¿Qué podrían hacer los gobiernos frente a las “FAKE NEWS”?

¿Qué podrían hacer los gobiernos frente a las “FAKE NEWS”?

  El desarrollo tecnológico de las últimas décadas conectó en tiempo real a esta llamada aldea global y abrió las puertas para conocer lo que acontece al otro lado de planeta en el mismo instante, revolucionando nuestra forma de interpretar la realidad al acceder a información que hasta ese momento nunca habíamos imaginado. Este “presentismo”, como lo llamaría Martín Serrano, alcanzado por el desarrollo tecnológico que nos permitió ver a través del televisor los sucesos cuando ocurrían, se potenció con el acceso a Internet, que con su hipertextualidad, abrió la puerta para que cualquier persona sea un instrumento más de mediación no sólo de lo que ocurre, sino también agregando su propia interpretación de los hechos. A partir de esa habilidad, cualquier persona es capaz de crear productos comunicativos que en algunos casos, más que enriquecer el entorno informativo, deforman la realidad, generan confusión y crean situaciones de riesgo, con noticias totalmente falsas que han sido llamadas “fake news”. Estos populares mensajes nacieron a la par que los medios de comunicación y ahora están presentes sobre todo en las llamadas redes sociales que van desde Facebook, Twitter, Whatsapp o Snapchat, entre otros que surgen a diario, donde una de sus características son mayor información a mayor número de personas. “A diferencia de los medios tradicionales, se favorece un modelo de comunicación horizontal en el que la información fluye prácticamente con toda libertad, pues al no existir una reglamentación sobre su uso (salvo en caso de pornografía, venta de enervantes, armas, etcétera) la única regla es que no hay reglas”[1], señaló Felipe Chao. Hasta hace algunos años estas “noticias falsas”...
Ley  General de Victimas

Ley General de Victimas

A casi dos meses de ocurridos los hechos de Ayotzinapa persiste la duda sobre quién debe atender y acompañar a los familiares de los 43 jóvenes, ahora punto central de la agenda política nacional e internacional, y donde la respuesta gubernamental de nuevo ha sido accidentada y desarticulada, permitiendo la especulación y el calificativo de ineficiente. La aprobación en 2013 de la Ley General de Victimas (LGV) y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que generaron esperanzas en algunos, da la impresión de haber quedado en lo retórico, para ser un nuevo elefante blanco, sin respuesta para los miles de afectados por la violencia y sus daños familiares. Sólo entre enero de 2013 y septiembre último hubieron 30 mil 166 homicidios (dolosos, no hay que olvidar), entre los que podrían estar los 43  jóvenes de Ayotzinapa, donde sus familiares han ido y venido sin que hasta ahora sea la CEAV, instancia que debería ser la que los cobijara con apoyo en general, pareciera que está al margen y dejando el paquete a otras instancias. Y por el contrario, los afectados pasan tocando puertas y el Estado las abre tratando de complacer sin un plan claro que atienda a esas personas que además de justicia necesitan apoyo económico, moral, psicológico, entre otros, como lo señala el artículo 7 de la LGV y olvidando que para eso se creó la CEAV, como lo dijo el presidente Enrique Peña a principios de 2014. En las próximas semanas el Senado de la Republica deberá discutir, con base en la una terna de seis candidatos (de los 20 que aspiran al...
Y después de Ayotzinapa ¿qué sigue?

Y después de Ayotzinapa ¿qué sigue?

Una vez que las autoridades confirmen el paradero o muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que podría ser en los próximos días o semanas, en un intento por revertir la imagen negativa generada por el Estado en las últimas semanas, la pregunta que la opinión pública se hará es: ¿y ahora qué sigue? Guerrero es un estado que más allá de lo real o dudoso de las estadísticas tuvo entre enero y octubre de este año mil 700 homicidios (culposos y dolosos), 6.23 por día, 32.42 homicidios (dolosos) por cada 100 mil habitantes muy cerca de cifras como las de Guatemala (38,5), país considerado uno de los de más violentos del continente, por hacer un referente cercano. El caso de los normalistas, secuestrados en condiciones aún muy confusas pese a las explicaciones, hizo lo que no pudo ninguna de los organizaciones irregulares que operan desde hace lustros en la entidad (las ideológicas o del crimen organizado), destituir en menos de 30 días al ahora huérfano político, el ex gobernador Angel Aguirre, y poner en la mira al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados con grupos delictivos. Los trágicos sucesos, que no pueden minimizarse, develaron al mismo tiempo hechos que ya eran voz popular en la entidad como los asesinatos y las fosas clandestinas, y pusieron en primer plano de la agenda una impunidad que desde hace años las autoridades locales alientan con vínculos con grupos delictivos y las federales con su silencio de “dejar hacer y dejar pasar”. La respuesta oficial, al mismo tiempo, da pretexto para...