Durante la pandemia, como consecuencia del uso de la fuerza policial, los homicidios de George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville y Ahmaud Arbery en Georgia, en conjunto con el movimiento de Black Lives Metters, la solicitud de recortes presupuestarios a las policías ha sido retomada como demanda social e iniciado una reforma policial en algunas de las ciudades de Estados Unidos.
Los recortes presupuestarios y el movimiento que lo sustenta, iniciado en la década de los sesenta del siglo pasado, tiene como objetivo reducir los recursos asignados a las instituciones policiales. Es parte de la agenda liberal que, inclusive, busca su desaparición. La demanda parte de la idea de que los recursos pueden ser de mayor utilidad para disminuir la violencia y criminales si se invierte en servicios sociales, en particular para las comunidades marginalizadas.
El movimiento busca que se inviertan los recursos en programas educativos y/o de salud que enfrenten retos sociales como la pobreza, el desempleo, la falta de hogar y los desórdenes mentales, lo cual ayudaría de mejor manera a disuadir la criminalidad. Asimismo, en programas alternativos de seguridad pública que reduzcan las tensiones raciales y culturales entre las comunidades y la policía.
La discusión sobre la forma en que deben de actuar las policías se remonta a su nacimiento; pesea a ello, Jerry Ratcliffe (Reducing crime, 2019) identifica que la policía moderna tiene cuatro objetivos centrales: prevenir el crímen, incrementar la seguridad de la comunidad, construir confianza pública en la policía y hacerlo de forma justa y conforme a la normativa. Esta variedad de responsabilidades desencadena que los oficiales paricipen en actividades tanto contraterroristas como de apoyo para el cruce de calles en las escuelas.
Las instituciones policiales modernas a las que se refiere Ratcliffe y a las que aspiran tanto ciudadanos como politicos y responsables técnicos, han realizado esfuerzos para mejorar y fortalecer la rendición de cuentas, transparencia, la diversidad de los oficiales de policía, el entrenamiento, la aplicación de modelos de policía de comunidad, que de poco han servido para crear confianza en las comunidades y mantener sus recursos.
Ni las unidades de asuntos internos, las auditorías, consejos o cualquier otro modelo ciudadano de control ha sido de utilidad para defender, en la coyuntura de la pandemia y la crisis económica, el financiamiento de las policías. Tampoco ha sido de utilidad el uso de tecnologías de vigilancia que, supuestamente, regulan el comportamiento de los oficiales de policía y de los ciudadanos para controlar el uso de la fuerza y la violencia, alinear las instituciones a las necesidades de las comunidades ni crear confinaza entre la policía y los ciudadanos
Hasta el momento, al menos 13 ciudades en los Estados Unidos han tomado decisiones encaminadas a disminuir el gasto e inversión en las policías. Entre ellas se encuentran la icónica ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Filadelfia, Portland y Austin, en donde en diferentes grados se han recortado los recursos y se han reasignado a otras áreas de las administraciones locales en donde se supone podrán lidiar de mejor forma con los objetivos planteados, empoderar a la comunidad y mejorar la seguridad.
El recorte presupuestario al departamento de policía de Nueva York fue de mil millones de dólares, una sexta parte de sus recursos anuales; en Los Ángeles el monto ascendió a una pequeña parte del de Nueva York, 150 millones de los 2 mil millones de presupuesto, 30 más de los 120 recortados en Austin de los 435 presupuestados y el doble del recorte en Seattle, 75, de los 375 anuales. Mientras que en Filadelfia y Portland el recorte fue, mucho menor, 15 millones de los 750 anuales y 12 millones de los 250 anuales respectivamente.
Los consejos de las ciudades buscaron raciaonalizar los reccortes del presupuesto y utilizar datos y evidencia para realizarlos sin dañar a la población que debe de beneficiarse de la protección de los gobiernos locales. Por ello no es de extrañarse, y conforme a las ideas que sustentan el movimiento, que fueran destinados principalmente a los departamentos de salud, educación, servicios sociales y a programas de salud mental y vivienda.
Los daños directos para los departamentos de policía y sus oficiales se observaran en la cancelación de las plazas no ocupadas y la suspensión de nuevas contrataciones, la disminución de horas extras de trabajo, en el entrenamiento y en la graduación de cadetes. Particularmente para Nueva York implicará la transferencia del programa de seguridad en las escuelas, se removerán los guardias peatonales y el servicio de recolocación para las personas sin hogar. En Los Ángeles, las respuesas no criminales dejaran de ser atendidas por la policía, la seguridad en las escuelas se verá afectada
Austin reubicará el servicio de 911, el laboratorio forence, el de asuntos internos y los servicios de apoyo a las víctimas. En Seattle se afectarán los recursos del grupo de reacción inmediata SWATT, el programa de seguridad en las escuelas, los estacionamientos, de vigilancia en el puerto y de apoyos a las personas sin hogar. Filadelfia reinvertirá en las comunidades de color. Portland terminará con la presencia policial en las escuelas y los medios de transporte, y disminuirá los recursos de la unidad de reducción con armas y los servicios para la juventud.
En estas ciudades algunos de los recursos que se recortarán a las policías se destinarán al programa de alimentación, acceso al aborto, de prevención de violencias, de formas alternativas de seguridad, iniciativas comunitarias y de policía de comunidad: así como, en la interación y ayuda a las personas sin hogar.
Las reacciones de los departamentos fueron variadas, los jefes han denunciado el riesgo de contar con menos elementos para dar seguridad y responder a los llamados de emergencia, la jefa de la policía de Seattle, primera afroamericana, Carmen Best renunció al puesto y el sindicato de la policía de Nueva York ha solicitado la suspensión del famoso programa de gestión CompStat.
Estos ejemplos en cuanto a los recortes presupuestarios y su redireccionamiento se enfocan directamente en un cambio de paradigma en las instituciones policiales, mismo que podría ser el inicio de una nueva reforma. Si bien conocemos que las policías exitosas aplican modelos de policia de comunidad, estrategias de disuación focalizada y basadas en datos para disminuir la criminalidad, las demandas ciudadanas son mayores y conforme a los objetivos planteados por Ratcliffe para las policías modernas existe la necesidad de que las instituciones de seguridad se enfoquen en las necesidades de los ciudadanos.
La rendición de cuentas y transparencia sistemática y accesible, la desmilitarización de los departamentos de policias, el control del uso de la violencia legítima y el conocimiento e investigación de las faltas de los oficiales son cuestiones que con urgencia necesitan ser atendidas por las policias de Estados Unidos y de las demás democrácias occidentales. También es necesario revisar el gran número de actividades y responsabilidades de los departamentos de policía y sus oficiales, del entrenamiento necesario para cumplirlas y de esa necesidad de que la policía, como primer representante del gobierno, atienda los múltiples asuntos públicos, violentos o no, que los exponen y dificultan el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
La reforma en Estados Unidos ha iniciado y con el paso de los meses veremos sus consecuencias que por ahora parecen ser convenientes políticamente en un momento en donde existe la necesidad de hacer recortes presupuestarios por la reducción de ingresos públicos derivados de la pandemia. Pese a ello, las demandas sociales lograron articularse, demostrar la posibilidad de lograr cambios en las policías y crear alianzas para, una vez más, reformar a los coservadores departamentos de policía y esos paradigmas que rigen actualmente a la mayoría de las policías modernas.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador del Webinar en Estrategia y Seguridad de CIS Pensamiento Estratégico; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan