En esta tercera entrega, ofrecemos a nuestros lectores una serie de notas en las que se apuntan cómo han evolucionado las organizaciones delictivas, cómo éstas se montan a partir de la estructuración de redes delincuenciales desde las altas esferas del poder político y cómo su desarrollo está asociado con la conformación de una sociedad delincuencial que permea, de arriba abajo y de derecha a izquierda, todos los estratos de la sociedad mexicana.
Sirva su lectura para avanzar en la elaboración de un diagnóstico sobre las entrañas del poder delincuencial en el país y reflexionar sobre la urgente necesidad de incluir en la Agenda Nacional de Seguridad una estrategia que contribuya a superar la crisis social provocada por el fenómeno expansivo de la delincuencia organizada.
Expansión y ascenso de la delincuencia organizada (DO) en una sociedad en crisis
- La crisis del Estado de derecho en México es consecuencia de una expansiva cultura y sociedad delincuenciales conformadas desde 1916, una vez que concluyera el Congreso Constituyente, y se sucedieran los diferentes gobiernos posrevolucionarios hasta llegar a nuestros días.
- Sus principales protagonistas son funcionarios empoderados por la revolución que conformaron las primeras redes y grupos de traficantes de influencias y generación de corrupción desde las más altas esferas del poder, proceso que dio cause a los principales andamios de la delincuencia organizada (DO) del país, la cual encontró su principal entramado en las estructuras de impunidad del poder político, conformadas por partidos regionales, organizaciones sindicales y rurales, integradoras más tarde de un partido nacional dominante y luego de un sistema de partidos.
- Hasta ahora predomina la noción de una historia engañosa que enmascara y protege a élites políticas y económicas posrevolucionarias. Importantes apuntes desmitificadores de las historias oficiales los encontramos en Biografías del poder o La presidencia imperial de Enrique Krauze, La Antihistoria de Raúl Bringas Nostti, La corrupción y la revolución mexicana de Friedrich Katz, Los laberintos del poder de Peter H. Smith, Los líderes políticos de México de Roderic Ai Camp, La corrupción y las transformaciones de la burguesía en México de Francisco Valdés Ugalde, País de Mentiras de Sara Sefchovich, entre otras obras y autores.
- Sin embargo, falta escribir y detallar la historia del empoderamiento mafioso e impune de grupos y de élites. De cómo éstos se constituyen en redes delincuenciales que fomentan la conformación de una sociedad delincuencial basada en el engaño; la mentira; la manipulación de hechos, circunstancias y personas; el tráfico de influencias; el clientelismo; la extorsión; la amenaza; el despojo; la detención extrajudicial; la persecución política y la represión; la desaparición forzada; el asesinato -incluyendo el magnicidio-; y, en el mejor de los casos, el control social corporativo, la cooptación política y la llamada compra de conciencias.
- Para la reconstrucción del Estado de derecho falta documentar la fabricación de lealtades mafiosas, seudo “pactos” y “acuerdos”, basados en una cultura autoritaria delincuencial que construyó complicidades forzadas, ensanchando la base social de la delincuencia organizada de cuello blanco, aquélla que asumió gradualmente el control de los aparatos de gobierno, seguridad y financieros del país.
- Una aproximación hacia una revisión histórica de este fenómeno permite observar que la DO encuentra entre sus principales promotores a los grupos de interés de carácter contrarrevolucionario que se conformaron en la primera mitad del siglo XX, logrando su empoderamiento tanto en la política como en la economía del país.
- Grupos de políticos y empresarios -sosteniendo su éxito en el tráfico de influencias y en la conformación de diversas alianzas-, constituyeron el germen del tejido delictivo en las más altas esferas del poder y motor de una sociedad delincuencial en expansión, a partir de la cual se incubó y estructuró una delincuencia organizada transnacional (DOT) que hoy liderea la producción y tráfico de drogas en el mundo.
- Previamente a este proceso una de sus principales estrategias para su empoderamiento fue la alianza facciosa de políticos y empresarios encaminada a destruir el derecho laboral y, por esa vía, el derecho social de los trabajadores a su libre organización y defensa de sus intereses gremiales.
- En franca y permanente violación al apartado A del artículo 123, funcionarios al más alto nivel de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Gobernación (Segob), así como funcionarios a cargo de las juntas Federal y Locales de conciliación y arbitraje del trabajo –responsables de mantener el equilibrio entre los factores de la producción-, generaron procesos de enriquecimiento y concentración de riqueza a costa del empobrecimiento y precarización del trabajo, especialmente a través de la implantación de los llamados contratos de protección patronal.
- Ante cualquier protesta o rebelión de los trabajadores, Segob y STyPS implementaron una política de criminalización de líderes y movimientos sindicales que no se alineaban a la política de control corporativo, y debilitamiento gradual y destructivo de las organizaciones sindicales. Del total de la población ocupada actualmente la tasa de sindicalización es menor al 10%, y de ésta el sindicalismo real está en extinción; es decir quedan pocos sindicatos y líderes con capacidad para representar los intereses de sus agremiados.
- Investigadores del sector laboral calculan que en 2015 del total de contratos colectivos de trabajo, el 90% son contratos de protección patronal, con lo cual observadores y analistas nacionales e internacionales han denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la permanente y sistemática violación del gobierno mexicano, empresarios y seudo dirigentes sindicales, del derecho laboral mexicano y las convenciones en materia de libertad sindical y derecho a la contratación colectiva, solicitando al gobierno mexicano el retorno al Estado de derecho en materia laboral.
- Por el contrario, el gobierno con la adopción de políticas neoliberales –en los campos económico y laboral- ha privilegiado la “flexibilización laboral”, la contratación individual, nulificado nuevos intentos de asociación y contratación colectiva. La alianza político empresarial delincuencial se ha fortalecido, logrando la desmovilización y cada vez mayor fragmentación y destrucción de las organizaciones de los trabajadores. Fenómeno que ha estimulado la precarización del trabajo, la virtual desaparición de las prestaciones sociales, la mayor explotación de la fuerza laboral y concentración de riqueza. Fenómeno que ha estimulado el crecimiento del trabajo y la economía informales.
- La política laboral de corte neoliberal ha fomentado violaciones sistemáticas a los derechos laborales y, por tanto, violaciones a los derechos humanos de los mexicanos. En contraposición, ha fortalecido la conformación de la delincuencia organizada de cuello blanco de políticos, empresarios y seudo dirigentes sindicales, que constituyen uno de los principales componentes de la sociedad delincuencial.
- Hoy día la inexistencia de un pacto social entre élites y trabajadores se constituye en uno de los principales factores que inciden en el predominio de relaciones sociales autoritarias, violatorias de los derechos humanos, lo que alimenta cotidianamente una involución social que deviene en la actual crisis social que padece el país.
- Esta tiene como uno de sus principales componentes a la fragmentación social derivada de la aniquilación de los sindicatos. Hoy sólo prevalecen formas de sindicalización controladas y manipuladas por los poderes fácticos y clientelares, en los centros de trabajo privados y gubernamentales.
- A la crisis de las organizaciones laborales acompaña la de las organizaciones campesinas, que con la “reformas agraria” del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, abrió la puerta a la enajenación del ejido y privatización acelerada del campo mexicano. Hoy las centrales campesinas están en proceso de extinción: dejaron de representar los intereses ejidales al subordinarse a los intereses de las élites neoliberales que operan en el sector rural del país.
- El drama de la sociedad mexicana no acaba con el desmantelamiento de las organizaciones campesinas y sindicales. Este alcanza a las clases medias que no logran progresar en la construcción de organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins que incluye a 36 países, desarrollados y no desarrollados de América Latina, Europa y África, México es el país con los niveles más bajos de organización social. Según el estudio, con datos de 2010, la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) que participaba en la sociedad civil –organizada- fue del 0.4%. El promedio para los países en vías de desarrollo fue de 1.9%, es decir, cinco veces mayor que en México. Esto coloca a México en el último lugar del grupo de países estudiados.
- Hoy somos testigos de una sociedad desdibujada y debilitada por una política social gubernamental orientada a la fragmentación y desmovilización social; al divide y vencerás. Desmovilización social exitosa, operada por los aparatos de seguridad y control de la Segob y la Procuraduría General de la República (PG) al servicio de las élites políticas y económicas que apoyan y favorecen la criminalización de líderes y movimientos sociales, fomentando la desorganización, el quebranto y debilitamiento de la participación ciudadana.
- Lo anterior permite afirmar que, a mayor desoganización y desmoviización social, mayores posibilidades de que las élites mafiosas prosperen; es decir, menor posibilidad de que una sociedad pueda crear los mecanismos de observancia y vigilancia del quehacer gubernamental para evitar el incremento de la corrupción, el tráfico de influencias, los negocios ilícitos disfrazados de lícitos, la concentración y adjudicación amañada de obras, el incremento de los sobreprecios en la contratación de obras y servicios gubernamentales, la rápida generación de capitales y riquezas inexplicables, el lavado de dinero y la renovada asociación de la delincuencia de cuello blanco con la delincuencia organizada dedicada a la producción y tráfico de drogas.
- Si en México hoy prosperan las organizaciones delictivas asociadas al narcotráfico, éstas encuentran su explicación en el proceso histórico de desarticulación y destrucción de toda una cultura colectiva organizacional que tuviera su principal impulso en la revolución social de 1910 a 1916.
- Destruido el piso de la formalidad, de las organizaciones formales legales, se observa en cambio un fomento indirecto y directo de organizaciones delictivas en espacios y sectores urbanos y rurales, siguiendo como modelo el modus operandi de los narcotraficantes.
- Es así como arribamos al siglo XXI con el predominio de cuatro organizaciones de narcotráfico: Cártel del Golfo, Carrillo Fuentes, La Federación y Los Arellano Félix. Durante los años 80 y 90, estas organizaciones y sus antecesoras fueron eslabones de redes delictivas del narcotráfico de carácter transnacional, que obtuvieron su empoderamiento por su capacidad de colocar en EUA el suministro de cocaína de origen sudamericano. Para estas organizaciones fue una época de aprendizaje y perfeccionamiento de su modus operandi, así como de acumulación originaria de capitales financiero ilícito, delictivo, social y cultural.
- Esta acumulación originaria de capitales les permitió ampliar su influencia y participación en la economía informar y, por ese medio, crear redes sociales delictivas –en las que participan empresarios y funcionarios de gobierno como ya se ha descrito- y redes sociales delincuenciales –aquellas en las que personas o grupos de personas se vuelven cómplices de los delincuentes por encontrar algún tipo de protección o beneficio. Es el caso de poblaciones de comunidades y localidades, donde se articulan sus redes de parentesco, familiares y compadrazgo, esenciales para la reproducción y permanencia de las organizaciones. A partir de éstas, y de los beneficios en obras sociales y apoyos a las localidades, construyen bases de apoyo social que se constituyen a su vez en bastiones o cinturones de su protección y seguridad.
- En localidades y regiones donde es débil o inexistente la presencia de las instituciones las poblaciones asentadas son sometidas mediante la extorsión, robo, secuestro, asesinato, amenazas y violencia.
- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, reportó en diciembre de 2013, que en 14 de 32 entidades del país se identificaban zonas controladas por la delincuencia organizada asociada con el narcotráfico, observándose una disputa territorial de éstas contra la autoridad y grupos rivales en 247 municipios. Casos extremos los constituyen los estados de Michoacán y Tamaulipas, donde en ese año se disputaban 156 municipios; en los que sobresale la impunidad y la práctica frecuente de secuestros y desaparición de personas.
- El Consejo señala otros municipios de los estados de Morelos, Estado de México, Jalisco y Zacatecas donde existe un peligro “real e inminente” de caer en esta condición, debido al crecimiento de la extorsión, robo y secuestro.
- A lo largo de los últimos 15 años el número de organizaciones de carácter transnacional se ha incrementado de 4 a 9. En lugar de la Federación hoy domina la organización Sinaloa, le siguen las organizaciones: Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Beltrán Leyva, Los Carrillo Fuentes, Cártel del Golfo, Los Zetas, Los Arellano Félix, Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
- De acuerdo a la evolución de los mercados de heroína y de drogas sintéticas en el que están involucradas organizaciones radicadas en los estados de Guerrero y Michoacán, y por el debilitamiento de Los Caballeros Templarios, se advierte que el número organizaciones se incremente muy pronto a 11 o 12 con capacidad para colocar droga en los EUA. En Michoacán, es el caso de la organización H3 encabezada por El Americano, asimismo la organización del Abuelo Farías. En Guerrero Los Rojos a partir del debilitamiento y neutralización de la organización Guerreros Unidos por las detenciones de sus integrantes vinculados con la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.
- El proceso organizacional delictivo vinculado al narcotráfico no se queda así. Durante 2014 se pudo contabilizar la existencia de más de 100 organizaciones de diferente tamaño y grado de asociación. Oficialmente el número máximo que se dio a conocer fue de 80 células delictivas en 2013 con un perfil predominante de sicariato. Falta conocer el número de pandillas y bandas que nacen, se reproducen y mueren en las diferentes localidades urbanas y semiurbanas del país, estrechamente asociadas a las actividades del narcomenudeo.
- Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la República expuso a senadores en 2005 que durante los 32 meses de gobierno de Vicente Fox la PGR había recibido 490 mil denuncias relacionadas con la venta de drogas en todo el país lo cual había permitido identificar en el Distrito Federal y el estado de México a más de 10 mil puntos de venta de narcomenudeo, 2 mil en Baja California y 2 mil en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco; mil en Nuevo León, Guerrero, Quintana Roo, y alrededor de 500 en el resto de las ciudades del país. Estos datos permitieron hacer una estimación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República de la existencia entre 500 a 700 células y bandas delictivas vinculadas al narcomenudeo en el país.
- A las organizaciones de narcotraficantes y narcomenudeo deberán agregarse las especializadas en secuestro. Organizaciones de la sociedad civil como el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos estiman que sólo se denuncia 1 de cada 180 secuestros; esto significa que sólo se investiga 1 caso por cada 179 que no. Mientras en 2001 se calculaba la existencia de 330 bandas de secuestradores operando en el país, en 2015 se estima operan en todo el país al menos 850 bandas, de las cuales sobresalen el Cártel de la Charola, El Cártel Federal y La Hermandad, entre otros grupos. La misma organización especializada en investigar este fenómeno refiere que durante el año 2013 se registraron 74 casos cada 24 horas. En el 2014 la cifra se incrementó a 88 casos al día y en 2015 –sostiene- esta cifra se ha mantenido.
- El fenómeno delincuencial no se acaba. A éste deberán agregarse las organizaciones especializadas en el tráfico y trata de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de armas, de vehículos robados y contrabando en general, como también las especializadas en el robo patrimonial, principalmente.
- Mientras redes y organizaciones delincuenciales sigan operando desde los ámbitos gubernamentales y empresariales será muy difícil modificar la tendencia creciente y proliferación de más organizaciones delictivas, por lo que no se advierte, en el corto plazo, la manera de cómo el país pueda superar la crisis social estructural propiciada por una sociedad delincuencial en expansión.
- La población que habita México está en peligro. El proyecto de una sociedad de vida ciudadano comunitario, solidario, igualitario, democrático y unitario al que aspiran los mexicanos se encuentra amenazado por los avances de una cultura delincuencial, contracultural -apuntan algunos autores- que trastoca y descompone todos los espacios sociales: el de las familias, los centros educativos y de trabajo, las empresas, las organizaciones, las instituciones, las localidades, las regiones, lo público y lo privado.
- Metamorfosis cultural y social en la que el modus operandi “si no se transa no se avanza”; se convierte en una regla de operación y práctica cuasi universal que se reproduce en todos los estratos sociales –unos, como estrategia de sobrevivencia, otros, como estrategia de enriquecimiento y empoderamiento-, ante la inexistencia de un Estado de derecho con capacidad para contener corrupción, tráfico de influencias e impunidad en todos los niveles jerárquicos de la organización pública, privada y social.
- Asistimos al dominio de la cultura de la ilegalidad sobre la cultura de la legalidad. Esta última dejó de ser rentable, por lo que seguirá predominando y favoreciéndose la expansión de una sociedad delincuencial en detrimento de una sociedad sustentada en valores éticos y morales, de pleno respeto a la dignidad y derechos humanos.