Con el fin de avanzar en la preparación de una Agenda para el sector seguridad de nuestro país, Consultores en Inteligencia y Seguridad (CIS) ofrece a sus lectores una serie de notas producto de un diagnóstico de riesgos, amenazas y vulnerabilidades institucionales que hemos identificado en el estudio, seguimiento y participación directa con instancias que conforman el sistema de seguridad nacional mexicano.
Al tomar como referencia el tamaño de los textos de análisis publicados quincenalmente en la página de CIS, se decidió dividir dicho diagnóstico en varias entregas. En esta ocasión compartimos con ustedes la primera de ellas en la que se hace referencia a las siguientes crisis: la política, la del Estado de derecho y la de seguridad nacional. El propósito final será sustentar y ofrecer una AGENDA que oriente la actuación de los diferentes actores con mejores elementos conceptuales, metodológicos e informativos para el análisis de temas de inteligencia y seguridad en nuestro país.
Primera Parte
1. Crisis política, del Estado de derecho y seguridad
- Predominan intereses de personas, grupos y corporaciones en las esferas de poder del Estado y, a su vez, el debilitamiento de los intereses y objetivos generales, públicos y nacionales.
- Se desvanecen los cimientos del Estado de derecho frente a la reproducción de estructuras crecientes –horizontales y piramidales- de corrupción e impunidad en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en partidos y sociedad.
- La corrupción ha pasado a ser un fenómeno sistémico que debilita y desestructura los sistemas jurídico y político. Por tanto, predominan los llamados “arreglos” entre grupos de interés, por encima de la ley.
- Los “acuerdos políticos” de interés nacional se desvanecen, lo que ensancha la cultura de la ilegalidad y la impunidad, así como el proceso de desnacionalización de la sociedad.
- Declina, en los partidos, la formación ideológica y política de sus líderes e integrantes. Predomina el “pragmatismo político”. Los partidos dejan de serlo para convertirse en agencias de colocación y empleo. Se produce elvaciamiento de contenidos ideológicos, programáticos y estratégicos y, por tanto, muere el debate político constructivo; éste es sustituido por los escándalos mediáticos. Muere el partido como instancia generadora de una nueva cultura política.
- Los recursos por prerrogativas del Instituto Nacional Electoral se convierten en el primer botín político; el segundo lo representa el financiamiento que los poderes fácticos –incluyendo la delincuencia organizada- aportan a las campañas como parte del proceso de tráfico de influencias y muerte del partido como pieza clave de la democracia representativa y, por tanto, representación ciudadana.
- Élites del poder económico doblegan al poder político como parte de la mecánica de concentración del poder y eliminación del poder ciudadano. Consecuencia, crisis de la democracia representativa, en su vertiente electoral: por lo que sectores informados de la población reaccionan y deciden no participar en la que consideran “farsa electoral”.
- En este escenario la delincuencia organizada gana influencia en los sistemas electoral y de gobierno (federal, estatales y municipales), incrementa su capacidad de penetración en las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Adicionalmente, engendra y da vida a pequeños grupos de políticos y de funcionarios –que de formar parte de las nóminas delincuenciales-, se transforman –concluyen su metamorfosis- en delincuencia organizada –de cuello blanco y de cuello gris- y cobran desde los aparatos de seguridad “derecho de piso” a la delincuencia que les diera vida.
- Crece la cultura delincuencial en las esferas de poder frente al fracaso de los sistemas y métodos de control de confianza.
- Cultura delincuencial que se reproduce en la mayoría de los estratos sociales y da vida a una sociedad delincuencial.
- Se resquebraja el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la seguridad en el país.
- Sobresalen situaciones críticas de este proceso en amplias regiones del país donde se mantienen o crecen algunos de los principales indicadores negativos de inseguridad (violencia, homicidios dolosos, desapariciones, secuestros, penetración de la delincuencia organizada, corrupción, etc.): Destacan en orden de importancia, de mayor a menor grado: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Durango, Veracruz, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Baja California Sur, Baja California y Distrito Federal, entre los más afectados.
- No obstante la desmovilización en Michoacán de los grupos de autodefensa –algunos de ellos patrocinados por la delincuencia- que surgieran en contra de Los Caballeros Templarios, el fenómeno delictivo continúa.
- En ese contexto, voces claman por la formación de nuevos grupos de autodefensa y se suceden actos de “justicia por propias manos” en localidades donde hay ausencia de autoridades y elementos de seguridad.
- A ello se suman las actuaciones irregulares de policías comunitarias –Guerrero, Michoacán y Chiapas–, así como la proliferación de empresas y seudo-empresas de seguridad privadas, que encubren y “regularizan” la venta de protección a la ciudadanía.
- La falta de soluciones de fondo a los problemas de inseguridad, procuración y administración de justicia han generado una reacción en contra de la clase política y los partidos políticos, los cuales son considerados corresponsables de la corrupción e impunidad.
- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una vez entregados por la policía municipal a la organización delictiva Guerreros Unidos, puso al descubierto ante la opinión pública nacional e internacional el alto grado dedescomposición, desarticulación e incapacidad de las instancias de seguridad y procuración de justicia municipales, estatales y federales, así como reacciones de protesta y movilizaciones que se han prolongado en el tiempo.
- Crisis de seguridad pública y procuración de justicia que se asocia al grado de descomposición y crisis de la clase política que solo vela por sus intereses particulares, lo que se traduce en una creciente ingobernabilidad y retorno a las formas más primitivas del autoritarismo político, que en materia de seguridad se han traducido en el regreso a los métodos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones, detenciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso, así como criminalización de líderes y movimientos sociales, eventos que han sido denunciados y documentados ante organismos internacionales de derechos humanos; por tanto, crisis del Estado de derechoen su conjunto.
- La prolongación de la crisis política ocasiona una mayor fragmentación del poder político, y un mayorempoderamiento de los poderes fácticos locales, regionales, nacionales y transnacionales, en detrimento del Estado.
- En este escenario, en el corto plazo se advierten pocas señales de que prospere la implementación en tiempo delnuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial y del sistema nacional anticorrupción, recientemente aprobado por el Congreso de la Unión.
- En el caso del primero, se registran fallas en la estrategia de implementación federal y de los estados. La principal resistencia al cambio se observa en los ministerios públicos, los cuales están experimentando dificultades para adoptar en México el nuevo paradigma jurídico penal.
- El segundo, el sistema nacional anticorrupción, nacerá sin sustancia en tanto que preserva el fuero para la clase política y la intocabilidad del presidente de la república.
- La transición hacia un Estado democrático, experimenta un profundo estancamiento, e involuciona como efecto de la crisis estructural del Estado de derecho y la crisis de seguridad.
2. Crisis de seguridad nacional.
- La prolongación de la crisis del Estado de derecho y de seguridad pública ha devenido en una crisis de seguridad nacional, que al no atenderse como tal, al no reconocerse el escenario de emergencia, dichas crisis están evolucionando hacia una crisis estructural del Estado con afectaciones a la viabilidad del proyecto de Naciónconcebido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- El diagnóstico expuesto, refiere que la crisis de seguridad nacional se constituye en una variable dependiente de la crisis política; lo que significa que, en la medida de que empeora ésta, la primera evoluciona hacia una fase terminal.
- El debilitamiento y entrampamiento de la conducción política nacional, por la fuerte incidencia de los poderes fácticos en los diferentes órdenes de gobierno, formaciones políticas –partidos y asociaciones-, se ha traducido en una inconsistente e insuficiente elaboración de una política de seguridad nacional. Carencia que se ha prolongado por más de 12 años, con sus inevitables consecuencias.
- Bajo ese escenario, agentes de origen y con objetivos transnacionales, gubernamentales y privados, seguirán aprovechando los vacíos de poder para ocupar posiciones estratégicas en la economía, la sociedad y la política nacionales.
- No es extraño por tanto observar un incremento de las actividades de agentes gubernamentales de los EU. Ante la amenaza de posibles afectaciones de sus intereses por la crisis de seguridad que experimenta México –concebido como “su patio trasero”, justifican mayores actividades de espionaje e injerencia en los asuntos internos del país; especialmente intensifican su presencia e influencia en las instancias de seguridad nacional, procuración de justicia y seguridad pública y, de manera encubierta, en otros campos del poder nacional.
- Bajo este escenario, las “estrategias de seguridad nacional” formuladas en los últimos 14 años poco atienden las crisis estructurales antes referidas, en razón de que los distintos gobiernos se han visto presionados e influidos a apoyar y dar prioridad a las estrategias de los EU; bajo esa lógica los mexicanos poca atención ponemos al diseño de nuestra agenda de seguridad nacional. Sí en cambio, a la “agenda bilateral-transnacional” en la que predominan los intereses de los EU, tanto de su gobierno como los de las corporaciones estadounidenses.
- En la agenda factual –la no escrita-, convergen los intereses y objetivos transnacionales estadounidenses con los de las élites de poder locales.
- No es extraño por tanto observar por qué toma profundidad la crisis del interés nacional. Los intereses y objetivos de las mayorías no logran expresarse y representarse en la cúspide de los órganos de inteligencia, seguridad y gobierno del todavía llamado Estado mexicano.
- Élites de poder cosmopolitas locales, adeptas al joint venture con las élites estadounidense en los distintos campos del poder (económico, político, social y militar), prolongan y dan profundidad al proceso de desnacionalización de la sociedad mexicana.
- Asistimos a un debilitamiento de la identidad nacional, provocado por el cosmopolitismo desnacionalizado, que engendra contradicciones entre las élites responsables de la seguridad nacional.
- Fisura en la unidad nacional y, por tanto, colaboracionismo clandestino y abierto con las agencias de inteligencia y seguridad del país vecino, que deriva en campos minados de traición y desconfianza.
- Desnaturalización de las instancias de seguridad nacionales al incrementarse, en el marco de la Iniciativa Mérida, el reclutamiento de integrantes y ex integrantes de dichas instancias por las agencias de EU.
- Lo anterior da la pauta para que continúen las operaciones encubiertas de agentes de EU en el país, similares o mayores a: “Rápido y Furioso”, “Receptor Abierto”, “Arma Blanca”, actividades que ahora se verán beneficiadas con la autorización para que dichos agentes porten armas.
- En este escenario no ha existido la voluntad para desarrollar y acrecentar las capacidades para generarcontrainteligencia, ni acrecentar los blindajes necesarios ante modelos de seguridad, los de EU y México, con tan marcadas asimetrías y desproporciones. Sin contrainteligencia nunca habrá inteligencia mexicana.
- La pirámide de la desconfianza ocasionada por el cosmopolitismo desnacionalizado, la traición y el colaboracionismo con el extranjero, deriva en descoordinación entre los responsables de las instancias de seguridad nacional, acrecentada por la corrupción e influencia de la delincuencia organizada que impide se logren muchos de los propósitos de fusión de información, conocimientos, inteligencia y operación. Atomización y fragmentación que limita se obtengan mejores resultados en los distintos campos de la seguridad nacional.
- No se ha podido consolidar una dirección nacional, acorde con la situación de emergencia y crisis, que coordine los asuntos de seguridad nacional. Por ley esto correspondería al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, que recae en el Secretario de Gobernación; sin embargo, su agenda complicada en los asuntos de política interior le impiden adentrarse de tiempo completo en los asuntos de seguridad nacional.
- Es por ello que el Consejo de Seguridad Nacional funciona bajo un enfoque reactivo y no estratégico. Esto en gran parte también es consecuencia de que no todos los que forman parte de ese organismo son expertos en la materia.
- Las debilidades del Consejo de Seguridad Nacional y de sus cuerpos técnicos impiden la producción de inteligencia estratégica.
- Todo ello ha llevado a depender cada vez más de la “cooperación de Washington”, incrementando la pérdida de visión estratégica soberana del país en materia de inteligencia y seguridad, con los costos políticos incrementales para el Estado mexicano.
- No es extraño observar, bajo esta escenografía, a unas fuerzas armadas entrampadas en el estancamientodoctrinal, tecnológico y de desarrollo de las nociones de seguridad y defensa nacionales. En lugar de concentrar su esfuerzo en su modernización y re-conceptualización, así como en el crecimiento de la Armada y la Fuerza Aérea mexicanas, se ha privilegiado el crecimiento desmedido de las unidades especializadas para el combate a la delincuencia organizada.
- Del mismo modo, se sigue careciendo de una estrategia de desarrollo científico tecnológico acorde con las necesidades de la seguridad nacional.
- La crisis de seguridad limita la capacidad del Estado para redefinir su actuación en el entorno internacionalfrente a conflictos regionales y participar en las misiones de paz promovidas por las Naciones Unidas.