Michoacán y la agenda de seguridad.

Las autodefensas en Michoacán surgieron para enfrentar un problema de inseguridad que se intensificó tras la puesta en marcha de la estrategia contra el narcotráfico en el sexenio pasado. La batalla que lidero Felipe Calderón, implicó pérdidas económicas para las organizaciones criminales, las cuales, intentaron compensar estas mermas, llevando a cabo actividades ilícitas como la extorsión, el secuestro y el cobro de cuotas. Fueron los pobladores de Michoacán quienes sufrieron estos abusos, mientras las autoridades se mostraron incapaces de defender a los ciudadanos de los grupos criminales, ya fuera por diferencias con los líderes de las comunidades, por complicidad con las propias organizaciones criminales o por falta de interés. [1]

Dicha incapacidad impulsó una reacción: la creación de las autodefensas. En noviembre de 2013, el gobernador, Fausto Vallejo, reconoció que casi la mitad de los municipios de Michoacán, habían constituido grupos de autodefensa, es decir, que serían ellos mismos quienes llevarían a cabo las acciones de protección, que en un primer momento, están reservadas al Estado. A un año de su constitución, estos grupos paramilitares han llegado a Apatzingán y su arribo a Morelia parece inevitable.

Como sabemos, las autodefensas en Michoacán, nacieron por una decisión autónoma y espontánea de los miembros de las comunidades del estado. Están armados y al parecer, cuentan con armas de grueso calibre; están organizados en un Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán y cuentan con el apoyo de sus comunidades, quienes saben que la circunstancia en que se encuentra el estado de Michoacán, es producto de omisiones por parte de las autoridades e incluso de complicidades entre éstas y los miembros del crimen organizado.

La realidad de Michoacán confirma lo que señala la teoría. Las personas no ceden a las fuerzas externas que quieren dañarlos, porque, como asegura Wolfang Sofsky, filósofo político contemporáneo: el hombre a nada teme tanto como al dolor corporal, por ello decide incorporarse a una sociedad, donde no todo está permitido, donde “la violencia (del Estado) mantiene la presencia de la muerte, alimenta el temor a la muerte, en el cual se funda la autoridad del poder.”^[2]

Sin embargo en Michoacán, las autoridades habían dejado de cumplir esta función muchos años atrás y eso motivó el surgimiento de las autodefensas: “El pueblo manda. Sólo el pueblo puede defender al pueblo”, sentencia Mireles y agrega que todos están dispuestos a morir para defender a su familia, sus propiedades y trabajos y liberarse de más de 12 años de estar bajo el yugo del crimen organizado.”[3] Las personas se organizaron en Michoacán para defenderse de lo que el Estado no los defendía.

El crimen organizado y la nueva administración:  

El gobierno de Peña Nieto inició su administración intentando aislar el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Pero el problema no estaba resuelto. Al dejar hacer y dejar pasar, la nueva administración fue incapaz de hacerse de una política de seguridad a la altura de la problemática nacional. Finalmente, Michoacán le vino a recordar que el tema del narcotráfico y el crimen organizado era una asignatura pendiente.

Los puntos que el Gobierno debe recordar en los temas del combate al crimen organizado son:

En primer lugar, cuando el Estado es incapaz de brindar seguridad a los ciudadanos, lo social pierde su sentido protector y las ventajas de someterse al contrato social comienzan a ser cuestionadas.[4]

En segundo lugar, el Estado aparece como un actor débil, incapaz de frenar a grupos criminales que intentan imponer sus leyes y usar la violencia a su favor, atentando contra el individuo, la familia, las instituciones y la sociedad, en consecuencia, la legitimidad de este Estado, disminuye.

Tercero, cuando las instituciones son infiltradas por el narcotráfico entonces se pierde el control de un estado, como es el caso de Michoacán, y en consecuencia, la viabilidad de una comunidad e incluso de una nación se pone en peligro. En este sentido el problema en Michoacán se entiende como un asunto de seguridad nacional.[5]

Cuarto, existe el peligro de que a la problemática de Michoacán se extienda a otros estados de forma exponencial y en un periodo muy corto de tiempo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, inevitablemente debía responder a la problemática de Michoacán, pues tanto en la opinión nacional como en la internacional, comenzaba a percibirse que el estado se le salía de control. No es casualidad que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, declarara que su gobierno debía intervenir en el caso de las autodefensas.

Encontrar la solución a un problema tan complejo no va a ser ni fácil ni rápido. Las victorias tácticas de los últimos días son importantes para calmar un poco la situación, pero la realidad es que no está claro cuándo termina y qué persigue esta incursión federal. Por ello este tema seguirá siendo y por un largo tiempo, uno de los primeros lugares en la lista de riesgos de la agenda de seguridad nacional.