Vivimos una crisis de Seguridad Nacional en dos aspectos: la seguridad de la Nación viene deteriorándose rápidamente y la respuesta a esa realidad no ha sido el fortalecimiento del establecimiento de la Seguridad Nacional. Crece el problema y no tenemos con que enfrentarlo.
Inútil resulta decir qué fue primero: ¿creció el problema por la desatención institucional o se quedó chiquito el aparato por la magnitud de la avería? Lo real es que ambos requieren de perentoria respuesta.
Seguridad Nacional menoscabada
La delincuencia organizada no es la única amenaza a la seguridad de México, sus habitantes y sus instituciones. También lo es la creciente ingobernabilidad, manifestada en la brecha cada día más extensa entre la abundante demanda social, la pobre oferta gubernamental y la disminución de los mecanismos para articularlas.
Ninguno de esos fenómenos se explicaría sin considerar la progresiva vulnerabilidad del Estado en su parte social y en su parte institucional.
Mientras la vida comunitaria se debilita y el crimen se organiza, el gobierno se desestructura y se paraliza. Apenas responde a la coyuntura y no alcanza a plantearse salidas de fondo, sustantivas.
Ruptura del tejido social
Los lazos sociales se van rompiendo por el ascenso de una cultura individualista y materialista, que favorece al consumo y el entretenimiento por encima de la responsabilidad y la solidaridad.
Sólo así se explica que haya podido persistir una exasperante desigualdad, una marginación ofensiva y una indignante discriminación de los mexicanos más pobres.
En las zonas rurales, sobre todo en las montañosas o desérticas, subsiste apenas una población con mínima actividad económica, insuficientes servicios sociales y prácticamente ningún gobierno. Nada extraño resulta que pueda encontrar su forma de vida en los cultivos ilegales.
Mientras las poblaciones van cayendo en el abandono, habitadas sólo por mujeres, niños y ancianos, los hombres jóvenes las abandonan en búsqueda de mejores oportunidades.
Algunos migran hacia la frontera Norte con la intención de internarse ilegalmente a Estados Unidos. En el camino arrostran grandes peligros y son fácil presa de tratantes y ladrones. Si logran cruzar la frontera o si se quedan en ella, acaban desarraigándose y empleándose en cualquier actividad, siendo las ilegales las más atractivas.
Otros migran internamente para convertirse en jornaleros esclavos en grandes plantaciones o en mineros suicidas en socavones inestables. Sobreviven temporalmente pero pronto entienden que serán pronto remplazados por mano de obra más vigorosa.
Los que llegan a la periferia miserable de las ciudades tal vez mejoren su situación, pero a costa de incorporarse a la economía informal, sin servicios básicos y con pocas probabilidades de hacerse de un patrimonio.
Crisis de gobernabilidad
Todos ellos engordan la demanda de bienestar que el gobierno atiende a ratos y parcialmente. Los caminos institucionales, obturados o inciertos llevan a muchos a buscar en la protesta una forma de chantajear a la autoridad para que tome interés en sus peticiones. Atendida así, a retazos, la demanda se complica hasta atascar la posibilidad de respuesta.
Marchas y plantones son cotidianos, cambiando sólo los protagonistas: campesinos sin tierras, colonos sin servicios urbanos, estudiantes sin escuela, trabajadores sin empleo, jubilados sin servicios médicos.
En ausencia de una autoridad que responda todo se va informalizando: vagoneros y comerciantes ambulantes sin control, taxis piratas, escuelas patito, médicos que no se han recibido o no dan recibo, policías privadas.
En el desorden pulula la delincuencia y se extienden la inseguridad y el miedo. Abrumada, desorganizada y sin preparación ni equipo, la policía se vuelve cómplice.
Crece la corrupción del aparato administrativo, ministerial, judicial y carcelario. La transgresión chica o grande de la ley y la impunidad se aceptan como una realidad inexorable.
Carente de legitimidad y credibilidad, la autoridad es vista como un mal cada vez menos necesario o, peor aún, como el obstáculo insalvable para que el país salga adelante. El caldo de cultivo para las opciones violenta o populista ya está ahí.
Restaurar la confianza social
La pobreza rural no podrá superarse sin un esfuerzo gigantesco para crear infraestructura de comunicaciones y para alentar proyectos productivos. Pero más que nada para constituir un verdadero orden de gobierno, capaz y respetado.
Mientras tanto hay que proteger a los migrantes y vigilar las condiciones laborales de jornaleros y mineros.
En barrios y colonias que muestran altos índices delictivos se requiere un amplio y focalizado despliegue de prevención social. Se han de establecer políticas de atención a adolescentes y jóvenes, con opciones educativas, laborales y de sana recreación. Urgente es la expansión rápida y consistente de la oferta educativa, particularmente de enseñanza media superior y media técnica.
Hacer gobierno
Es preocupante que la autoridad local no pueda crear y mantener cuerpos policíacos y se vea superada por el surgimiento de policías comunitarios y grupos de autodefensa. Peor es la falta de liderazgo en las comunidades. Sin autoridad legítima las comunidades tienden a disgregarse.
Esa autoridad no la habrá si no se superan sus limitantes estructurales (autonomía real, suficiencia presupuestal, desarrollo bien planeado) y si no se deja de ver a los alcaldes como figuras menores y secundarias. Las intervenciones subsidiarias de los poderes estatales deben ser limitadas, cuidadosas y breves.
Es desconcertante que los gobiernos estatales no puedan tener policías certificadas y confiables. Mucho más grave es no tengan credibilidad y la ciudadanía busque fuentes de información alternativas, que no siempre son de buena fe.
Esa credibilidad no la tendrán si no abandonan la política de minimizar los hechos violentos y magnificar las capturas de delincuentes. Más vale hacer entender a la sociedad que no hay soluciones mágicas, instantáneas y sin sacrificio.
Es inquietante que los esfuerzos federales por mejorar la seguridad no han sido lo suficientemente rápidos y certeros. Más malo es que no se pueda superar la persistente descoordinación y la absurda competencia entre organismos por captar la atención de los medios de comunicación.
Esa coordinación no se concretará si no hay una clara delimitación de atribuciones, responsabilidades y zonas de actuación; si no se cuenta con protocolos para misiones conjuntas y; un mando único que asigne las fuerzas con un criterio de largo plazo y con prioridades claras.
Es angustiante que no tengamos un confiable Estado de Derecho. Es desesperante que en ausencia de una cultura de civismo, democracia y legalidad florezca la narcocultura.
Ese vacío no llenará más que con un resuelto y permanente combate a la corrupción, que muestre una real voluntad de cambio. Se requiere igualmente una más decidida y veloz implantación del sistema penal acusatorio.
Insuficiente respuesta
El aparato de Seguridad Nacional creció determinado por la Guerra Fría, para enfrentar desafíos que ya dejaron de existir. Algunos fueron superados exitosamente y otros nunca llegaron a materializarse.
Se edificó bajo la sombra de gobiernos fuertes, a veces autoritarios. Se construyó en el marco de una democracia deficitaria, de bajo pluralismo y escasa participación. Se erigió como parte de un entramado centralista y centralizador. Se alzó en momentos en que la economía se expandía, crecía la clase media y el país se urbanizaba.
Fue funcional pero le faltó anticipación y flexibilidad para enfrentar los retos actuales. Hoy está ampliamente rebasado y no encuentra su nuevo rumbo.
Empezando por su marco jurídico. Las funciones son imprecisas y hasta contradictorias. Se requieren nuevas leyes generales que incluyan a todas las reglamentaciones dispersas, pero fundamentalmente, que le den un mismo sentido a todos los esfuerzos. Cada uno de los órganos de la Seguridad Nacional, incluyendo a las Fuerzas Armadas, deben tener claramente delineado su papel y la forma en que interrelacionará con los demás.
Las labores de inteligencia perdieron su sentido de eficacia y tienen resultados decrecientes. Se les debe dar preponderancia, pero señalándoles puntualmente límites y controles, para que siempre se manejen dentro del respeto a los derechos humanos y de la imparcialidad democrática.
Los delitos crecieron por las cambiantes relaciones sociales, pero también porque al quedar impunes se incentivó su comisión. La suma de policías que no previenen, investigadores que no investigan, jueces que no castigan y custodios que no vigilan dio como resultado una ciudadanía doblemente agraviada: por el delito y por la incapacidad para castigarlo.
Hay que potenciar la capacidad de investigación criminal en los órdenes estatal y federal. Hay que depurar la judicatura. Hay que acabar con los privilegios y la corrupción dentro de los penales.
Pero sobre todo hay que ver a la Seguridad Nacional bajo una nueva óptica, con una visión de Estado. Un mundo multipolar y convulso y una ingobernabilidad interna creciente requieren nuevas estructuras, enfoques y capacidades.