Y después de Ayotzinapa ¿qué sigue?

Y después de Ayotzinapa ¿qué sigue?

Una vez que las autoridades confirmen el paradero o muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que podría ser en los próximos días o semanas, en un intento por revertir la imagen negativa generada por el Estado en las últimas semanas, la pregunta que la opinión pública se hará es: ¿y ahora qué sigue?

Guerrero es un estado que más allá de lo real o dudoso de las estadísticas tuvo entre enero y octubre de este año mil 700 homicidios (culposos y dolosos), 6.23 por día, 32.42 homicidios (dolosos) por cada 100 mil habitantes muy cerca de cifras como las de Guatemala (38,5), país considerado uno de los de más violentos del continente, por hacer un referente cercano.

El caso de los normalistas, secuestrados en condiciones aún muy confusas pese a las explicaciones, hizo lo que no pudo ninguna de los organizaciones irregulares que operan desde hace lustros en la entidad (las ideológicas o del crimen organizado), destituir en menos de 30 días al ahora huérfano político, el ex gobernador Angel Aguirre, y poner en la mira al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, vinculados con grupos delictivos.

Los trágicos sucesos, que no pueden minimizarse, develaron al mismo tiempo hechos que ya eran voz popular en la entidad como los asesinatos y las fosas clandestinas, y pusieron en primer plano de la agenda una impunidad que desde hace años las autoridades locales alientan con vínculos con grupos delictivos y las federales con su silencio de “dejar hacer y dejar pasar”.

La respuesta oficial, al mismo tiempo, da pretexto para que se afirme, tanto fuera como dentro del país, que México es “una fosa nacional”, “un país envuelto en la violencia”, un “Estado de barbarie”, entre otros calificativos, pues la desaparición de los estudiantes, ahora baluartes de unidad social, muestra una incapacidad para mantener un estado de derecho.

Los acontecimientos en Guerrero podría tener como referente inmediato lo ocurrido en Aguas Blancas (1995) y San Fernando, Tamaulipas (2010), donde en este último caso fueron asesinados 72 inmigrantes de diversas nacionalidades, donde el Estado también fue cuestionado pero no tuvo las dimensiones como ahora, pese a la cuestionada política de comunicación de Felipe Calderón.

El caso de Ayotzinapa, considerada la primera crisis de comunicación del presidente Enrique Peña, mostró una respuesta lenta y accidentada del Estado como garante de la seguridad, hecho que tendrá un costo político en el mediano plazo, sobre todo, en las próximas elecciones de 2015, donde en Guerrero elegirán gobernador, 46 legisladores y 81 alcaldías.

Saber quiénes ordenaron la desaparición de los jóvenes y dónde están (vivos o muertos) será un avance para las demandas ciudadanas en la búsqueda de justicia, pero insuficiente si no se logra incluirlas, y de esta forma revertir esa imagen de precariedad institucional que en algunos grupos sociales se enardece.

Lograr una mayor vinculación entre las demandas de la sociedad y el proyecto de gobierno, permitirá cerrar la brecha entre dos México que conviven en un mismo tiempo: el eficiente y eficaz que impulsa reformas a nivel macro con escaso costo político, y el que parece ingobernable con poca eficiencia institucional y comunicativa.

La detención de los líderes de distintos grupos delictivos sin un solo tiro y con menor carga mediática en el actual gobierno, respecto a su antecesor, ofrece una visión de mayor eficiencia, pero también genera vacíos de comunicación en los que la sociedad no sabe que sucede y demanda mayor información; así como la percepción en la esfera internacional de un país con instituciones débiles y extremadamente violento.

Hechos como los de Guerrero merman de manera significativa la imagen del gobierno federal, los cuales generan la percepción de ineficacia, sobre todo en materia de seguridad pública, donde para algunos tomadores de decisiones, sobre todo de carácter internacional, consideran como relevantes.

Y entonces algunos preguntan: ¿será que el Estado es capaz de aparentar incapacidad para responder de manera eficiente a los retos a los que se está enfrentando en materia de seguridad, en un intento por desviar la atención de una agenda alternativa? o ¿verdaderamente se carece de la capacidad para explicar en qué consisten los proyectos nacionales e involucrar en su diseño e implementación a la sociedad?

Mtro. Miguel Ángel Lopez Rojas

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