A casi dos décadas de los atentados ocurridos en Nueva York, Virginia y Pensilvania el 11 de septiembre de 2001, se ha vivido un proceso de militarización de las instituciones policiales en las democracias occidentales. Las naciones que han sido blanco de los mayores y más impactantes actos criminales tanto de motivación política (terrorismo) como económica (tráfico de drogas, por ejemplo) han recurrido a las fuerzas armadas para enfrentar este tipo de violencia.
En la actualidad, México discute la creación de una Guardia Nacional, desgraciadamente, y pese a su importancia, se ha dejado a un lado un tema nodal en el campo de la seguridad: la indefinición que tiene el país de modelo policial. Independientemente de las filias o fobias hacia dicha Guardia, existe una realidad palpable: las policías mexicanas de los tres órdenes de gobierno, al igual que en otras democracias, están perdiendo su identidad de origen para cada día parecerse más a las Fuerzas Armadas.
La evidencia es clara. Las policías locales, a similitud de la Policía Federal, lentamente se han vuelto unidades de reacción que utilizan grandes vehículos blindados, rifles de asalto, uniformes tácticos e inclusive, algunos de ellos, máscaras que ayuden a preservar su identidad. Esto ha creado una identidad que pretende inspirar/generar miedo en el enemigo a partir de un despliegue de violencia física y simbólica hacia todo aquel con quien tengan contacto. Ante ello, estas policías han dejado de parecerse al policía clásico de barrio que controla el desorden y la criminalidad con su presencia y un tolete.
Esta situación se agrava con el uso de vehículos aéreos, los famosos helicópteros Black Hawk, propios de zonas de guerra, y algunas otras medidas tomadas a nivel local -no muy memorables- como instruir a los policías a enfrentar con fuerza letal cualquier amenaza o aquellas echado mano de francotiradores para intentar controlar la inseguridad, e inclusive, en algunas ocasiones, han comprado granadas de fragmentación. Este tipo de medidas son ejemplos, entre muchos otros, de la forma en que las policías se han vuelto unidades militares o cuasi militares que siguen la lógica de malo-bueno, que pretenden eliminar e influir miedo al enemigo en vez de detenerlo para que sea juzgado.
El dilema actual de las policías es grande y dual. Por un lado, deben de hacer frente, de forma esporádica, a una violencia criminal letal y propia de zonas de guerra, mediante estrategias y tácticas de fuerza y miedo; y al mismo tiempo, se les exige que sean instituciones de proximidad, guiadas por los ciudadanos y dedicadas al control del desorden y la prevención de las conductas criminales. De tal forma que, al final del día, el oficial de policía debe estar capacitado tanto para estar al frente en un salón de clases de primaria en una campaña de prevención, como en un enfrentamiento en contra de comando criminal.
Esta dualidad casi esquizofrénica es uno de los elementos medulares por los que el modelo policial mexicano sigue en plena indefinición. La gran violencia, y el crimen que la propicia, que se vive cotidianamente en el país difícilmente permite que las policías se dediquen de tiempo completo a realizar funciones de seguridad pública o ciudadana, pese a que su objetivo principal es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como, preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Dando por hecho y sin cuestionar que el gobierno mexicano, con la Guardia Nacional o a través de otro mecanismo institucional, terminará con la violencia que ejercen las organizaciones criminales a corto o mediano plazo. El dilema sobre el modelo de policía que se requiere para hacer frente a una gran variedad de retos y amenazas a la seguridad de las personas seguirá pendiente. Invariablemente, tendremos que discutir la desmilitarización de las policías de los tres órdenes de gobierno y su rediseño para que se conviertan en instituciones a las que la población pueda acudir sin miedo para solucionar las diferentes situaciones “mundanas” de seguridad que vivimos los ciudadanos de a pie.
A ese debate no se ha querido entrar y la discusión sobre la Guardia Nacional al parecer no lo abrirá. Sin embargo, e independientemente de lo que suceda en el Congreso, la reforma policial de gran calado, a nivel federal y local, para crear instituciones sólidas y capaces, en los tres niveles de gobierno, que puedan enfrentar los retos de prevención, persecución, contención e investigación de las actividades criminales y violentas, quedará pendiente para mejores tiempos, posiblemente cuando la violencia se reduzca y nos deje ver el tamaño y daño que el crimen, organizado y no, ha dejado para la seguridad de las personas sus libertades y la de la Nación.
Dr. Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan