Las aportaciones a la seguridad internacional de las instituciones de seguridad mexicanas han sido tradicionalmente secundarias. El Gobierno de la República parece querer cambiar la situación con una mayor exposición y transparencia de las acciones de afectación internacional que realiza.
Tres ejemplos, públicos, nos demuestran una inclinación de trabajar en las grandes ligas de la seguridad, modificando la situación exterior y cooperando con otras naciones. El primero es la demanda en contra de los productores de armas en Estados Unidos; el segundo, la formación grupos conjuntos para la investigación en eventos criminales de alto perfil; y finalmente, la lucha contra el tráfico de propiedad cultural.
México y sus instituciones de gobierno suelen ser insulares y verse hacia dentro. En el campo de la seguridad, uno de los que más celos produce en todas las naciones, ha sido una práctica en los tres niveles de gobierno, que ha impedido plantear estrategias que conlleven la coordinación sistemática horizontal entre los muy variados actores encargados de la prevención, la contención, la investigación y la persecución de las actividades, violentas, criminales y antisociales.
Este tipo de coordinación entre instituciones y la confianza que conlleva, es una muestra de altos niveles de profesionalismo y madurez, pues toda persona quiere trabajar y colaborar con otra que cumpla ciertos estándares mínimos de calidad y confianza que asegure la consecución de los objetivos planteados por la coordinación. Esto, común en toda actividad humana, resulta de la mayor complejidad en un campo de la administración pública opaco, reservado, patrimonialista, que utiliza la fuerza y decide sobre la vida y libertad de las personas.
Ante ello, coordinar acciones entre diferentes actores es poco común y menos de forma sistemática y con altos grados de corresponsabilidad. Se suele trabajar, formalmente, bajo instrucciones fulminantes que obligan, inclusive, a violar normas de protección de datos y discrecionalidad, exponiendo y situando en una posición de vulnerabilidad a los servidores públicos. Suele ser reactiva y muestra de la desesperación producida por presiones políticas, sociales o mediáticas.
Si esto sucede a nivel nacional, la coordinación internacional presenta mayores complicaciones. Las prioridades y normativas son diferentes, los celos son mayores, las culturas, horarios e idiomas distintos, al igual que los recursos, estructuras y capacidades. Estos detalles, dirían algunos, dificultan e impiden hasta la coordinación con organismos especializados de cobertura regional o global como Interpol. Ante ello, la estrategia del Gobierno de la República de colaborar internacionalmente en el campo de la seguridad, con los retos institucionales actuales, es de reconocerse.
La demanda en contra de los productores de armas en Estados Unidos y la de grupos conjuntos de investigación en los eventos criminales de Quintana Roo, y con ellos la aparente apertura a colaborar mediante el Convenio Bicentenario con Estados Unidos y con el convenio Europol con la Unión Europea, muestran un Gobierno de la República dispuesto a exponer a las instituciones nacionales al sistema internacional de seguridad, en donde la confianza y reputación institucional se puede terminar en un parpadeo.
La cada vez más posible victoria del Gobierno Mexicano en los tribunales de Estados Unidos para hacer corresponsables a nueve empresas de armas por la violencia en nuestro territorio, está siendo apoyada desde una gran variedad de actores, no solo en México la sociedad civil apoya la demanda, sino que a ella se han sumado asociaciones del propio Estados Unidos, los Fiscales estatales y el nacional, una situación inédita, iniciada en la Secretaria de Relaciones Exteriores que podría llevar a la quiebra a las empresas y sentar un precedente para aumentar los controles en el mercado de armas y la persecución del tráfico.
En Quintana Roo, ante los altos índices de violencia en contra de ciudadanos extranjeros, se crearon grupos de investigación conjuntos entre instituciones de seguridad mexicanas, de los Estados Unidos, Canadá y Francia para conocer lo sucedido. Esto llevó a un, poco claro, trabajo conjunto entre funcionarios de dichas naciones en un destino turístico que debería, por su naturaleza internacional, tener eficientes puntos de contacto y comunicación con autoridades de otras naciones para la identificación temprana de prácticas criminales y de personas en búsqueda y captura o que pudieran poner en riesgo a los visitantes.
No menos relevante es el interés del Gobierno de la República en la lucha contra el tráfico de propiedad cultural que se ha visto en un aumento de operaciones diplomáticas encaminadas a detener la venta de los bienes mexicanos en los mercados internacionales, que ha dado como resultado la recuperación de 5,744 piezas arqueológicas en los últimos tres años, la suspensión de ventas y la restitución de obras, entre otras, a partir de la firma de convenios de colaboración en un tema de alto interés para algunas naciones, entre ellas las europeas, y para las policías internacionales, quienes sistemáticamente coordinan operaciones multinacionales para luchar contra los delitos culturales.
Recomendación estratégica: México, con sus débiles y cuestionadas instituciones de seguridad, ha creado espacios para participar en relevantes operaciones internacionales de seguridad. La iniciativa para participar a nivel internacional hace del país un interlocutor relevante. Esta posición se ve disminuida por una realidad, de violencia y criminalidad, que afecta la vida cotidiana en al menos un tercio del territorio nacional. Para que las iniciativas internacionales sean reconocidas y valoradas es indispensable mejorar los niveles de seguridad en el país, disminuir los niveles de violencia y desarticular las capacidades de los diferentes tipos de organizaciones criminales, pues mientras eso no suceda, lo inmediato seguirá imponiéndose a lo importante y trascendente, opacando cualquier logro que no sea la salvaguarda de la vida de los mexicanos.
Último momento: La invasión de Rusia a Ucrania podrá desencadenar la primera guerra informática a gran escala. México tendrá que tomar una posición más allá de la que exprese en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su protagonismo a nivel global obligará a desarrollar acciones específicas de apoyo y compromiso.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan