- La percepción que el criminal tiene del Gobierno.
Generalmente la mayoría de los criminales en el mundo ejercen violencia en contra de autoridades, personas en general o bandas rivales para alcanzar un objetivo táctico. Este objetivo consiste en obtener alguna ganancia económica o castigar a quienes no cooperan con ellos o afectan sus intereses criminales, o incluso en contra de aquellos que los han traicionado en los acuerdos previos que sostenían.
Cuando el criminal ejerce violencia, específicamente en contra de bandas rivales y personas, le puede resultar muy útil porque tiene la posibilidad de salir victorioso al quebrar rápidamente la voluntad de resistir que tiene el atacado. Por ejemplo, una persona que está siendo asaltada sería fácil romper su voluntad de resistir dado que no cuenta con los mecanismos para defenderse. Mientras que las organizaciones criminales rivales, al tener amplios mecanismos de defensa, presentan una mayor voluntad de resistir frente a la violencia ejercida.
Sin embargo, cuando se ejerce violencia en contra de las autoridades el resultado se esperaría que fuera distinto. El criminal sabe que la autoridad tiene recursos financieros, materiales y humanos suficientes para defenderse, por lo cual su voluntad de resistir podría tender al infinito. Por ello, el atacar a las autoridades si bien es útil para el criminal de forma táctica, en realidad es un negocio arriesgado dado que puede resultarle contraproducente por que el gobierno utilizaría todos sus recursos para acabar con aquellos que lo han atacado.
El problema en México es que, a raíz de la violencia ejercida en contra de autoridades, pareciera ser que se da un efecto contrario. Esto es que la violencia hacia la autoridad no ha modificado la voluntad del gobierno de enfrentar a los criminales. Como ejemplo, no se han realizado acciones claras para sacudir de forma contundente las estructuras de aquellos criminales que los han atacado.
Después del operativo en Culiacán, Sinaloa en octubre de 2019 para detener a Ovidio Guzmán no se ha hecho una sola detención de los delincuentes que atacaron a las autoridades. En el asesinato del juez Villegas Ortiz, quien llevaba importantes juicios en contra del crimen organizado, solo se han detenido a dos presuntos involucrados en el hecho. En el ataque al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que fue ejecutado por 30 personas aproximadamente, tan solo se han detenido a 19 personas, decomisado 13 vehículos y poco más de 48 armas de distintos calibres.
Estrictamente estas detenciones (cuando se dan), decomisos o congelamiento de cuentas, tienen en términos operativos y financieros poca o mediana importancia para la organización criminal por que su estructura y operaciones se mantienen intactas. ¿Qué implica para el Cartel de Jalisco Nueva Generación haber perdido 19 personas de nivel medio? Nada. Incluso, saben que una detención no es un problema, por que como se ha visto, es altamente probable salir libre en poco tiempo.
Esto es un muy mal mensaje político de la autoridad al criminal porque la percepción que les queda es que, si presionas con fuerza y violencia, entonces obtienes una ganancia como en el caso de Culiacán.
- Las reestructuras en inteligencia y seguridad no terminan de alcanzar el nivel deseado.
Nadie tiene duda de que en el pasado hubo abusos, desastres y escándalos en los aparatos de seguridad e inteligencia mexicanos que por supuesto motivaron los impulsos del presidente Lopez Obrador para reformar dichos aparatos.
Desafortunadamente el calor de la discusión política puede tender a destruir las intenciones genuinas de revisar las necesidades de la inteligencia y la seguridad y por el contrario premiar las opciones que respondan más a ganar el juego de vencidas en los conflictos de poder que existen con las administraciones anteriores.
A nuestro juicio, las reformas a los aparatos de inteligencia y seguridad –sobre todo al Centro Nacional de Inteligencia, la desintegración de la Policía Federal, la creación de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República— no partieron de un análisis técnico sino de las polarizaciones políticas que existen en México y que generalmente han estado marcados entre el blanco y el negro, e ignorando, como lo menciona Richard Betts, que las opciones reales de solución se encuentran entre tonos de gris.
Si bien se han reformado instituciones y fusionado otras para distribuirse funciones, incrementar desempeños o lograr un mismo espíritu de cuerpo, la realidad es que falta que esas instituciones reformadas alcancen un nivel óptimo de desempeño.
Probablemente hay dos razones que podrían explicar lo anterior. Primero, que las transformaciones emprendidas se enfocaron en resolver una parte del problema que era la desconfianza que le tenía el presidente a esas instituciones, pero las fallas profundas permanecieron intactas y con el tiempo han vuelto a flotar en el día a día de las operaciones. En segundo lugar, debido a que las reformas no satisfacen las necesidades diarias de operación, esto ocasiona que caigan en desuso o se convierten en prácticas simbólicas que terminan afectando el desempeño de la institución.
Lo anterior, aunado la curva de aprendizaje de los nuevos servidores públicos y la falta de recursos que tienen las instituciones para capacitación y operación diaria, ha ocasionado que se pierda la especialización y se estreche la visión sobre alternativas para resolver los problemas complejos de la inseguridad.
El problema es que mientras las reformas y las nuevas instituciones se encuentran asentándose o reinventándose y mientras que las líneas de autoridad se enredan y se alteran los controles de la frágil operación de inteligencia y seguridad, el criminal sabe que disminuyen las posibilidades de acción en su contra. Algo que las organizaciones han sabido capitalizar de forma positiva para atacar y salir prácticamente impunes.
- El ciclo electoral les abre una ventana temporal para ejercer más acciones.
El presidente López Obrador ha sido claro en ser un partidario de la no violencia. Esto resulta relevante para el siguiente ciclo electoral mexicano que inicia en octubre de este año y concluirá en junio de 2021 con una elección donde se elegirán la conformación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 29 congresos locales, dando un total de mas de 21 mil cargos de elección popular.
Desde el punto de vista de la implementación de políticas en contra de la criminalidad, el ciclo electoral representa un problema por que implica que las autoridades, aunque les guste asumir compromisos, en realidad están poco dispuestos a correr algún riesgo durante ese periodo. Ningún político compromete el capital electoral que cree tener en tiempos donde las contiendas son muy cerradas y su futuro es incierto. Es decir, no se arriesgarán a implementar un operativo en contra de los criminales que pudiera resultar en un escándalo mediático negativo. Prefieren hacer como que hacen, aunque no hagan nada, con tal de no mover mucho el frágil entorno de los lugares que gobiernan.
El problema en México se vuelve más complejo dadas las definiciones del presidente López Obrador en cuanto al uso de la fuerza, y sabiendo todo lo que hay en juego en el proyecto de la cuarta transformación. Por lo tanto, es previsible pensar que tanto autoridades locales como federales no vayan a tomar decisiones que sacrifiquen la influencia, confidencia o amistad que tengan con el presidente
Nuevamente es un estímulo perverso para el criminal que entiende que habrá una ventana de oportunidad de al menos 8 meses para operar sin ser relativamente molestado.
Recomendación estratégica: Las autoridades deben cambiar rápidamente esta percepción que tienen los criminales sobre la voluntad del gobierno, ya que, de no hacerlo, aumentan sus incentivos de llevar a cabo atentados relevantes sabiendo que la respuesta del gobierno será poco contundente en contra de las organizaciones criminales.
* Francisco Franco Quintero Mármol es Maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King´s College London, catedrático y conferencista en temas de inteligencia y seguridad y Director de CIS Pensamiento Estratégico.
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