de las instituciones policiales demostrados para hacer frente al COVID-19 son insuficientes para cumplir las expectativas ciudadanas, ante ello es necesario reflexionar conforme a tres cuestiones: 1) el uso desmedido de la fuerza; 2) un modelo de seguridad ciudadana incompleto y 3) una reforma policial de distintas velocidades.
El uso desmedido de la fuerza es un reto para cualquier institución policial en las democracias occidentales; pues históricamente los reclutas idóneos son propensos a utilizar la violencia, son obedientes y respetuosos de los escalafones, con poca educación y aspiraciones. También, el trabajo de policía es considerado uno de los peores existentes, sin contar que en las condiciones laborales suelen ser precarias, en contraste con el riesgo que implica el trabajo. Esto hace que los policías tengan dificultades para dialogar con los ciudadanos de comunidades diversos, carezcan de elementos para cuestionar a sus superiores y sean propensos a reaccionar violentamente en cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad, la ley y el orden que deben vigilar.
Esta forma de actuar era la adecuada para las instituciones policiales dedicadas a perseguir en flagrancia a presuntos delincuentes, intimidar y ejercer el miedo a los ciudadanos para que no violentaran la ley y perturbaran el orden desde una visión ajena a la vida en las calles y barrios, indiferente ante las necesidades de las minorías y distante a las necesidades de las personas. No para las policías democráticas, respetuosas de los derechos humanos, transparentes y dedicadas al cuidado de las personas que las financian: los ciudadanos, a las que hoy en día aspiramos.
Tanto México como Estados Unidos en los últimos 50 años han invertido, con sus grandes diferencias, considerables recursos a la profesionalización y mejora de las condiciones de vida de los oficiales de policía. Se ha reconocido que reclutas con estudios, capacidades de negociación, fortaleza mental e inteligencia emocional ayudan a reducir las situaciones de exceso de uso de la fuerza. Se les ha dotado de cursos para respetar los derechos humanos, conocer la ley, saber cuándo utilizar la fuerza y tratar con los ciudadanos; y se ha buscado mejorar sus condiciones de vida.
Esta mejora de los oficiales de policía no fue suficiente para evitar la muerte de Giovanni López y George Floyd y hace evidente una situación que parecía saldada: la instauración de un modelo de seguridad ciudadana. Este modelo comprendido de diferentes maneras es consecuencia de un proceso político institucional en donde los ciudadanos, los políticos y las personas que componen las instituciones de seguridad interiorizan la función policial en beneficio de los ciudadanos y no como un ejercicio de poder y control social.
Los homicidios de estas dos personas mostraron que el modelo, en el mejor de los casos, se encuentra incompleto e inacabado, que a las instituciones policiales y sus oficiales les es difícil conciliar la necesidad de ver al ciudadano como enemigo para justificar el uso de la violencia legítima y el rol de facilitador y negociador comunitario que evita los conflictos y la violencia en los barrios que se les exige hoy en día.
El comportamiento en EEUU de ciudadanos y algunos políticos, los jefes y oficiales de policía demostrando empatía y apoyo con las demandas sociales, poniéndose de rodilla y uniéndose al pesar por la muerte de Floyd, contrasta con la imagen del oficial Chauvin sofocando a George Floyd para asesinarlo, a la solicitud del presidente Trump de no ser tan buenos con los criminales, al uso desmedido de gases lacrimógenos y las embestidas violentas de los oficiales de policía en contra de las demostraciones pacíficas ciudadanas.
En México, las poco conocidas imágenes de oficiales de policía entregando agua a los participantes en las demostraciones pacíficas en Jalisco contrastan con las de los oficiales de la policía de investigación estatal armados con los parapetos oficiales y palos dispuestos a enfrentar, dispersar y detener a los manifestantes, de los detenidos en vehículos privados y de las acusaciones de desaparición forzada, tortura y actos degradantes.
La oposición de estas imágenes muestra una reforma policial de distintas velocidades. Mientras que en algunas ciudades en EEUU han instaurado modernos sistemas de seguridad ciudadana enfocados en la mejora de la vida de los ciudadanos; en otros prosiguen las viejas prácticas de los modelos policiales tradicionales del siglo pasado. Los grandes modelos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles o San Antonio se diferencian de la forma represiva de actuar de las instituciones de seguridad de otras ciudades en particular con la de Mineápolis.
En México la situación no es muy distinta, con las debidas diferencias y los posiblemente 50 años de retraso en la reforma policial, esta va a diferentes velocidades. Mientras que algunos municipios del país como Morelia, Escobedo, Mérida o San Pedro Garza García y estados como la Ciudad de México, Querétaro o Nuevo León han emprendido esfuerzos para reformar a sus policías, en general, el resto del país se encuentra inmerso en el modelo de policía tradicional, violento y que ve como enemigos a los ciudadanos. Con el añadido de que en el país hay una situación de corrupción generalizada, uso personal y de grupo de los recursos gubernamentales, impunidad sistémica y un serio problema de criminalidad organizada.
La diferencia en los países, los recursos y el interés gubernamental y social marca la velocidad de la reforma policial, que, en los dos lugares, Mineápolis y Jalisco, se ha quedado corta y puesto en duda lo que se está haciendo para mejorar este tipo de instituciones. En Estados Unidos, todo indica, comenzará un debate local sobre la función del oficial de policía, las prácticas hacia las minorías y sobre el uso de la violencia, que probablemente arroje resultados positivos y haga repensar qué queremos y qué necesitan las instituciones policiales.
En México es poco probable que se inicie un debate, en cualquier nivel, sobre las policías. Las reacciones ante el asesinato de Giovanni por parte de los responsables político y técnicos evitan el tema de la reforma policial. De igual forma, los ciudadanos, quienes deberían de presionar por una modernización de las instituciones se encuentran enfrascados en discusiones estériles sobre el derecho a la movilización social y el daño a los bienes públicos.
Las repercusiones internacionales del homicidio de George Floyd pueden ser aprovechadas por los líderes locales y sus comunidades para construir las instituciones que los ciudadanos desean. Existe la necesidad de aclarar el tipo de policía que se tiene, lo que se espera de ella, lo que se necesita para cambiarla y mejorarla y lo que puede hacer. Independientemente de la visión conservadora y tradicional o liberal y moderna las comunidades tienen el derecho a saber cómo va a actuar su policía, a no ser engañados con discursos políticos, conocer las limitaciones, decidir emprender una reforma o seguir con instituciones tradicionales.
Los gobiernos y las comunidades que sepan aprovechar la coyuntura podrán dar un salto y avanzar en la reforma de esas policías que a este momento escasamente cumplen con lo que se espera de ellas. Algunas estarán en condiciones de iniciar el proceso hacia la seguridad ciudadana, mientras que otras a lo más que podrán aspirar es a mejorar su modelo tradicional. Sin embargo, e independientemente de la situación que vivan las policías, la violación de los derechos humanos, el uso de la violencia y la profesionalización de los oficiales deberá de dejar de ser un tema pendiente pues la vida de las personas, la libertad de los oficiales y la legitimidad de las instituciones depende de ello.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del comité organizador del webinar en Estrategia y Seguridad de CIS Pensamiento Estratégico; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan