La Seguridad Nacional es diferente de las otras seguridades, no se trata de perseguir criminales o controlar el desorden en las calles, sino de asegurar la supervivencia del Estado y el aprovechamiento de las oportunidades globales para aventajar a las demás naciones. Ante ello, radicarla, junto al tema operativo coyuntural de mayor importancia, la criminalidad y el narcotráfico, parece ser una mala idea.
El gobierno actual decidió centralizar, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCPC), las instituciones de seguridad civiles del país entre ellas las de Seguridad Nacional. El antiguo CISEN, piedra angular en términos de seguridad nacional, se transformó en Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que a diferencia de la instancia española de mismo nombre lo radicaron en la recién creada secretaría y no en la de Gobernación, de tal forma que todas la seguridades y la protección civil recaen en la responsabilidad de una sola persona.
El pasado jueves, se informó la transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional, con ello termina una de las primeras etapas de la construcción de la nueva fuerza policial del país, que ha implicado enfocar toda la atención de la SSCPC a temas eminentemente policiales y criminales, por lo que poco tiempo ha quedado para la Seguridad Nacional, o al menos eso parece con las dos primeras llamadas de atención.
Primera llamada: El pasado 29 de mayo se presentó en la oficina de la senadora Citlalli Hernández la explosión de un artefacto improvisado que se encontraba en un libro, sin causar daños mayores. Independientemente de lo anecdótico que esto pueda parecer, es una señal de dos elementos por un lado la existencia de al menos un grupo, muy posiblemente terrorista, con interés de asesinar a un representante popular y desestabilizar el orden político y por el otro lado, del desdén del gobierno y sus administradores por establecer sistemas y protocolos de seguridad que eviten este tipo de atentados en espacios que suelen ser catalogados como blancos preferentes para el terrorismo.
Afortunadamente la Senadora se encuentra bien y el artefacto explosivo era de baja intensidad, pero en un hecho inédito, potencialmente podría haber fallecido en su oficina. También, el artefacto explosivo improvisado pudo haber llegado al salón de plenos o alguna reunión en donde el daño físico y simbólico hubiera sido mayor. Por lo que el fallo en la seguridad del Senado, que al igual que otros poderes y dependencias de gobierno es responsabilidad de empresas de seguridad privada o de la hoy extinta Policía Federal, es muy grave.
El Senado, no sobra decir, se encuentra dentro de las instalaciones estratégicas de Seguridad Nacional, no solamente por la posibilidad de que se presenten actos terroristas, sino por la importancia de las decisiones que se toman en él y la vulnerabilidad que los representantes populares pueden tener ante grupos de interés, violentos y no violentos, con intensiones de guiar ilegítimamente las decisiones legislativas.
Segunda llamada: Un día después del atentado, el 30 de mayo, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, amenazó con un alza gradual de hasta 25% a la tasa impositiva de los artículos fabricados en México para contrarrestar la negativa del gobierno mexicano de establecer la política de Países Terceros seguros y así terminar con las aparentes puertas abiertas de la política migratoria mexicana.
La amenaza se presenta como parte del discurso xenofóbico y nacionalista en contra de la población mexicana, y en menor grado la extranjera, de la campaña política del Presidente Trump que es alimentada por la errónea, vieja y bien arraigada idea de que las personas migrantes son un riesgo a la seguridad que se suma a la coyuntura de la amenaza real a la Seguridad Nacional y salud pública de los Estados Unidos de América creada por las actividades de las organizaciones transnacionales mexicanas dedicadas, entre otras actividades delictivas, al tráfico ilegal de drogas.
Los dos asuntos mencionados, el atentado bomba y la amenaza del titular de un gobierno extranjero de dañar nuestra economía, son un asunto de Seguridad Nacional que debió de ser prevenido y que debe de ser tomado con la mayor seriedad ya que las dos situaciones ponen en riesgo la viabilidad, estabilidad y desarrollo del país. El primer evento mencionado, amenaza la democracia y la estabilidad política nacional y el segundo a la economía, la diplomacia y las relaciones internacionales, todos temas nodales para el desarrollo de la nación.
El terrorismo, la estabilidad económica y las migraciones, estás últimas pese a que se encuentran fuera de la agenda de Seguridad Nacional de México, suelen ser incluidas en las democracias occidentales en los planes, programas o estrategias de Seguridad Nacional y son atendidos prioritariamente por los altos funcionarios de al menos media decena de instituciones civiles y militares que conforman la comunidad de Inteligencia y Seguridad Nacional.
En México esto no sucede, la Seguridad Nacional ha sido desplazada a segundo plano, la urgencia de dar seguridad pública ha absorbido los muy escasos recursos presupuestales y humanos que antes se le dedicaban; El Centro Nacional de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Nacional o la Secretaría de Relaciones Exteriores carecen de recursos para enfrentar los retos y amenazas a la Seguridad Nacional de México por lo que en este tema clave para el país parece que nos encontramos a ciegas.
El atentado y la amenaza del presidente Trump son dos llamadas de atención a la Presidencia de la República sobre la necesidad urgente de crear un sistema de Seguridad Nacional para que el país cuente con los instrumentos necesarios para reducir las vulnerabilidades, afrontar los riesgos y prevenir las amenazas que se ciernen en contra de la viabilidad y desarrollo del país. Es adecuado recordar que de nada servirá acabar con el crimen organizado o disminuir la violencia si los retos y amenazas a la Seguridad Nacional son desatendidos, por ello esperemos estos dos eventos precipiten la construcción de un Sistema de Seguridad Nacional democrático y de vanguardia.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez
Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan