Ley General de Victimas

Ley  General de Victimas

A casi dos meses de ocurridos los hechos de Ayotzinapa persiste la duda sobre quién debe atender y acompañar a los familiares de los 43 jóvenes, ahora punto central de la agenda política nacional e internacional, y donde la respuesta gubernamental de nuevo ha sido accidentada y desarticulada, permitiendo la especulación y el calificativo de ineficiente.

La aprobación en 2013 de la Ley General de Victimas (LGV) y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que generaron esperanzas en algunos, da la impresión de haber quedado en lo retórico, para ser un nuevo elefante blanco, sin respuesta para los miles de afectados por la violencia y sus daños familiares.

Sólo entre enero de 2013 y septiembre último hubieron 30 mil 166 homicidios (dolosos, no hay que olvidar), entre los que podrían estar los 43  jóvenes de Ayotzinapa, donde sus familiares han ido y venido sin que hasta ahora sea la CEAV, instancia que debería ser la que los cobijara con apoyo en general, pareciera que está al margen y dejando el paquete a otras instancias.

Y por el contrario, los afectados pasan tocando puertas y el Estado las abre tratando de complacer sin un plan claro que atienda a esas personas que además de justicia necesitan apoyo económico, moral, psicológico, entre otros, como lo señala el artículo 7 de la LGV y olvidando que para eso se creó la CEAV, como lo dijo el presidente Enrique Peña a principios de 2014.

En las próximas semanas el Senado de la Republica deberá discutir, con base en la una terna de seis candidatos (de los 20 que aspiran al cargo), la designación de dos nuevos comisionados que integrarán la CEAV por un plazo de cinco años, un hecho que pareciera mínimo pero que podría marcar un parteaguas en ese renglón.

Hasta ahora la aprobación de la LGV y su inmediata reforma en 2013 ocurrieron más por presiones de algunos grupos que por una política de Estado para atender a estas personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo, la creación de la CEAV pareciera comenzar a poner orden en un contexto nebuloso para las miles de víctimas que hay en el país.

En los hechos, no obstante,  la CEAV como promotora de políticas públicas para la atención a víctimas ha sido ausente o al menos  poco clara en sus acciones en el mundo real y con ello marcar línea en un tema en el que México podría aportar mucho en el plano internacional y en lugar de ser acusado pasar a ser ejemplo en la atención de estas personas.

El papel de la CEAV no es fácil, sobre todo para instrumentalizar una ley que desde el inicio es confusa y más en un país en el que sólo en este siglo se reportan, según datos oficiales, 223 198 homicidios (dolosos), 41.5 muertes al día, más del doble de lo que registraba hasta hace unos meses Honduras, el país más violento del continente. Esto, claro, sin contar el subregistro.

Determinar quién pude ser una buena selección para integrar la CEAV siempre es un reto, sobre todo por las cuotas de poder y las negociaciones que van más allá de tratar de buscar una institución eficiente, que a la postre beneficiaría a todos los partidos.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación como primer filtro, y el Senado como ratificador, deberían evaluar el costo político que representa tener una instancia como la Comisión que hasta ahora sólo vemos haciendo sombra, sin posicionarse en la opinión pública como interlocutora y responsable de acompañar  las victimas (en toda la extensión de la LGV)

O, en su defecto, nombrar a una persona que conozca del tema y tenga experiencia en la operación, comience a corregir una plana, que desde el inicio tuvo deficiencias, impulsando acciones y diálogos con los miles de afectos, e interactuar con los estados y sus particularidades de cada uno.

El fin llevaría al Estado a evitar lo que ya hemos llamado precariedad institucional, principal argumento que enardece a algunos grupos de la sociedad y se avanzaría en una mejor implementación de la justicia.

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