por Tomás Martínez Sánchez | Dic 4, 2013 | Análisis
Los avances La agenda de seguridad de FCH tuvo como tema principal el combate a la delincuencia organizada y, por tanto, a la seguridad pública como la función central de desarrollo del sector seguridad durante el presente sexenio. Destinó a la Secretaría de Seguridad Pública federal recursos que superan los presupuestados a la Secretaría de Marina y a la PGR. La dependencia inicia con 13,664 millones 682,654 pesos en el 2007 y concluye 2012 con la cantidad de 40,536 millones 522,049 pesos. Invirtió especialmente en el crecimiento de la Policía Federal. A ello le siguió -como otra de las inversiones significativas en el sector seguridad- el gasto en la construcción, reconstrucción, rehabilitación y ampliación de centros penitenciarios federales -13 en total- incluyendo los denominados de alta seguridad, con el objeto de separar a los reos del fuero federal de su convivencia con los reos del fuero común, en cárceles estatales y municipales sobresaturadas. Destinó a las fuerzas armadas a tareas de seguridad pública, no sólo a través de los diferentes operativos en los estados más inseguros, sino también licenciando a algunos de sus mandos para que asumieran directamente las funciones de secretarios de seguridad pública en los estados y municipios. Incrementó los fondos federales en apoyo a la seguridad de los estados y municipios. El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) creció de 5 mil millones de pesos en 2008 a 9,130.5 millones de pesos en 2012. Mientras el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun) pasó de 3,584.9 millones de pesos en 2008 a 4,453.9 millones de pesos...
por Tomás Martínez Sánchez | Nov 6, 2013 | Análisis
La seguridad pública ha dejado de ser en México un monopolio en manos del Estado al tolerar, permitir e incluso favorecer el desarrollo de la seguridad privada. Esta es una actividad que ha tenido una significativa expansión como resultado también de los crecientes niveles de inseguridad en todo el país, llegando a rebasar las capacidades de las autoridades gubernamentales para regular su funcionamiento, cuestionándose cada vez más si en realidad este sector de servicios es un auxiliar del Estado en su responsabilidad de brindar seguridad a la sociedad o más bien se constituye en un componente más del mundo de los negocios lucrativos, la economía informal e incluso en un ámbito de actuación del crimen organizado en el país. La proliferación de servicios privados de seguridad no ha contado con una regulación jurídica adecuada que obligue a los prestadores del servicio a cumplir con estándares mínimos de calidad, seguridad, capacitación, reclutamiento, lo que ha favorecido que se evada el pago de obligaciones fiscales, se cometan atropellos y violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores, se incrementen las quejas de personas a las que supuestamente sirven. Incluso se ha convertido en una modalidad de operación del crimen organizado para acometer asaltos a empresas y fraccionamientos residenciales que contratan este tipo de servicios. También se tienen indicios de que el narcotráfico incursiona en el sector para el lavado de dinero y para ofrecer venta de protección a empresas ubicadas en zonas del país con fuerte presencia de las organizaciones delictivas. Marco regulatorio Las empresas de seguridad privada tienen como marco jurídico que fundamenta su operación a la Constitución Política de...
