Los últimos meses y muy posiblemente el próximo año y medio seguirán marcados por las amenazas del presidente de los Estados Unidos de América sobre la seguridad en la frontera sur de México, la criminalidad y en general la vulnerabilidad, amenaza y riesgo que implicamos los mexicanos y centroamericanos para la seguridad de los Estados Unidos de América. Paradójicamente esta situación, incomoda, puede presentar una oportunidad para colocar a México como un actor internacional en el campo de la seguridad, enmendar daños y finalmente asegurar la frontera sur de México.
Si bien los terroristas que atacaron en el 9/11 no entraron a los Estados Unidos por México, sino por Canadá, la realidad es que el gobierno de México tiene una deuda con el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de seguridad. Por más que queramos olvidar, la respuesta de los gobernantes mexicanos a los atentados del 9/11 no se encontró a la altura de las circunstancias. Los políticos mexicanos de aquellos años no comprendieron la importancia y consecuencias para la política y seguridad internacional del evento de aquella mañana y evidenciaron el reducido compromiso mexicano para la seguridad internacional y la de nuestros vecinos del norte.
Un grave error fue el regateo a los esfuerzos internacionales en contra del terrorismo, pero el colmo fue intentar negociar un acuerdo migratorio a cambio del apoyo de nuestra nación en la Guerra Global contra el Terrorismo. Aquella “enchilada completa” que convirtió a México en una nación satélite en los foros de seguridad internacional fue el primer intento de utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio en la relación bilateral, cuestión que ahora, paradójicamente, se presenta en sentido inverso.
Afortunadamente hoy en día la respuesta es diferente, los funcionarios del actual gobierno comprendieron la coyuntura y las consecuencias de regatear la solicitud de nuestros vecinos del norte de disminuir considerablemente el flujo migratorio, un tema complejo, que genera acalorados debates globalmente y que ha creado grandes dolores de cabeza a las democracias más consolidadas de occidente.
La respuesta mexicana implicó modificar sustancialmente la política migratoria y hacer una exposición de fuerza, policial y militar, para la disuasión de las personas que huyen de la violencia centroamericana y de la pobreza en otras latitudes, en algunos casos tan lejanas, como la República del Congo. Para ello, el gobierno ha desplegado 16 mil elementos de seguridad en la frontera sur de México, intensificado los controles carreteros y aumentado sustancialmente la vigilancia en las rutas migratorias, a tal nivel que se ha percibido una disminución notable de las personas migrantes en la frontera norte de México.
Sin embargo, para que la vigilancia y control de la migración se ha efectiva, el Gobierno Federal tendrá que atender una situación que no hemos hecho antes: la persecución de los presuntos traficantes de personas. Esto es importante subrayarlo por ser parte de un problema muy serio que tiene el país que es la criminalidad organizada, y aprovechar la coyuntura para comenzar a investigar uno de los delitos más lacerantes, el tráfico de personas, que potencialmente termina en situaciones de esclavitud moderna.
El tráfico de personas, según la ONU, es el segundo mayor negocio ilegal en el planeta, después de las drogas, con ganancias billonarias, creadas a partir de la explotación y comercialización de entre 600,000 y 800,000 personas cada año. Perseguir este delito, que implica otros como la falsificación de documentos, es especialmente complejo en un país, como el nuestro, poco acostumbrado a atenderlo, que con facilidad lo confunde con las migraciones y donde culturalmente queda poco claro que se entienda como una actividad ilegal.
Perseguir y romper con las redes y rutas de traficantes de personas, nacionales o transnacionales, es una estrategia que podrá, no solamente disminuir la presión sobre el país de las amenazas del gobierno de los Estados Unidos de América y atacar delito tan grave que afecta la libertad y seguridad de las personas migrantes, sino también, dificultar los canales de tráfico y contrabando que las organizaciones criminales utilizan y que coinciden con las rutas utilizadas por las personas migrantes.
Perseguir la criminalidad, independientemente del tipo, es acertado. Por ello, la estrategia del Gobierno Federal puede rendir frutos en lo nacional y lo internacional, solo si, se concentra en los traficantes de migrantes y no en los migrantes. Aprovechar la presión del gobierno de los Estados Unidos de América para controlar la frontera sur de México se diferencia mucho de aquellas estrategias de principios de siglo XXI de poner a los migrantes como moneda de cambio.
Las acciones llevadas hasta este momento en la frontera sur de México parecen ser suficientes para tener tranquilo a Trump, sin embargo, con él nunca se sabe y probablemente seguirán la serie de amenazas y represalias económicas en contra de México. Pese a ello, sería deseable que por iniciativa propia el Gobierno Federal desarrolle una estrategia integral de control de las fronteras que implique modificar los paradigmas actuales para que, por primera vez en la historia del país, esa zona porosa del país deje de ser utilizada por personas o grupos criminales.
Una posición proactiva del gobierno mexicano, aparte de crear fondos para el desarrollo, podría implicar la creación de un mecanismo internacional e intergubernamental de vigilancia y reacción fronteriza de aire, mar y tierra que disminuya la vulnerabilidad del país, enfrente las amenazas, ayude a pacificar a Nación y haga frente al crimen organizado transnacional y al terrorismo internacional.
Plantear una propuesta de este tipo haría que México se colocara como un actor interesado en la seguridad internacional y regional, que consiente de su posición geoestratégica, se encuentra dispuesto a aceptar los nuevos retos de la transnacionalización y globalización y a trabajar en conjunto con otras naciones para hacer frente a los retos de seguridad que enfrenta nuestra Nación y que tienen repercusiones en nuestros vecinos, independientemente de su signo político.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos.
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