CIS Pensamiento Estratégico 41-2022
Las filtraciones de la Guacamaya son el mayor robo de información que se conoce en contra de una institución de seguridad del Estado mexicano; son de relevancia por tener como blanco de ataque informático al pilar de la Seguridad Nacional: la Secretaría de la Defensa Nacional y, por hacer pública información reservada y secreta, que independientemente de su veracidad, pudiese dañar la Seguridad y vulnerar el poder nacional.
Los supuestos más de 4 millones de documentos filtrados se tratan de, entre otras cosas, comunicaciones entre funcionarios federales mexicanos lo que se asimila a las filtraciones de Wikileaks a principios del siglo. Wikileaks, fundada en 2006 por Julian Assange, hizo pública información confidencial a gran escala que, entre otros asuntos, profundizó nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del Departamento de Estado de los EEUU. Desde entonces esta organización multinacional es referente para recibir, guardar y difundir información sobre conductas gubernamentales de dudosa ética alrededor del mundo.
La gran diferencia entre ambas filtraciones, es que mientras Wikileaks se ganó la confianza del público por tener una cara reconocible que trabajó en conjunto con los medios de comunicación para filtrar la información; la Guacamaya es anónima y hasta donde se conoce no ha realizado un trabajo analítico y de contextualización de la información divulgada en conjunto con periodistas especializados, por lo que se presta para una mayor tergiversación y confusión, y sobre todo, nos puede hacer dudar sobre la veracidad y confiabilidad de los documentos que ha puesto a disposición del público.
Hasta el momento, la información filtrada por Guacamaya, no resulta novedosa para los ciudadanos pues se habla de: la existencia de corrupción gubernamental; organizaciones criminales en pugna; vigilancia y recopilación de información de periodistas, activistas y diplomáticos; encubrimiento y entorpecimiento de investigaciones y las excentricidades de funcionarios a costa del erario público. En resumen, nada nuevo que pudiese asombrar a un público insensibilizado ante las prácticas gubernamentales y del crimen organizado: instituciones disfuncionales que encubren y protegen actos ilícitos, recopilan información en la línea de lo legal, utilizan recursos públicos de formas poco éticas y son incapaces de controlar el escalamiento de la violencia y las pugnas entre criminales.
De hecho, desde la primera filtración de Wikileaks, se venían señalando temas de gran relevancia para la seguridad como las quejas del alto mando militar mexicano por no contar con un marco legal para la lucha contra los narcóticos, la existencia de zonas de excepción en el país, como Ciudad Juárez (231890), la participación de agencias de Estados Unidos en detenciones (240473) y las tensiones entre el ejército y la marina (246329); que fueron relevantes mediáticamente pero sin serias repercusiones para el gobierno.
Si bien, la Guacamaya tiene mucha información para que los medios de comunicación continúen divulgando, lo que hasta el momento se tiene, es una fotografía parcial del funcionamiento del país, a través de la óptica de las instituciones de Seguridad Nacional. Cuestión que no se debe desdeñar y que con seguridad propiciará una revisión de los procederes y capacidades institucionales para contrarrestar el ataque informático y la narrativa que de él se desprenda, particularmente ante la probabilidad de que parte de la información se haga pública conforme a los tiempos políticos para influir en una sucesión presidencial adelanta.
Paradójicamente, la filtración puede beneficiar a las instituciones de seguridad del país. Si bien es inaceptable perder el control de la información de Seguridad Nacional, la realidad es que con la filtración tenemos evidencia de la forma en que trabaja la Secretaría de la Defensa Nacional y con ello hacer, por ejemplo, una revaloración de la pertinencia de que continúen en las labores de seguridad pública y de que a ellas se les incorpore la Guardia Nacional.
Hasta el momento, los documentos filtrados nos dan cuenta de una Secretaría de la Defensa Nacional dedicada a monitorear la situación de la criminalidad organizada y los vínculos de corrupción con actores políticos y gubernamentales sin censura interna. De tener un mapa o fotografía completa sobre la situación de los riesgos y amenazas a la seguridad que parece no han sido utilizados para perturbar la frágil situación política, social y económica del país.
En contraste, y como lado obscuro de la misma moneda, ante las evidencias filtradas sobre el vasto conocimiento que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el funcionamiento de la criminalidad en el país, nos tendríamos que preguntar ¿Por qué no se utiliza en las investigaciones criminales para desarticular a las organizaciones criminales y sus redes de asistencia y protección? ¿Por qué no se utiliza para modificar el ambiente y los facilitadores y potenciadores que la mantienen?
La filtración, también podría de ser de utilidad para comenzar un debate sobre que tanto la información producida por instituciones de Seguridad Nacional es utilizada en la producción de, lo que en EEUU se define como inteligencia ejecutable, aquella que cumple todos los requerimientos legales para que pueda ser utiliza en una demanda judicial o si debe ser solamente utilizada para conocer la situación y mejorar las acciones reactivas de las instituciones de seguridad.
Tendremos que esperar a que termine la filtración de la Guacamaya y que pase el proceso electoral para valorar la utilidad social de la filtración, conocer el impacto para las instituciones de Seguridad Nacional y las medidas que se van a tomar a nivel gubernamental para disminuir la posibilidad de la repetición, así como la capacidad del gobierno para gestionar a una Guacamaya disruptiva y reducir el daño a la Seguridad y poder nacional que pudiese ocasionar.
Recomendación estratégica: La Secretaría de la Defensa Nacional podría aprovechar la coyuntura de la Guacamaya para ampliar las relaciones cívicas militares y alimentar la narrativa que explica su relevancia en las labores de Seguridad Nacional, seguridad pública y en la lucha contra la criminalidad organizada. También puede ser aprovechada para redefinir los niveles de transparencia y rendición de cuentas; así como para generar apoyo para que aumente la producción de inteligencia ejecutable y finalmente para generar conciencia sobre la importancia de invertir a nivel institucional en seguridad informática.
Último momento: El gobierno federal mexicano continúa negando la posición geoestratégica del país, los constantes guiños hacia las acciones del gobierno de la Federación Rusa y su presidente, en el poder desde hace 10 años, que amenaza con utilizar armas nucleares y daña la economía mundial por su invasión a Ucrania y por ende el financiamiento de la 4 Transformación demuestra las dificultades que tiene parte de la izquierda latinoamericana para actualizar su marco ideológico conforme a una actualidad muy diferente al de la guerra fría.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en seguridad e inteligencia. Síguelo en @MisaelBarreraS
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACyT en El Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en @fjimsan