El terrorismo y el antiterrorismo son temas que poco o casi nada suelen interesar en nuestro país. Fuera del consumo de imágenes y datos puntuales sobre atentados o medidas en situaciones específicas, es raro encontrar información e investigaciones sobre el tema. Esta cuestión se complementa con la idea de que México no se unió a la guerra global contra el terrorismo y que al no tener un conflicto de este tipo en el territorio es un asunto externo, de tercera o cuarta importancia. Sin embargo, aunque no parezca, la economía y el comportamiento social en nuestro país han sido impactados por las actividades terroristas y, sobretodo, por las medidas antiterroristas globales, tan desdeñadas por académicos y tomadores de decisiones.
El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de América fue muestra de la globalización de esta actividad violenta. En Estados Unidos, la mañana del 11 de septiembre se perdieron alrededor de 3 mil vidas y los costos de reconstrucción, limpieza y respuestas militares implicaron un gasto de 3.3 billones de dólares, casi una cuarta parte del PIB de Estados Unidos en 2001. Con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York también vimos, entre otras cosas, como se desvanecía la posibilidad de firmar un acuerdo migratorio entre dicha Nación y México. Asimismo, nuestro país, por aquellas fechas, también fue categorizado como “poco confiable”, debido a que el gobierno no entendió la seriedad de la coyuntura mundial y decidió negociar superficialmente el apoyo a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y la inminente invasión a Irak a cambio de la reforma migratoria.
Esa mañana también desencadenó la imposición de nuevas medidas mundiales de seguridad en las fronteras, mismas que retardaron y modificaron el movimiento de bienes y personas por vía terrestre, aérea y marítima. En el caso mexicano, la consecuencia directa fue el incremento de las actividades criminales relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y la creación de un mercado interno ante la imposibilidad de exportarlas a Estados Unidos. Estos son los albores de la crisis de seguridad más severa que ha sufrido México y son las consecuencias más evidentes y a corto plazo relacionadas con el derribo de las Torres Gemelas. Sin embargo, existen otras medidas antiterroristas, nacidas a partir de aquellos atentados, que una década después seguimos padeciendo.
Las mayores consecuencias, e irónicamente las menos conocidas, han sido las económicas y sociales. Para comenzar, el primer sector que modificó el ambiente económico fue el de los hidrocarburos ya que sufrió un alza en sus precios. El petróleo durante la primera década de este siglo ha triplicado su precio, pasó de casi 30 dólares por barril de crudo en 2001 a más de 90 dólares en 2010. Esta situación, que en teoría sería benéfica para nuestro país, tuvo como consecuencia un incremento en el gasto para la importación de productos refinados como la gasolina. En este sentido, la gasolina también incrementó su costo, al pasar de 40 dólares por barril en 2000 a 94 dólares en 2010. Algo similar sucedió con la turbosina, utilizada en los aviones, que duplicó su precio entre 2001 y 2010, pasando de menos de un dólar a más de dos dólares por galón.
El sector de los transportes fue uno de los afectados que sufrió las consecuencias de dichos atentados. Éste no sólo fue dañado por el recrudecimiento de las políticas fronterizas, sino también por, la ya comentada, alza en los costos de los combustibles que encarecieron los movimientos de bienes y personas. De este sector, las aerolíneas fueron las más afectadas, ya que no solamente se enfrentaron a un mayor precio de la turbosina, sino también tuvieron que lidiar con la (des)confianza de los viajeros. Ante ello y para enfrentar la renuencia de las personas a subirse a un avión por los supuestos riesgos que implicaba el uso de este tipo de transporte, se tomaron amplias medidas de seguridad en los aeropuertos para reinstaurar la confianza en este sector. Adicionalmente, estas medidas implicaron un aumento de 10 dólares en el costo de los boletos por concepto de seguridad y una extensión de al menos una hora en el tránsito de viajeros por el fortalecimiento de los filtros de revisión. Lo que a su vez ha repercutido en un incremento de la ansiedad que producen las nuevas medidas de seguridad en los pasajeros, lo que en conjunto con los elementos anteriores ha significado una reducción del 5% del movimiento de personas por este medio.
De manera más reciente, en los aeropuertos estadounidenses se ha instaurado como medida antiterrorista que los agentes de seguridad tengan la facultad de revisar y requisar dispositivos electrónicos. Esta medida, que busca la identificación de información o datos de los viajeros sobre actividades terroristas para su prevención, también hace que dichos aparatos y su contenido pierdan su privacidad. Documentos confidenciales como estrategias empresariales o reportes médicos, por ejemplo, están a merced del manejo de funcionarios aeroportuarios. Esta cuestión, que de manera paulatina se globalizará, inhibirá los viajes de personas con información sensible y repercutirá en la forma en que nos movemos. Lo cual se verá claramente reflejado en uno de los sectores asiduos a los viajes: el los empresarios, quienes supuestamente valoran la confidencialidad de la información.
Las empresas navieras también fueron afectadas por las actividades terroristas, pero sobretodo por las medidas antiterroristas. La interrupción del tránsito en ciertas zonas del planeta, como en las costas de Somalia por los actos de piratería y los consecuentes secuestros obligaron a las empresas a gastar más en los viajes. Los cambios de rutas o la contratación servicios de seguridad privados, de ejércitos y de agencias policiales de los estados para proteger los navíos, también ha implicado gastos adicionales. Asimismo, se han tenido que invertir cuantiosos recursos para la obtención de certificaciones de seguridad para poder acceder a los puertos más importantes del planeta y así poder entregar la carga sin contratiempos.
El sector bancario, de igual forma, ha sufrido las consecuencias de las medidas antiterroristas. Con la finalidad de tratar inhibir el financiamiento de actividades violentas, han tenido que crear unidades anti-lavado de dinero. El monitoreo de los intercambios comerciales, empresariales y personales, ha implicado un nuevo gasto operativo y de personal. Asimismo, las medidas anti-lavado han impactado en las prácticas de recepción de efectivo o en las transferencias de grandes cantidades de divisas, modificando las ganancias de este tipo de empresas. Sumado a esto y con la finalidad de dar seguridad a los clientes, los bancos han tenido que realizar un gasto extra destinado a la compra de dispositivos de seguridad en sus instalaciones bancarias.
Un cuarto sector afectado por las medidas antiterroristas es el de las telecomunicaciones. Las compañías de telefonía e internet han tenido que invertir cuantiosos recursos para resguardar los datos de los usuarios y al mismo tiempo han tenido que tomar medidas para evitar que la infraestructura tecnológica sea utilizada para la comisión de delitos vinculados con el terrorismo, como el reclutamiento. Estos datos resguardados pueden ser solicitados por las autoridades policiales o judiciales para la prevención e investigación de los delitos. Cuestión que también implica que este sector tenga que destinar recursos para la creación de áreas destinadas a revisar la legalidad de las solicitudes de información y datos realizadas por las agencias de seguridad.
Un último sector económico también claramente afectado por el terrorismo ha sido el de las aseguradoras. Los atentados del 11 de septiembre implicaron un gasto para las aseguradoras de alrededor de 40 mil millones de dólares. Como consecuencia, la cobertura de los seguros ha sido limitada para dejar fuera el terrorismo o en su defecto, las pocas aseguradoras que siguen cubriendo este delito aumentaron los costos. Por ejemplo, las contrataciones de cobertura de infraestructuras, en industrias como la petrolera y el turismo, se han incrementado 30% desde 2001. Asimismo, diversas aseguradoras han dejado de proteger el desarrollo de nuevos proyectos en zonas vulnerables y violentas, aumentando el riesgo para los desarrolladores en varias partes del planeta que se aventuran a llevarlos a cabo sin este tipo de protección.
Más allá del impacto económico que ha afectado a sectores como los hidrocarburos, los transportes, el bancario, las telecomunicaciones y los seguros, el mundo ha perdido privacidad y libertades a consecuencia del terrorismo. El impacto de la pérdida de privacidad que permea hasta los niveles más micro de la sociedad, está vinculado directamente con la represión de las actividades terroristas. La pérdida de privacidad y libertades está siendo justificada, para bien o para mal, por la necesidad de tomar medidas preventivas en pro de un bien “superior”: la seguridad. Ejemplo de ello es el programaPrism de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NSA, por sus siglas en Inglés), enfocado a recolectar datos en internet y a intervenir llamadas telefónicas de forma masiva e indiscriminada de millones de personas (posiblemente usted esté entre ellas), con la idea de localizar a personas vinculadas con actividades terroristas. Con este programa de vigilancia, las autoridades estadounidenses tuvieron y tienen acceso a datos y reportes confidenciales de empresas, de estados de salud y en general de todo aquello que decimos y hacemos por estos medios. Como consecuencia, no menor, la información y datos que hemos producido se encuentran almacenados en los servidores de dicha agencia para ser utilizados en cualquier momento y con el fin que fuera necesario.
En México, a pesar de los procesos antes descritos, el análisis de los impactos y la prevención del terrorismo siguen estando prácticamente ausentes en la política nacional de seguridad. El país no se ha dedicado a formar especialistas que conozcan el tema, y los tomadores de decisiones poco o nada entienden de esta actividad violenta. Basta observar que entre los programas académicos de seguridad de instituciones educativas civiles y militares, no existe uno sólo dedicado exclusivamente a este campo de estudio, o bien, en los enfocados a la Seguridad Nacional solo se encuentra incluido como una materia tangencial. En el mismo sentido se puede observar cómo, durante sus participaciones en foros públicos, los responsables de la seguridad de nuestro país, ponen en duda la importancia de este tema. La situación descrita hace que continuemos siendo receptores de medidas antiterroristas globales que afectan nuestra vida, sin conocer a ciencia cierta las razones para su instauración; ello, claro está, mientras no tengamos en el país un conflicto de este tipo o que las organizaciones terroristas globales no nos elijan como centro de operaciones.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez.
Fernando Jiménez candidato a Doctor Universidad Carlos III de Madrid