El término regulación dista de ser extraño en la vida cotidiana, seguramente lo hemos escuchado en un contexto económico, en terminología eléctrica, en seguridad, o incluso en un contexto familiar. Por ende, el regular es una acción nata de los seres humanos que surge de la necesidad de preservar, dentro de estándares o esquemas óptimos, a los demás y a las cosas importantes que nos rodean.
Más allá de esta aproximación, entendamos a la regulación como el control sostenido y focalizado de actividades valoradas por una comunidad o grupo social, sea por medio de mecanismos de establecimiento de normas, recopilación de información o modificación de comportamiento.
Siguiendo con la lógica anterior, sí los seres humanos regulamos por naturaleza también lo hace de igual forma el Estado, con el objetivo de preservar las condiciones óptimas necesarias para actividades específicas. Por ejemplo, la lógica de la regulación económica se encamina a prevenir o en su caso remediar fallas de mercado (monopolios, externalidades negativas, entre otros), mientras que la regulación social se encamina a prevenir o remediar aquellas conductas que afectan a terceros.
La seguridad en particular constituye una de las aristas principales sujetas a regulación. Esta situación deriva de la necesidad constante de garantizar a la sociedad condiciones óptimas para que sus miembros puedan desarrollarse de manera adecuada. Para tal fin, se utilizan mecanismos tanto coercitivos (enforcement) como voluntarios (compliance), para fomentar que los actores en una sociedad cumplan con los estándares mínimos óptimos de convivencia.
Una de las esferas más interesantes de la regulación es sin duda la relacionada con el enforcement. Los regímenes regulatorios coercitivos se estudian utilizando un marco teórico conocido como DREAM, el cual incluye los siguientes pasos: detección, respuesta, sanción, evaluación y modificación.
Me parece que la relación entre regulación e inteligencia es evidente tomando en cuenta el marco DREAM. En particular, el paso de detección, que constituye la primera etapa del proceso de enforcement, se condiciona a que las entidades regulatorias ya sean formales, como lo son las instituciones del Estado, o informales, como sería el caso del enforcement corporativo de conductas ilícitas de empleados, puedan conocer la mayor información posible sobre cómo, cuando, dónde, quienes y por qué se actúa en contravención de un determinado régimen.
Para los especialistas en inteligencia, el párrafo anterior bien parece surgir de la literatura tanto clásica como contemporánea en la materia. Sin embargo, esta en realidad corresponde a los estudios en el campo de regulación. ¿Existe por lo tanto un puente entre regulación e inteligencia? La respuesta a esta pregunta sería que sí y es un puente que no se ha explorado particularmente ni en México ni en América Latina.
En este sentido, reorientemos este texto a los objetivos de las agencias de inteligencia. En teoría, refiriéndonos al caso de México en materia de seguridad nacional, el objetivo de la inteligencia en el rubro es asegurar la estabilidad y permanencia del Estado mexicano frente a amenazas y riesgos de seguridad por medio de la comprensión integral de las capacidades así como intenciones de elementos antagónicos.
Consecuentemente, esta lógica se inserta en una esfera superior de la política pública de México y los servicios de inteligencia juegan un papel fundamental al ser la primera línea del proceso de regulación de seguridad. Sin inteligencia es bien sabido que no podremos contar con insumos de valor estratégico que condicionen la falla o éxito de las otras etapas. No obstante, en mi opinión, poco se ha explorado el papel que las agencias de inteligencia juegan en el marco de un proceso regulatorio. Sobre todo, se les ha subestimado como elementos que pueden aportar valor al enforcement más allá de su etapa inicial de detección.
En particular, notemos el segundo y tercer paso del proceso DREAM, respuesta y sanción. Generalmente, las respuestas tradicionales de los Estados se caracterizan por ser frontales y coercitivas, utilizando la fuerza pública para contrarrestar comportamientos que atentan en contra de los objetivos estatales. Sin embargo, en la opinión del autor del presente, el éxito de iniciativas supeditadas únicamente a la fuerza a largo plazo es limitado.
En otras latitudes, como el caso del Reino Unido y Estados Unidos, se están implementando iniciativas orientadas a la generación de incentivos así como modificación de comportamiento (por medio de técnicas de behavioural science) para generar las condiciones óptimas en todas las aristas, incluyendo seguridad.
Sin embargo, digamos por el momento que se debe desarrollar un régimen regulatorio integrado en el cual se establezcan estrategias mixtas que permitan tanto la detección, al incrementar y mejorar las capacidades de inteligencia, pero que también obliguen a pensar en alternativas al uso de la fuerza para mantener la seguridad.
En este sentido es que se embarcan los debates más contemporáneos en regulación, estos versan en cómo incorporar técnicas que modifiquen el comportamiento de manera más efectiva así como eficiente, en cómo alinear los incentivos para cumplimiento, o en como asegurar compliance a largo plazo. En materia económica existe de hecho un gran avance, ya que se ha buscado generar efectos sustantivos por medio de la regulación económica de mercados estratégicos (como energía o telecomunicaciones) a partir de las reformas en la materia del 2013-2014. Asimismo, se ha generado un régimen de regulación para fomentar condiciones óptimas de competencia y de mercado. ¿Cómo se está haciendo esto? La respuesta, aunque sencilla, no es por menos compleja. Se está utilizando un enfoque regulatorio incorporando tanto técnicas de enforcement como generación de compliance.
Es por eso que la situación en materia de seguridad en México nos obliga a repensar el enfoque con el cual se ha manejado, más allá de la retórica fundada en generar mejores condiciones sociales, se debe orquestar un régimen regulatorio efectivo y eficiente que permita que una de las cosas más valoradas por la sociedad, la seguridad, sea mantenida en forma controlada y sostenida. En mi opinión, las agencias de inteligencia son clave para este rediseño, y en futuras entregas habré de discutir la inclusión de enfoques alternativos como regulación descentrada así como ciencias del comportamiento como herramientas de política pública. Por el momento, concluyamos diciendo que cuando hablamos de regulación e inteligencia no hablamos de cosas muy diferentes, solo de respuestas distintas a los mismos problemas, que de integrarse podrían resultar en sinergias sustanciales.
Carlos García Cueva
Especialista en política pública, regulación e inteligencia.
Maestrante en Regulación (London School of Economics); Maestrante en Administración Pública (ITESM); Maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional (Kings College London) e Internacionalista (ITESM)
Ex funcionario público y académico del ITESM
@cgarciacueva
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