Los avances

La agenda de seguridad de FCH tuvo como tema principal el combate a la delincuencia organizada y, por tanto, a la seguridad pública como la función central de desarrollo del sector seguridad durante el presente sexenio.  Destinó a la Secretaría de Seguridad Pública federal recursos que superan los presupuestados a la Secretaría de Marina y a la PGR. La dependencia inicia con 13,664 millones 682,654 pesos en el 2007 y concluye 2012 con la cantidad de 40,536 millones 522,049 pesos. Invirtió especialmente en el crecimiento de la Policía Federal.
A ello le siguió -como otra de las inversiones significativas en el sector seguridad- el gasto en la construcción, reconstrucción, rehabilitación y ampliación de centros penitenciarios federales -13 en total- incluyendo los denominados de alta seguridad, con el objeto de separar a los reos del fuero federal de su convivencia con los reos del fuero común, en cárceles estatales y municipales sobresaturadas.
Destinó a las fuerzas armadas a tareas de seguridad pública, no sólo a través de los diferentes operativos en los estados más inseguros, sino también licenciando a algunos de sus mandos para que asumieran directamente las funciones de secretarios de seguridad pública en los estados y municipios.
Incrementó los fondos federales en apoyo a la seguridad de los estados y municipios.  El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) creció de 5 mil millones de pesos en 2008 a 9,130.5 millones de pesos en 2012. Mientras el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun) pasó de 3,584.9 millones de pesos en 2008 a 4,453.9 millones de pesos en 2012.
Impulsó la depuración de las instituciones de seguridad federales y promovió la creación de los Centros Evaluación y Control de Confianza en los estados, con el fin de prevenir la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada. Para que esto fuera posible se creó –como uno de los componentes básicos de este proceso- la Escuela Nacional de Poligrafía, teniendo como organizadores e instructores de esta institución  al equipo de poligrafistas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) quienes se han encargado de formar y acreditar al personal de los Centros de Evaluación y Control de Confianza en los estados, dedicado a la aplicación de los exámenes a los policías estatales y municipales, así como a los y funcionarios de seguridad pública y procuradurías en todo el país.
Incrementó las capacidades y uso de la fuerza pública, promoviendo la profesionalización de las instituciones policiales, la actualización de los equipos y armamento. Sin embargo, el proceso de modernización policial no avanzó lo deseado, obligando al Ejecutivo Federal a ampliar y prolongar el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.
El principal logro del Ejército, Fuerza Aérea y Armada fue haber afectado las capacidades operativas de los narcotraficantes, sin que ello haya significado acabar con el problema, ni tampoco con la violencia, el secuestro, el tráfico de personas, los sobornos, la corrupción, la impunidad  y el ambiente de inseguridad en el que se vive en muchas regiones del país.
El Ejecutivo Federal impulsó una reforma en justicia penal y seguridad pública que deberá dar sus principales frutos en los años subsecuentes con la implementación del sistema acusatorio basado en los juicios orales, lo que contribuirá a una procuración e impartición de justicia más expedita y el restablecimiento del Estado de derecho.
Sin embargo, su estrategia contra la delincuencia fue incompleta. Nunca se planteó con la suficiente determinación un componente estratégico preventivo que permitiera visualizar de mejor manera las causas de fondo de la crisis de inseguridad a que está sometido el país y definir otro tipo de acciones también prioritarias y congruentes con el enfoque preventivo. Su estrategia fue predominantemente reactiva.
Al centrar el gobierno federal su atención en los cárteles de la droga, se privilegió el despliegue y uso de la fuerza en lugar de apoyar con mayor intensidad el trabajo de inteligencia de mayor calado. Un trabajo de inteligencia estratégica que hubiera quizá replanteado el enfoque reactivo, que ha desgastado a las fuerzas armadas y a los elementos de la Policía Federal, sin todavía haber alcanzado esta última corporación la mayoría de edad.
Se dejó de lado el desarrollo de otras áreas abocadas a la seguridad nacional,  entre ellas, la consolidación de escuelas de inteligencia y de seguridad nacional, la  producción de una nueva doctrina, la construcción de un marco conceptual sobre seguridad nacional que compartan todas las áreas, niveles y órdenes de gobierno –incluso los demás poderes constitucionales y todas las fuerzas políticas del país-, lo que en gran parte impidió que se construyera un consenso en torno a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y por tanto, tampoco se tuvo tiempo para avanzar en  la vinculación de la comunidad científica a los asuntos de seguridad nacional de una manera estructurada, entre otros proyectos.
Se dejaron de lados asuntos de una agenda de seguridad donde la pobreza, el desempleo, la fragmentación social, la migración, la pérdida de identidad nacional y, sobre todo, la fragmentación política, continúan extendiéndose en todo lo largo y ancho del país.
Delincuencia organizada y terrorismo se constituyeron en los temas fundamentales, siempre en atención y concordancia con la agenda de seguridad de los Estados Unidos y, en menor medida, con el otro conjunto de riesgos y amenazas que pueden afectar a nuestro país.

Las tareas pendientes

En este entorno se propone dar los pasos para transformar el modelo de seguridad reactivo del país por uno preventivo-reactivo, que nos permita en el mediano plazo avanzar hacia uno predominantemente preventivo.
Desde nuestra perspectiva urge trabajar en el diseño de un modelo de seguridad preventivo, democrático, proactivo y de pleno respeto a los derechos humanos de las personas.
Sustituir el uso de la fuerza por la inteligencia. Una inteligencia en todas sus modalidades, pero especialmente privilegiar la producción de inteligencia estratégica y la contrainteligencia. En inteligencia táctica y operativa, se tiene buena experiencia. Se trata de poner atención en las otras y especialmente en la regla que señala “sin contrainteligencia no hay inteligencia”. Sobre todo en países como México donde se tienen evidencias de colaboración de funcionarios al más alto nivel con los gobiernos extranjeros, incurriendo en traiciones a la patria.
Este tema, el de las traiciones, nos lleva al delicado asunto de la doctrina de seguridad nacional. Sin ésta no puede haber contrainteligencia del Estado mexicano.
La doctrina de seguridad nacional no debe limitarse a los actuales contenidos de los programas de formación de los estudiantes de las maestrías en seguridad nacional del Centro de Estudios Superiores Navales y el Colegio de Defensa Nacional.
En la nueva agenda de seguridad un tema central será el pensar en la actualización de los contenidos de la nueva doctrina, lo cual implicará plantear y desarrollar las tesis de un nuevo nacionalismo. Uno que sirva de marco de referencia para concebir el tipo de seguridad y defensa que necesita una sociedad abierta y cosmopolita, donde el Estado democrático sea lo suficientemente fuerte para poder regular la presencia y la competencia entre los diferentes agentes económicos, así como desarrollar las capacidades para garantizar la seguridad jurídica, económica, alimentaria, ambiental, social, política, ciudadana y humanitaria. No debe olvidarse que existen fuerzas del mercado que siguen debilitando al Estado y fracturando la unidad de los mexicanos.
Es tiempo ya de superar una doctrina de seguridad anclada en los tiempos de la Guerra Fría, en las teorías y doctrinas del shock destinadas a debilitar a las sociedades y los Estados. De evitar la reproducción de visiones obtusas, de la economía y la política, y de restaurar la unidad nacional y el interés nacional; por tanto, de proyectar un nuevo nacionalismo. Sin un nacionalismo renovado no se podrá tener una seguridad nacional acorde con los nuevos tiempos y los nuevos retos.
Interés y objetivos nacionales se fundamentan en los diferentes nacionalismos en el mundo. El mexicano debe ser actualizado y servir de referente en la definición de la nueva doctrina de seguridad nacional.
Su estudio y comprensión deberá ser un requisito entre quienes integren el Consejo de Seguridad Nacional, y  un contenido en la formación –incluso- de todos los funcionarios de seguridad pública y policías del país, bajo la consideración de que la seguridad nacional no puede ni debe seguirse concibiendo como una función exclusiva a cargo de funcionarios del gobierno federal.
Este modelo centralizado y exclusivista de la seguridad nacional –además de caro e insuficiente-, está en crisis, especialmente por el uso faccioso en contra de los adversarios del régimen, y resulta necesario dar los pasos para que los intereses y objetivos nacionales sean perseguidos y salvaguardados por el mayor número posible de mexicanos. Por tanto, se necesita involucrar en los asuntos de seguridad nacional a todas las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, e incluso a todas las organizaciones de la sociedad civil que se han conformado tratando de encontrar una respuesta a la crisis de seguridad en el país.
Estas acciones deben formar parte del proceso de democratización de la seguridad que deberá comenzar con la reforma constitucional que permita la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional en el que intervengan los tres poderes constitucionales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de tal suerte que los presidentes de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión y el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional formen parte del Consejo, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este Consejo -será muy recomendable-, deberá apoyarse, involucrar y consultar permanentemente a la comunidad científica del país.
Lo expresado implica una reforma del Estado, una reforma de seguridad del Estado mexicano que privilegie la reforma de seguridad nacional como principal basamento de las demás seguridades. El gobierno del Presidente Felipe Caderón comenzó con la reforma de algunos de los componentes de la seguridad (la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia-, por eso su estrategia fue parcial y no reparó en que heredaba una crisis de seguridad nacional.