El pasado 17 de octubre, la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, se convirtió en el primer escenario de conflicto bélico para un gobierno federal que se encuentra a escasos dos meses de cumplir un año. La detención de uno de los hijos del, hoy en prisión, líder del Cártel de Sinaloa desató un despliegue criminal que dio como resultado su liberación y el repliegue de las fuerzas federales participantes en el operativo.
El Presidente de la República y su equipo de trabajo decidieron, pese al costo político que conlleva y en razón de un objetivo mayor: la paz, aceptar y reconocer la situación presentada a partir de un inapropiado operativo en la ciudad de Culiacán, esto conforme a las posibilidades de actuación de los manuales de evaluación de amenazas de la Oficina de las Naciones Unidas en Contra la Droga y el Delito, en donde se plantea la existencia de 5 opciones de actuación: prevención, reducción, transferencia, aceptación y contingencia
La paz, entendida como la ausencia de violencia, desde hace por lo menos 7 años, es parte esencial de las políticas, programas y estrategias de seguridad. Para generarla se ha buscado enfocar los recursos federales a la prevención social del delito o a los causantes que originan la violencia, entendidas como las variables de bienestar y calidad de vida de las personas. Con estas políticas, hasta el momento y sin éxito, los tomadores de decisiones han buscado disminuir los hechos de violencia y reducir la participación de la población en las actividades criminales.
Esta visión preventiva, socialmente sustentada en políticas y estrategias desarrolladas y probadas en otras naciones, se enfrenta a una realidad en México que las hace parecer insuficientes. El crimen común, organizado y transnacional desafía diariamente el estado de derecho, la seguridad de las personas y de la Nación; pues desde los criminales dedicados al robo a transeúnte hasta los grandes capos criminales saben que la posibilidad de ser castigados por los delitos cometidos es prácticamente nula.
La impunidad generalizada en el país y sustentada en la reducida capacidad de las instituciones gubernamentales para hacer cumplir la norma, se observó de forma extrema en el evento que se presentó en Culiacán. Este hecho, grave e insólito, evidenció, por un lado, por lo menos tres fallas gubernamentales: a) la comunicación política; 2) la coordinación y 3) la planeación y operación. Mientras que por otro lado también demostró: a) capacidad logística; b) capacidad de fuego y c) superioridad numérica de los miembros de la organización criminal.
Estos seis elementos, sustanciales e interrelaciondos para la construcción de la paz, demuestran un a situación de cambio de juego, en donde inevitablemente se tendrá que ajustar la política de seguridad del gobierno federal para que no se repitan hechos de este tipo; se continúe la lucha contra la criminalidad y disminuyan los hechos de violencia; a la par que se mejoren las condiciones propiciadoras de la criminalidad y la violencia relacionadas con el bienestar y calidad de vida de la población.
El ajuste tendrá que incluir la estrategia de comunicación gubernamental de la SEDENA, SEMAR y SSPC, pues la información sobre el evento de Culiacán tardó en ser gestionada por las instituciones pesea ser un evento viral y de alto impacto mediático, nacional e internacional. La aparición de quienes dirigen tales instituciones fuera de tiempo dificultó el control de la narrativa y una explicación integral de los hechos que abonaran a la legitimidad, eficacia y eficiencia de las instituciones de seguridad y sus tomadores de decisiones, ante ello, el control de daños implicará un esfuerzo institucional mayor y la distracción de los recursos institucionales.
El segundo tema de ajuste implica el esquema de coordinación entre las instituciones de seguridad federales, SEDENA, MARINA y SSPC, y de la que se realiza con la Fiscalía General de la República, las instituciones estatales y las municipales. El evento de Culiacán demuestra descoordinación entre las instituciones federales participantes y poca comunicación con las locales. La presencia de la policía estatal; municipal; una Coordinación Estatal de la Policía Federal; la 9NA Zona Militar y que Culiacán es una de las 20 regiones donde se reforzó la presencia con la Guardia Nacional, no fue suficiente para hacer frente a la contingencia del despliegue criminal y para re establecer el orden.
Esta situación tendría que modificar la forma en que trabajan en conjunto las instituciones, pues en situaciones en las que se necesita hacer uso de la fuerza como se demostró en Culiacán, una acción valorada como menor, en cuestión de minutos puede llegar a retar la fuerza del Estado, poner en riesgo a la sociedad civil y la paz, por lo que los recursos nacionales deben de estar dispuestos para cumplir su función de la mejor manera posible.
Las dificultades de coordinación se vieron reflejadas en una pobre planeación y operación que dio como resultado el repliegue del pie tierra y la consecuente liberación de las personas detenidas. Este resultado demuestra la carencia de un análisis de situación, elaboración de escenarios, disposición de fuerzas y un plan de extracción, que ayudaran a disminuir el riesgo para los elementos gubernamentales desplegados en el operativo, los que actuaron en apoyo y, todo indica, que a sus familiares, quienes fueron utilizados como rehenes bajo amenaza.
Estas tres fallas gubernamentales, que independientemente el escenario son serias y razon de un riguroso análisis y deslinde de responsabilidades, se vieron agravadas por un enemigo, el Cartel de Sinaloa, preparado para defender Culiacán ante la presencia de fuerzas gubernamentales. En contraste con la actuación de las fuerzas federales, esta organización criminal desmostró una capacidad logística y de despliegue táctico en la zona; ataque y defensa; intimidación; con capacidad de cercar la ciudad y por último de obligar al repliegue gubernamental y por lo tanto de evitar la extracción y con ello obtener la liberacion de los detenidos.
La logística se vió acompañada de una capacidad de fuego pocas veces utilizada en el país y propia de escenarios de guerra. El uso de armamento. 50mm; de metralladoras antiaereas dispuestas en unidades móviles; el despliegue de decenas de vehículos con personas armadas con armas largas y con artefactos explosivos; la movilización de comandos; e inclusive la amenaza de uso de artefactos explosivos improvisados, en específico un tanque cisterna en contra de las familias de las fuerzas gubernamentales residentes en Culiacán, pusieron en riesgo a los elementos militares y policiales y a la sociedad civil, pese a que esta última no fue utilizada en general como rehén.
Este poder de fuego se vio acompañado del despliegue del personal criminal que se encontraba en la ciudad, del provenientes de lugares cercanos y de una campaña de reclutamiento in situ. Con ello, el personal desplegado por parte del Cártel de Sinaloa, superó en número, o así pareció, a las fuerzas gubernamentales y fue un elemento extra que propició el repliegue del Ejército; Guardia Nacional y Policía federal.
Los elementos mencionados definen a Culiacán como un parteaguas en lo que se refiere a la política de seguridad federal, que si bien, fue un evento similar a los que se han presentado en otras latitudes, inclusive metropolitanas, y tiempos en el país, es una operación que falló en su objetivo y que deja grandes dudas sobre la forma en que el gobierno federal comprender el uso legitimo de la fuerza pública.
México tiene una responsabilidad internacional en contra del crimen organizado transnacional como lo es el Cartel de Sinaloa, también una necesidad de disminuir el poder, capacidad y tamaño de las organizaciones criminales que actúan en el país y de detener a las personas que ejercen la violencia y cometen los actos ilegales. Negar esta realidad, no solamente pone en riesgo la seguridad internacional, sino que daría elementos a la narrativa que considerada a México como una nación generadora de violencia, un actor poco confiable y por lo tanto un mal socio con un futuro incierto.
El gobierno federal, pese a que en discurso diga lo contrario, tendrá que continuar con el ejercicio de la violencia legítima en la lucha contra la criminalidad. Misma que, a raiz del evento de Culiacán, puede pensar haber encontrado la medida a las fuerzas federales y decidir con facilidad amenazarlas o enfrentarlas con violencia extrema para replegarlas, lo cual aumentaría los enfrentamientos y con ello el riesgo para la sociedad. Sin embargo, seguramente reconoce que una situación similar dificilmente se volverá a presentar, que el poder de fuego, el número de elementos y capacidades logisticas de las Fuerzas Armadas es mucho mayor a lo demostrado el pasado 17 de octubre y por lo tanto que en un evento similar tienen pocas posibilidades de salir victoriosa la criminalidad.
Culiacán, como parteaguas, explica la militarización de las instituciones de seguridad en los tres niveles de gobierno y la necesidad de contar con grupos especializados que puedan ejercer un alto nivel de violencia para enfrentar la criminalidad. Por ello, a la par de el rediseño de las policías locales conforme el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, es necesario contar con una fuerza federal con capacidades para enfrentar a estos grupos criminales violentos, con control territorial y un poder que sobrepasaría a cualquier policía civil y local en el planeta.
Inevitablemente, durante los próximos meses, el gobierno federal mexicano tendrá que explicar a nivel nacional e internacional lo sucedido y cómo la política de seguridad abona a la reducción de la crminalidad, al establecimiento del estado derecho y a la legitimidad y mejoramiento de las instituciones de la Nación, ya que México, pese a sus dificultades, es uno de los paises de mayor relevancia global, estratégica y geopoítica, que por fortuna dificilmente será olvidado por la comunidad internacional.
Por ultimo, por el bien del país y de la población, el evento en Culiacán debe ser aprovechado para afinar la politica, estrategia e instituciones de seguridad y con ello iniciar el proceso de construcción de seguridad que necesita el país y que demuestre que en algunas ocasiones el perder una batalla ayuda a ganar la guerra.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan