En las pasadas semanas se discutió una supuesta propuesta de reforma a las leyes que rigen el sistema de justicia penal del país. El documento, aparentemente filtrado, hace evidente la nada nueva frustración de los responsables de los institucionales de seguridad para hacer frente a los serios, graves e históricos retos de seguridad y justicia derivados de un proceso de reforma que ha demostrado no cumplir con la expectativas.
La lucha contra el tráfico de drogas ha puesto en evidencia lo obsoleto del actual sistema de seguridad y justicia penal e intensificó su muy necesaria reforma. Desde los primeros años del presente siglo, el país comenzó a repensar la función de sus policías, a reforzar las instituciones y encontrar modelos que pudieran hacer frente a la inseguridad y desorden que permea desde aquella época y que pudiera gestionar las consecuencias de las políticas de seguridad en distintos ámbitos, como, por ejemplo, en contra del terrorismo internacional.
La reforma a las policías: primer paso
En este proceso de reforma, que sexenio a sexenio lo modifican por lo cual no ha terminado, el primer actor al que se intervino fue el eslabón más claro en la construcción de seguridad y que a su vez, menos resistencia opondría: las policías. Estas instituciones, históricamente con un bajo nivel de legitimidad y conocidas e identificadas como corruptas, fueron señaladas como la fuente de criminalidad, impunidad y violencia. Ante ello, fueron evaluadas, observadas, marginadas y limitadas en las funciones que cada una de ellas desempeña.
En aquella época se pensó que México necesitaba una policía semejante al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos de América, que incluyera un incremento en su presupuesto, recursos, mecanismos de evaluación y mejores condiciones laborales; esto daría como resultado una institución profesional y profesionalizada, con legitimidad social y capacidades para hacer frente a la creciente criminalidad y la violencia que genera.
A la par de esta reforma policial a nivel federal, se invirtieron recursos federales para replicar el modelo a nivel estatal y se intervinieron a las policías municipales, las cuales fueron identificadas como un claro enemigo de la sociedad por su nivel de corrupción y bajos estándares operativos y a quienes inclusive se les debía desaparecer o absorber conforme a un esquema de mando único estatal.
Durante este periodo, y pese a los recursos nacionales e internacionales invertidos en la reforma y fortalecimiento de las policías, el reto de seguridad y violencia continuó. Si bien existieron algunas buenas experiencias de las policías durante esta etapa, en general, y con el paso del tiempo, fueron en su mayoría revertidos conforme a los ciclos electorales y las decisiones políticas de los nuevos encargados de las instituciones de seguridad, creando un esquema de rediseño institucional constante.
La reforma al sistema penal, procuradurías y fiscalías: segundo paso
Una vez observados los reducidos e insatisfactorios resultados del proceso de reforma policial para controlar la criminalidad y violencia, se inició un proceso de reforma al sistema penal, que a 11 años de haber iniciado continúa inconcluso. Este proceso, inspirado por el modelo implantado en Chile, modificó sustancialmente las reglas de operación colocando los derechos humanos de los presuntos responsables como centro de las acciones de las instituciones de seguridad, dejando atrás malas prácticas policiales, del ministerio público y el poder judicial.
Conforme se instauraron las nuevas reglas del sistema, se comenzaron a observar las deficiencias y sobre todo las dificultades que hoy en día tienen los operadores para sancionar corporalmente las presuntas acciones delictivas. Esta situación, sin solución, llevó a repensar el papel de las las procuradurías y/o fiscalías, como el segundo actor en este escenario, y así iniciar un proceso de reforma en la que se busca su despolitización, profesionalización y su adecuación a la actual necesidad del sistema de justicia penal para el cumplimiento de sus funciones conforme al estado de derecho.
La reforma al poder judicial: tercer paso
El proceso de cambio en las procuradurías y fiscalías, tanto nacional como estatales, al igual que las modificaciones efectuadas en las instituciones policiales, han dado escasos resultados de poco utilidad para revertir la demanda de un sistema de seguridad y justicia democrático. Esta situación ha llevado a poner atención en la reforma del tercer y último gran operador de este sistema: el poder judicial.
Esta última reforma, que apenas comienza, parece identificar al último responsable de las dificultades en la lucha contra la inseguridad y la violencia. El sistema judicial y sus prácticas antidemocráticas, claramente perjudiciales para el estado de derecho y la Nación, habían quedado salvadas y ajenas a la discusión pública y encapsuladas a la interpretación, vigilancia, evaluación y crítica social.
La reforma al poder judicial se presenta, al igual que con las policías y las fiscalías en su momento, como solución a los graves problemas de seguridad y violencia que vive la nación. Es el tercer paso de un largo proceso en el que la falta de resultados ha provocado que se piense que la reforma de otra institución es la solución, impidiendo una integral en la que se incluya a los participantes en el proceso.
Esta práctica de reformar el sistema paso a paso ha evitado la integralidad y la simultaneidad de las acciones gubernamentales, abriendo la posibilidad a pensar que los problemas se encuentran en otro lugar y que las intervenciones, mal o bien llevadas a cabo y con sus consecuencias no deseadas, se acoplen a nuevas acciones, de tal forma que las propuestas de cambio difícilmente cumplen con el objetivo planteado.
La incompleta reforma a las instituciones policiales, más la reforma inconclusa a las procuradurías o fiscalías, más la incipiente reforma del poder judicial promete crear ese sistema de seguridad y justicia democrático, eficaz y eficiente que necesitamos para hacer frente a los complejos problemas de seguridad y violencia, pero difícilmente se llevará a cabo. Este escenario desolador puede anticipar serias dificultades para empalmar instituciones en proceso de cambio con recursos escasos, en plena competencia y con la necesidad de señalar al próximo gran culpable de la situación de inseguridad y violencia que sufre el país.
Difícilmente, la muy necesaria reforma al poder judicial podrá disminuir la disfuncionalidad del sistema de seguridad y justicia que tanta frustración causa a sus operadores. Además, gracias a la filtración, se observa un proceso de reforma que no estaba contemplado en la natural transformación de un sistema y por lo tanto difícilmente podrá hacer frente de forma efectiva a la criminalidad y violencia local del S.XXI, así como a los retos internacionales que marcan la seguridad de nuestros socios y vecinos.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Síguelo en @fjimsan