La agencia antidrogas norteamericana, DEA (por su siglas en inglés) ha ido promocionando en medios de comunicación una campaña para posicionar un mensaje muy particular: no hay cooperación con México en materia del combate a las organizaciones criminales trasnacionales y por lo tanto se ha perdido territorio en manos de criminales.
Dos ejemplos de ello, aunque no son los únicos, ilustran muy bien la campaña emprendida. El primero se puede observar en las declaraciones de mediados de marzo del general Van Herck, jefe del comando norte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que en una conferencia de prensa en el Pentágono afirmó que del 30% al 35% del territorio de México son áreas sin gobierno donde convergen narcotráfico, migración y tráfico humano.
El segundo ejemplo se observa en la entrevista que Matthew Donaheu, subjefe de operaciones de la agencia antidrogas (DEA), dio a una radiodifusora estadounidense a inicios de mayo donde afirmó que “estamos dispuestos a compartir con nuestras contrapartes en México, pero ellos están muy asustados de involucrarse siquiera con nosotros por las repercusiones de su gobierno si los atrapan trabajando con la DEA”.
Estas declaraciones son producto de las reformas en materia de cooperación internacional de inteligencia que se hicieron a los artículos 68 al 76 de la Ley de Seguridad Nacional en México a finales de 2020. SI bien es cierto que esto molestó a los norteamericanos, vale la pena aclarar que lo que ha provocado el desgaste en el nivel de cooperación no inició con estas reformas. Los desencuentros en la relación entre ambos países, en materia de inteligencia y seguridad, se pueden rastrear desde que el expresidente Nixon declaraba su famosa “guerra contra las drogas” en 1971 y se han incrementado a partir de los rechazos que México tienen a la imposición de la agenda norteamericana en materia de combate a las drogas que tiene una única lógica: ser prohibicionista, punitiva y bélica.
Sin embargo, la cooperación entre agencias civiles y militares en México y Estados Unidos existe, pero no es cómo a la DEA le gustaría. Los norteamericanos tienen una gran comunidad de inteligencia compuesta de 16 instancias (8 civiles y 8 militares) y articuladas por un director nacional de inteligencia. Esta comunidad tiene pesos y contrapesos (sobre todo legislativos) para que entre otras cosas, se eviten los abusos que cometen y supervisen las relaciones que establezcan estas instancias con sus contrapartes extranjeras para que estas atiendan al interés de seguridad interior, nacional o incluso internacional. En otras palabras, cada información que comparten los norteamericanos puede ser fiscalizada por el congreso de los Estados Unidos y así se genera una especie de rendición de cuentas.
En México no existe una comunidad de inteligencia y tampoco hay un contrapeso en el legislativo que fiscalice las actividades de inteligencia mexicanas. Esto lo han aprovechado muchas instancias incluido la DEA sobre todo para establecer acuerdos de cooperación en lo individual con servidores públicos mexicanos y evitando así hacerlo de manera formal entre instituciones de gobierno. Una relación de este tipo estaría sujeta a mayores controles y sobre todo a sanciones (incluso internacionales) en dado caso de que haya violaciones a la seguridad nacional.
A esto se refiere la DEA cuando dice que los funcionarios públicos están “asustados” de cooperar con ellos y en consecuencia México ha perdido control del 30% del territorio. A nuestro juicio no sería temor, sino que México esta buscando crear condiciones institucionales para la cooperación y así evitar los encuentros en lo “obscuro” entre agentes mexicanos con agentes norteamericanos, mientras tanto, la DEA quiere seguir manteniendo esta relación que solo a ellos les beneficia.
No hay duda de que la cooperación bilateral en materia de inteligencia es fundamental para cualquier país ya que permite el acceso a información a lugares negados a la penetración directa y reduce los costos operativos. Pero esta debe establecerse bajo mecanismos formales (acuerdos de entendimiento) o incluso informales (acuerdos no escritos) solamente en ausencia de un gobierno central.
En el caso de la cooperación entre México y Estados Unidos esta es útil por que cubre una amplia gama de temas como operaciones conjuntas, asistencias técnicas y financieras, intercambio de bases de datos o profesionalización. Pero también se deben tomar en cuenta las diferencias en la percepción de la amenaza, el reparto de carga injusta que existe y que la inteligencia proporcionada a la DEA ha sido utilizada para fines no previstos lo que pone en riesgo la propia seguridad nacional mexicana.
Recomendación estratégica. Las reformas que hizo México en materia de seguridad nacional para restringir el intercambio de información en materia de inteligencia son insuficientes. Hubo un error de visión por parte de los legisladores que quisieron regular al agente extranjero en México en lugar de haber buscado fiscalizar a las instancias de inteligencia mexicanas que comparte con servicios extranjeros. La principal consecuencia de estas reformas serán el aumento de las operaciones de contrainteligencia de otros países en territorio mexicano. La recomendación entonces sería que México vuelva analizar seriamente el tipo de relación que mejor funcione con otra instancia de inteligencia extranjera y que sirva para que se protejan los intereses nacionales y se amplié el nivel de influencia de México en el mundo y no solo del país extranjero en México.