Termina el año y antes que nada queremos agradecer al lector habernos acompañado durante este periodo, esperar que lo escrito haya sido de utilidad y que en 2020 podamos seguir aportando para el análisis de la mayor prioridad en el país: la seguridad.
2019 fue un año movido. A nivel nacional inició con el despliegue de la Guardia Nacional y casi termina con la detención de Genaro García Luna, esperamos que en lo días faltantes el país permanezca en calma, veremos. A nivel internacional los temas fueron variados el terrorismo siguió siendo la prioridad, al igual que los conflictos geopolíticos, las revueltas sociales y la ciberseguridad.
Durante 2019 el gobierno mexicano continuó enredado con un diseño institucional confuso que ha subordinado la Seguridad Nacional y las nociones de seguridad interior a la lucha contra la violencia criminal y los cárteles. Por ello, al igual que los predecesores no ha logrado salir de un esquema centrado en lo prioritario y dejando pendiente lo importante: la supervivencia de la Nación; con el subsecuente problema de que los grandes temas de seguridad para la Nación se desvanecieran y que el país dejase de ser un actor en los ya por sí pocos espacios multilaterales de seguridad internacional.
La cooperación internacional, en aumento constante a nivel planetario, para nuestro país se estancó. El precio de un nuevo diseño institucional, la curva de aprendizaje de los funcionarios, la compleja construcción de confianza y una estrategia aparentemente excluyente del carácter transnacional y global de la criminalidad ha dejado esta actividad clave y beneficiosa, si es que no obligatoria, para la lucha contra una criminalidad mexicana caracterizada por altos niveles de violencia, con presencia en más de dos docenas de naciones, diversificada y con control territorial nacional y alianzas internacionales.
La violencia y los altos niveles de letalidad criminal continuaron en aumento. La expansión y consolidación de grupos criminales prosiguió y con ello se observó un incremento en casi todas las actividades criminales que miden los indicadores oficiales. Al mismo tiempo, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, de manera general, se encuentra estancada y con pocas perspectivas de que la lucha por la seguridad y una disminución de la violencia de resultados a corto plazo.
Las instituciones de gobierno, federales, estatales y municipales, parece no encontrar una fórmula duradera para regresar la paz y la tranquilidad a los hogares. En el mejor de los casos algunas experiencias con resultados positivos, de gobiernos municipales han sido replicadas por sus pares, con resultados diversos y siempre dejando la duda su consolidación, institucionalización y resistencia al cambio político.
La construcción de instituciones locales, pese al desinterés de algunos responsables políticos estatales, municipales y federales, avanza con el impulso del Gobierno de la República del Modelo de Policía y Justicia Cívica, un proyecto de mediano y largo alcance que aspira a desarrollar a nivel local algunas de las buenas prácticas internacionales y nacionales que de ser implementadas de forma adecuada, con los recursos y el respaldo político necesarios se espera sea la base para la creación de las primeras instituciones de policías democráticas en el país.
La seguridad metropolitana también ha sido de interés para las autoridades federales. Una de las apuestas es el apoyo que se le ha dado a las áreas metropolitanas de Guadalajara y Mérida para conformar instituciones policiales con una visión conforme a las realidad social y económica que vivimos los ciudadanos en donde las jurisdicciones dejen de ser un impedimento para crear y desarrollar estrategias integrales que ayuden a mejorar la seguridad y disminuir la violencia de forma general y en beneficio de todos los ciudadanos que habitan las metrópolis.
Tanto los delitos graves, como la criminalidad común siguen presentándose en un ambiente de impunidad generalizado. La estrategia de seguridad, basada en la mejora de la calidad de vida tardará años si no es que décadas en mostrar sus resultados y el supuesto repliegue de las instituciones federales represoras del Estado muy posiblemente aumente la confianza criminal para actuar y expandir sus actividades, lo que a corto y mediano plazo dificultará seriamente la aplicación de la ley y el trabajo de las instituciones represoras del Estado.
Esta realidad se complementa con el reto de temas que hemos dejado pendientes. La seguridad informática carece de un espacio serio de debate y desarrollo de soluciones, en general instituciones, ciudadanos y empresas nos encontramos vulnerables a las nuevas formas de criminalidad que permiten las tecnologías. Las extorsiones, los delitos sexuales contra los menores, el abuso de confianza, la venta de productos ilegales o falsificados no son una prioridad para el gobierno federal; como tampoco lo es el robo de identidad, los fraudes cibernéticos, los delitos contra la privacidad y en general todo lo que sucede en por y en la Internet
Tampoco, vinculado con lo anterior, se ha resulto la participación del sector privado en la seguridad, cada día las empresas aumentan su responsabilidad en dar seguridad a sus clientes y ciudadanos, esto obliga a una colaboración 24/7 con las autoridades encargadas de prevenir, contener y perseguir los delitos. La capacidad del sector privado de liderar y financiar proyectos, sus necesidades específicas, la producción de información estratégica y operativa y su capacidad y velocidad para dar respuestas a los retos es algo que los gobiernos no acaban de acomodar, en algo que era responsabilidad única del Estado: la seguridad.
El género sigue ausente en las políticas, estrategias y esfuerzos de seguridad, los actores clave siguen siendo hombres, carecemos de una visión de formación de profesionales de seguridad y de un serio programa para asegurar la igualdad y prevenir la violencia para las pocas mujeres que incursionan en las instituciones de seguridad. Lejanos estamos de políticas con visión de género que tomen en cuenta las necesidades que tienen las mujeres para prevenir y perseguir los delitos que nos afectan a todos. De slogans difícilmente pasamos y los esfuerzos en general son diseñados a partir de la experiencia y el privilegio de los hombres, lo cual hace ausente una integralidad que se ve reflejada en programas específicos.
La T4 aspira a un cambio de régimen que conlleva un proceso de duda, escepticismo y sobre el futuro de los grandes planes nacionales afectarán sin duda alguna el comportamiento de las instituciones de los tres niveles de gobierno, las internacionales, el de la sociedad civil y del sector privado, lo cual tendrá un impacto en los fenómenos criminales, en sus facilitadores y en los condicionantes.
En los próximos años conoceremos las consecuencias de las acciones y omisiones presentes, por lo pronto esperemos terminar el año con casi 130 millones de cartas a Santa y a los Reyes Magos con grandes deseos para para terminar la segunda década de este siglo, compleja con nuevas amenazas y retos, para que México sea exitoso en preservar la paz y seguridad al interior de su territorio y a nivel internacional.
Venga 2020 y los mejores deseos
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan