En las últimas semanas hemos sido testigos del endurecimiento de la política migratoria en México, esto como respuesta a las constantes amenazas de Donald Trump de aumentar de manera escalonada los aranceles a productos que México exporta a Estados Unidos. Para calmar los ánimos el gobierno mexicano ha, entre otras cosas, desplegado a miles de elementos de las fuerzas armadas en las fronteras sur y norte del país con el propósito de frenar el flujo migratorio que transita por nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aunque muchos ven en esta acción la capitulación absoluta de los principios que, por lo menos en teoría, enarbola la política migratoria mexicana y la de asilo y refugio, todavía hay un punto de contención, un último bastión que las presiones de Trump no han logrado doblegar.
A pesar de que aparentemente el objetivo final de las presiones de Trump es que los solicitantes de asilo provenientes de los países del Triangulo Norte de Centroamérica (sí, esos que llevamos más de un año viendo como son separados de sus hijos, hacinados en centros de detención o simplemente abandonados a su suerte en la frontera compartida) pidan asilo en México y no en Estados Unidos, el gobierno mexicano hasta el momento se ha negado. El concepto del “tercer país seguro” parte del supuesto de que las personas que solicitan asilo en un país- en este caso Estados Unidos- pueden recibir el mismo tipo de protección en otro país –en este caso México- y por lo tanto sería a quien tendrían que pedir el reconocimiento de su condición de refugiados.
En teoría, los terceros países seguros alivian la carga –demográfica, económica y social- que pesa sobre los países que reciben más solicitudes y redistribuyen a los solicitantes de forma más equitativa en distintos países. Por supuesto, de cara a la persecución y amenaza de la que vienen huyendo quienes buscan protección internacional, el concepto de seguridad resulta relativo. Sin embargo, el mínimo indispensable para considerar a un país como seguro en términos de la Convención sobre los Refugiados de 1951, es que se respete el principio de “no devolución” (es decir, que no se regrese a las personas que corren riesgo en sus países de origen), pero también que se garantice el acceso a la residencia, al mercado laboral, a servicios médicos y educativos y el derecho a la reunificación familiar. Y bueno, que su integridad física esté garantizada.
En la práctica, si México es designado como “tercer país seguro” los agentes fronterizos estadounidenses podrían rechazar a aquellas personas que cruzaron México para buscar asilo en Estados Unidos, obligándolos a realizar la petición en nuestro país y dejándolos en la desprotección absoluta en un país que ciertamente no puede ser designado como “seguro” bajo ningún estándar; no lo es para los mexicanos, mucho menos lo es para los extranjeros.
Además, hay que recordar que Estados Unidos tiene una deuda histórica con estos refugiados, pues su éxodo está directamente relacionado con los efectos de la influencia estadounidense en la región: guerras civiles, crisis económicas y violencia pandilleril. Pero sobretodo se tiene que tener en mente que en muchas ocasiones estas personas tienen vínculos familiares y redes de apoyo ya establecidas en Estados Unidos.
A esto hay que sumarle los miles de migrantes –mayoritariamente centroamericanos- que ya se encuentran varados en distintas ciudades mexicanas (y los que se van a acumular a raíz del programa ¡Quédate en México!), y los otros tantos miles de mexicanos retornados o deportados desde Estados Unidos que simplemente no encuentran cabida en México, y que efectivamente se están uniendo a la población indigente de nuestras ciudades sin que haya un plan en marcha para incorporarlos de manera digna a la sociedad y para garantizar su seguridad dada la vulnerabilidad acentuada que tienen frente al crimen organizado.
De acordar ser un “tercer país seguro”, México no sólo estaría precarizando aún más la situación de quienes ya están intentando establecerse en el país y saturando la ya de por sí insuficiente estructura de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Seamos claros, de reconocerse como “tercer país seguro” México estaría utilizando la vida, la seguridad y la unidad familiar de miles de mujeres, hombres y niños centroamericanos como moneda de cambio en una negociación en la que de por sí las personas migrantes llevan las de perder.
Melissa Ley Cervantes. Es consultora independiente, experta en Migraciones Internacionales. Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.