2020 ha sido uno de los años de mayor intensidad para las instituciones policiales, no solamente han tenido que ayudar o encargarse de contener la pandemia del COVID-19 sino que también, a escasos cuatro meses de que termine el año, se ha comenzado una discusión que vislumbra el inicio de una reforma policial, posiblemente, similar a la realizada a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.
La reforma policial con la pandemia se demostró es un asunto pendiente o inacabado. Algunas naciones, como México, apenas comenzaban a vislumbrar un nuevo tipo de policías democráticas y ciudadanas cuando llegó la pandemia a cambiar las reglas del juego; asimismo, presionó a las más modernas policías del planeta para enfrentar los retos pendientes derivados de modelos policiales ajenos a las comunidades de mayor vulnerabilidad, violentos en contra de los ciudadanos, con tintes racistas y renuentes a adaptarse a las cambiantes y flexibles demandas y necesidades ciudadanas.
Al momento se vislumbran por lo menos tres temas que impulsan la reforma policial: 1) el uso de las tecnologías; 2) la militarización; y 3) el uso de la fuerza. Estos tres, entrelazados y parte del ethos de las instituciones policiales, son sólo la evidencia de las deficiencias institucionales, de una serie de demandas ciudadanas insatisfechas, en algunos casos, difíciles de conciliar; así como, sobre el falso dilema de incompatibilidad entre la libertad y la seguridad.
El uso de las tecnologías y su desarrollo de las pasadas décadas amplía de forma no imaginada las posibilidades de recolección y análisis de información; al igual que de acciones de prevención, contención, investigación y represión de las actividades tanto antisociales como criminales. Las tecnologías han permitido ampliar las capacidades institucionales en la vigilancia de los espacios públicos e intervenir las vidas privadas.
Las tecnologías, en el contexto de la pandemia, demostraron sus capacidades de control de personas y espacios, particularmente en sociedades totalitarias. Los dispositivos de registro, la identificación biométrica, los sistemas de rastreo y los de medición de el estado de salud de las personas, permitieron ampliar el control de la movilidad de las personas, identificar a las portadoras del virus, segregarlas y contener la pandemia a costa de las pocas libertades restantes de que gozan los ciudadanos en naciones como China o Catar.
En las democracias, las tecnologías también fueron utilizadas, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos para la contención de la pandemia. Los instrumentos tecnológicos propios de las instituciones policiales occidentales sirvieron para controlar la movilidad de las personas y rastrear los contagios en Corea del Sur, Grecia o Reino Unido. Su uso y diseño para la prevención y persecución de la criminalidad, en conjunto con las capacidades mostradas en las sociedades totalitarias, con todas sus virtudes y fallas, han despertado dudas sobre su uso y sus límites para el respeto de los derechos y la privacidad de las personas.
La militarización, vinculada con el uso de las tecnologías y como consecuencia de la guerra contra el terrorismo, tiene dos formas de expresarse. Por un lado, el uso de las fuerzas armadas para apoyar o sustituir a las instituciones civiles de seguridad y por otro la transformación de las policías locales a imagen y semejanza de las fuerzas armadas.
Estos dos tipos de militarización durante la pandemia se intensificaron. Los elementos de las fuerzas armadas se desplegaron en su mayoría para vigilar los espacios públicos y asegurar el confinamiento de las personas, control de caminos, entradas y salidas de las poblaciones y apoyaron a las autoridades sanitarias en las llamadas de emergencia, como en España o Italia. Asimismo, las policías locales se enfrentaron con poblaciones en rebeldía ante las medidas de confinamiento con el despliegue y control de manifestaciones, arrestos y multas diseñadas para asegurar el cumplimiento de las normas de confinamiento y distanciamiento social como los sucedidos en Estados Unidos, Francia o Alemania.
El uso de la fuerza, vinculado a los dos temas anteriores, se vio cuestionado durante la pandemia. La rebeldía de ciertos sectores sociales y las conductas antisociales y criminales han llevado, pese a las políticas de proximidad y seguridad ciudadana, a que los policías hagan un uso de fuerza visto como excesivo por las poblaciones a las que cuidan. El homicidio de presuntos responsables, como el de George Floyd en Estados Unidos o Giovanni López en México y los actos de molestia continuos en base a perfiles de dudoso fundamento científico y enfocados en las poblaciones de mayor vulnerabilidad se extendieron en ciudades como Nueva York, Chicago y Londres, así como las dudas sobre el castigo que pueda sufrir el elemento policial que haga uso excesivo de la fuerza y las consecuencias para la institución.
Estos tres temas, se potencializaron en los últimos meses y han despertado la preocupación de ciertos sectores sociales que ven como cómo sus libertades se podría ver afectadas por instituciones que actualmente catalogan como ajenas a su bienestar. Estos sectores que en algunos casos se han visto acompañados por alcaldes y los propios jefes de las instituciones policiales proponen y reconocen la necesidad de reformarlas para cumplir con el objetivo de servir a las personas.
La reforma en 2020 ha iniciado, los resultados pueden ser beneficiosos para las personas, mejorar las instituciones en la lucha contra la criminalidad y ampliar las libertades. Sin embargo, como todos los procesos sociales, políticos e institucionales, puede tener resultados no previstos que impliquen un retroceso de libertades ciudadanas y el reforzamiento de instituciones de seguridad ajenas a la comunidad y enfocadas en el ejercicio de la fuerza.
En México, estos temas poco se discuten, la preocupación y conciencia ciudadana del poder de las instituciones de seguridad sobre su vida es escasa, así como la incidencia legítima de los ciudadanos en sus funciones. Sin embargo, los sistemas de seguridad en el país buscan alinearse o en su caso, seguir las mejores experiencias que en este momento se encuentran en proceso de cambio que tendrá un impacto en las instituciones de los tres niveles de gobierno. En los próximos meses será difícil hablar de los beneficios de tecnologías, de policía de proximidad o la militarización, en sus dos acepciones, cuando las sociedades que las crearon y usaron se encuentren cuestionándolas y en proceso de reforma ante la nueva realidad surgida a partir de la pandemia.
Uno de los tantos saldos de esta pandemia será la reforma policial a nivel internacional. En México, tendremos que vigilar que sea retomada para modernizar nuestras policías, adecuarlas a las nuevas realidades mundiales y pivote para comenzar a discutir esos grandes temas, que pese a parecer lejanos repercuten en nuestras vidas diarias y definen el futuro de las instituciones y de la seguridad de la Nación.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT comisionado a El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador del Webinar en Estrategia y Seguridad de CIS Pensamiento Estratégico; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan